CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Jueces federales en el estado de Puebla admitieron a trámite dos amparos presentados por Beatriz Pérez Fragozo, regidora del municipio de San Ándres Cholula, contra la reforma al Código Penal de la entidad conocida como la “Ley Censura”. 

Las demandas fueron admitidas a trámite por el juez Quinto de Distrito en materia Penal en el estado de Puebla, Cuauhtémoc Escobar González con el número de expediente 640/2025 y la secretaria en funciones de juez Segundo de Distrito en materia penal en la entidad, Nahieli Avendaño Palacios con el número de expediente 666/2025. 

El juez Escobar prevé celebrar la audiencia constitucional en la que definirá si concede o no el amparo, el próximo 22 de julio, mientras que la secretaria en funciones de juez, Avendaño, la programó para el 14 de agosto. 

Ante dicha funcionaria, la regidora Beatriz Pérez solicitó una suspensión provisional para evitar la entrada en vigor de la reforma que tipifica delitos como ciberasedio, usurpación de identidad y espionaje digital. 

Sin embargo, el juzgado Segundo de Distrito rechazó conceder la suspensión provisional solicitada y el próximo 4 de julio celebrará la audiencia incidental para determinar si concede o no la medida en definitiva. 

La reforma al Código Penal de Puebla ha sido cuestionada porque en la entidad se considera como una ley mordaza, debido a que fue aprobada en el marco de la persecución a una cuenta anónima de X, identificada como La Aldea Poblana, que publica mensajes críticos y algunos ofensivos contra el gobernador Alejandro Armenta y sus funcionarios. 

El pasado 29 de junio Proceso informó que la iniciativa de reforma fue presentada en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, diputado con licencia y actual coordinador del gabinete de Armenta, sin embargo, fue aprobada apenas el 11 de junio pasado. 

La modificación implicó penalizar con cárcel hasta por tres años a quien a través de medios digitales “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”. 

Organizaciones nacionales e internacionales la han calificado como una amenaza a la libre expresión por reeditar los delitos contra el honor, que fueron derogados en Puebla desde el año 2011.