CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Desde 1995 agentes del Estado y paramilitares han asesinado a 36 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), reveló su dirigente Norma Mesino Mesino. 

Mesino Mesino pidió la reapertura del caso, castigo a los responsables como el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y la liberación del preso político Antonio Barragán Carrasco. 

En la jornada nacional para conmemorar una década y exigir justicia por la matanza de 17 campesinos por parte de policías estatales en el municipio de Coyuca de Benítez, este miércoles se realizó el foro Impunidad en las violaciones a los derechos humanos: Testimonios de sobrevivientes y análisis del caso Aguas Blancas. 

El programa fue en el Centro de investigación y Postgrado en Estudios Socioterritoriales (Cipes) de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo. 

Se presentaron tres mesas: testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre, análisis del caso a 30 años de impunidad y la situación actual de las violaciones a los derechos humanos en Guerrero.  

El sobreviviente Gilberto Aguirre Bahena contó que aquella mañana del 28 de junio de 1995 cuando se dirigían hacía Atoyac a exigir la presentación con vida de uno de sus dirigentes Gilberto Romero Vázquez (desaparecido el 24 de mayo de 1995 en Atoyac) y demandar insumos agrícolas, su organización sufrió una cobarde masacre.  

Cabe mencionar que el 3 de mayo de 1995 Gilberto Romero leyó un pliego petitorio de las comunidades que conformaban la OCSS en la visita del gobernador Rubén Figueroa Alcocer y el jefe de la Novena Región Militar, el general Tomás Salgado Cordero.  

Y el 18 de mayo participó en la toma del ayuntamiento de Atoyac.  

Gilberto Aguirre prosiguió ayer en su relato:  

“La policía estatal nos tendió una emboscada. Llegué en la segunda camioneta, cuando mis compañeros de la primera, la mayoría estaban tirados, muchos estaban muertos ya. A nosotros nos tiraron al piso, apuntando con las armas, muchos compañeros estaban gritando de dolor, estaban heridos”. 

Recordó que el sábado 15 de julio de 1995, fue asesinado su hermano Eugenio Aguirre Bahena junto a Ismael Mena Álvarez, cuando salían de las oficinas de la OCSS en la comunidad de Tepetixtla. 

En menos de un mes la organización sumaba 19 militantes asesinados.  

A partir de ese momento ya no pudieron participar públicamente debido a que la persecución por parte del gobierno del estado apoyado con el Ejército se recrudeció.  

“Nos decían que éramos de la guerrilla, secuestradores, asaltantes y que por eso nos podían desaparecer, encarcelar o matar, cuando en nuestra organización luchábamos contra eso”, dijo.  

En la segunda mesa, la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Evangelina Sánchez Serrano, recordó que la OCSS surgió en marzo de 1994 como un encuentro de campesinos entre los que destacaron Benigno Guzmán Martínez e Hilario Mesino Acosta.  

La académica expuso que la desaparición forzada fue operada por estirpe caciquil de los Figueroa padre e hijo en los 70 y 90, ambos gobernadores que ejercieron una estrategia contrainsurgente.  

Su objetivo era aniquilar la protesta social.  

La rebeldía y dignidad de las organizaciones campesinas serán estigmatizadas al acusarlos de ser integrantes de la guerrilla, dijo Sánchez Serrano. 

En el foro reapareció el abogado del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra. 

Mencionó que, desde la masacre de 1960 en Chilpancingo, la de los copreros en 1967 en Acapulco, Aguas Blancas en 1995 y El Charco en 1998, la desaparición de 43 normalistas y el asesinato del líder opositor a la presa La Parota, Marco Antonio Suastegui, en Guerrero se han perpetrado ataques enfocados a la movilización social y líderes.  

Cuando se pensaba, dijo, que ya se había superado la represión del cacicazgo de los 60, llegaron las masacres de los 90 y en la última década las agresiones contra normalistas de Ayotzinapa en 2011 y 2014, dijo.  

Son crímenes espantosos y desapariciones selectivas para sofocar movilizaciones sociales.  “Hoy (esa estrategia) sigue vigente como aquellos años”.  

Dijo que el Centro Tlachinollan tiene un registro de 30 dirigentes sociales asesinados sólo en la década de los 90 sin que haya justicia.  

Criticó que desde que la izquierda electoral llegó al poder en 2018 con Andrés Manuel López Obrador no pasó nada con en el tema de justicia social transicional.  

“¿Quién en de Morena en Guerrero se ha parado en un acto de exigencia de justicia por las masacres?, ¿quién ha hecho un pronunciamiento o pidió un minuto de silencio?, la gobernadora (Evelyn Salgado) nada, ella anda en otros temas. La izquierda partidista es indiferente a las demandas de justicia, es frívola, andan creando refugios para perritos felices”, dijo.  

Norma Mesino Mesino, dirigente actual de la OCSS, reveló que van 36 integrantes de la organización que han sido asesinados y que los perpetradores han sido y son protegidos por los gobiernos pasados y el actual.  

Indicó que en la masacre de Aguas Blancas estuvo la mano del ex gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer, protegido por su compadre el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el general Arturo Acosta Chaparro, funcionarios estatales, mandos de seguridad y militares.  

Mesino Mesino exigió a la presidenta de México, la reapertura del caso por ser un crimen de lesa humanidad que no prescribe.    

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, señaló que el movimiento social en el país y en Guerrero lo han coptado y desfondado.  

La movilización, dijo, es ahora necesaria porque hay factores de persistencia. Pidió la organización de la lucha social para que en el horizonte haya justicia.  

“Los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos como el Ejército siguen sin investigarse y esa impunidad sigue reproduciendo los agravios”.  

Se refirió a la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional.  

“Volvemos a los tiempos oscuros, a ese régimen que creíamos que ya habíamos superado. El Ejército vuelve por sus fueros, que más bien nunca los perdió y hoy los robustece”.  

En el foro también participaron la maestra Diana Hernández Hernández, hija del dirigente campesino asesinado en 2017, Ranferi Hernández Acevedo, y el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Enrique González Ruiz. Moderaron las mesas la periodista Beatriz García, el maestro Rafael Tepec y la doctora Claudia Rangel Lozano.