MORELOS (apro).- Familiares de 133 personas privadas de la libertad trasladadas hace un año y medio del Cereso de Atlacholoaya a distintos penales del país realizaron un plantón simbólico frente al Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Exigieron audiencia con el magistrado presidente, Juan Emilio Elizalde, para que se cumpla la orden de un juez que instruye el regreso de sus familiares. 

Denunciaron además afectaciones familiares, sociales, emocionales y económicas derivadas de lo que califican como traslados ilegales. 

Durante la protesta dieron lectura a un pronunciamiento en el que recordaron que los internos fueron trasladados el 8 de marzo de 2024 a centros penitenciarios de Michoacán, Durango, Guanajuato y Sinaloa, lo que ha complicado el contacto con sus familias. Señalaron que los abogados defensores interpusieron recursos de apelación, pero hasta ahora no hay avances claros. “Se nos informó que ya se habían girado oficios a los diferentes Ceresos para gestionar el regreso, pero se nos notificó que el magistrado Javier Mújica Díaz determinó que dicho traslado no se llevará a cabo en tanto no sea resuelta la apelación”, expusieron. 

Las familias detallaron que su exigencia concreta incluye cuatro puntos: atención personal del magistrado presidente Juan Emilio Elizalde a un grupo representativo de familiares; una explicación sobre la decisión del magistrado Javier Mújica; información verídica y actualizada sobre el estado del proceso; y una propuesta que acerque a los internos a sus familias mientras se resuelve la apelación. 

En el pronunciamiento recordaron que la gobernadora Margarita González Saravia se ha pronunciado a favor de que los internos estén cerca de sus familias. Sin embargo, afirmaron que en su caso ocurre lo contrario. “Muchas familias tenemos que viajar de uno a dos días para poder visitar a nuestros internos, lo que nos ha alejado de ellos porque el impacto económico es muy alto; un solo viaje trasciende los cuatro mil pesos”, expresaron. 

También denunciaron las dificultades para mantener los vínculos familiares: “Hoy en día, muchos de los familiares somos los únicos sustentos de la familia: mujeres y adultos mayores, hermanas y esposas que caminamos solas con una cruz invencible, similar a la de una celda, apartados de nuestros PPL”. 

Asimismo, acusaron un patrón de estigmatización y corrupción. “Estamos cansadas de soportar humillaciones y calificativos, donde a estos PPL se les vincula con diferentes grupos delictivos sin pruebas reales. Las observaciones son un copiado y pegado idéntico en cada uno de los 133 casos”, denunciaron. 

Las familias subrayaron que la distancia ha reducido drásticamente la posibilidad de visitas y el acompañamiento en el proceso de reinserción social. “Vamos para un año y medio y hay muchos casos de PPL que han recibido hasta tres visitas únicamente en este periodo, lo cual ha impactado tanto en ellos como en la convivencia y en el acercamiento familiar”, indicaron. 

Finalmente, exigieron al Poder Judicial “transparencia en el proceso y una solución digna” que permita el regreso de los 133 internos a su lugar de origen. 

Cabe recordar que, unos días después de esos traslados, el 11 de marzo de 2024, familiares de personas en situación de reclusión realizaron otra protesta para denunciar presuntas irregularidades en el proceso. En esa ocasión denunciaron que Jorge Israel Ponce de León, entonces coordinador de Reinserción Social, habría exigido sobornos de 20 a 50 mil pesos para no trasladar a penales de otras entidades a sus parientes, y algunos ya habrían sido enviados sin cumplir con la normatividad. La protesta se realizó después de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos desmintiera haber supervisado el traslado de 182 personas privadas de la libertad a distintos centros federales del país. 

Tras varias horas de protesta, el magistrado presidente Elizalde recibió a una comisión de familiares, instaló una mesa de trabajo y escuchó de manera directa sus demandas. Durante la reunión, se comprometió a revisar el asunto personalmente en la sala donde se está llevando a cabo el proceso, con el objetivo de dar seguimiento puntual a las solicitudes de los familiares.