GUADALAJARA, Jalisco, (apro).- El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, fue imputado este día por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable del delito de delincuencia organizada cometida en agravio de la colectividad, en relación con los hechos y denuncias relacionadas con los hallazgos del rancho Izaguirre.

Durante la audiencia celebrada en la sala número 3 del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, con base en la causa 473/2025, la FGR afirmó que los hechos investigados y denunciados incluyen reclutamiento de personas, trata y explotación de personas, trabajo y adiestramiento forzado, así como desaparición forzada de personas con apoyo y aquiescencia de las autoridades.

Los representantes de la Fiscalía manifestaron que el reclutamiento de personas fue operado por José Gregorio Hermida, alias "El Lastra", "El Sapo" y "El 090", quienes forman parte del CJNG y “efectuaban la función de enganchar gente con falsas promesas de trabajo” en las centrales camioneras de Tlaquepaque y Zapopan, siendo luego trasladados a los ranchos Izaguirre y La Vega.

Agregaron que posteriormente eran enviados “a la guerra en Zacatecas”, y aquellos que se oponían "eran matados".

La fiscalía sostuvo que el alcalde presuntamente colaboró de forma “dolosa, consciente y voluntaria, con pleno conocimiento y en actos efectuados a título personal”, en los hechos investigados, y que dejó “operar libremente” al grupo criminal en el municipio, además de permitir que “vehículos con reporte de robo circularan libremente” y que además proporcionaba “vigilancia” a las afueras del rancho Izaguirre para evitar que los reclutados por la fuerza escaparan.

La parte acusatoria señaló que José Ascención se presentó en el rancho Izaguirre y fue visto platicando con “El Lastra” en abril y junio de 2024, cinco meses antes de que se descubriera la operación ilegal en el rancho Izaguirre.

Al detallar la acusación, aseguraron que el edil ordenó a otro involucrado arrojar una bolsa con órganos en una fosa, en presencia de otras personas a quienes se refirió como “estos perros que no vivirán para contarlo”, aunque la fiscalía indicó que algunos de ellos “sobrevivieron y lograron fugarse”.

Además, la fiscalía afirmó que hay señalamientos que sostienen que el imputado recibía 70 mil pesos mensuales de “El Sapo” y de “El 090".

En su exposición, la Fiscalía refirió que en el rancho Izaguirre “se han encontrado restos de huesos con exposición térmica” y se “localizaron armas y chalecos tácticos con la leyenda CJNG”.

Ni el defensor del alcalde ni éste hicieron comentarios a las acusaciones ni declararon durante la parte pública de la audiencia, que concluyó a las 13:40 horas. No obstante, el inculpado afirmó haber “entendido las acusaciones”.

A la audiencia asistieron siete funcionarios de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) de la Fiscalía General de la República (FGR), encargados de presentar la acusación contenida en cuatro cajas de expedientes de investigación contra el presidente municipal.

Durante la audiencia, el alcalde vestía la misma ropa con la que fue detenido: una camisa color guinda, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros. Estaba custodiado por cinco elementos de la Guardia Nacional (GN).

Pide FGR audiencia sin medios de comunicación

La audiencia inicial comenzó este domingo a las 9:45, se declararon dos recesos y continuó durante varias horas. Una de las pausas se efectuó para que el alcalde detenido pudiera comunicarse con sus abogados particulares, y la otra por una solicitud del Ministerio Público Federal, que pidió que los representantes de los medios de comunicación salieran de la sala.

Los fiscales federales argumentaron que la audiencia debía desarrollarse en privado para “salvaguardar la información”, “preservar las líneas de investigación” y debido a que la carpeta del caso "no estaba concluida", pues se “podría filtrar información” y afectar la integridad de testigos y víctimas. La defensa del inculpado estuvo de acuerdo con esta petición.

Al analizarla, la jueza señaló los casos de excepción en el apartado del principio de máxima publicidad que argumentó la fiscalía, pero también el "derecho de la sociedad a conocer los hechos de relevancia en temas de violaciones graves de derechos humanos y de desaparición de personas, porque la sociedad tiene derecho a conocer qué se está investigando".

La juzgadora determinó que los medios sólo estuvieran presentes en la primera etapa de la audiencia, es decir, durante la imputación, y ya no en la fase de vinculación a proceso, cuando tuvieron que salir de la sala.

La audiencia continuaba para desahogar la posible vinculación a proceso, aunque también se señaló la posibilidad de que la defensa del presidente municipal solicitara la ampliación del plazo constitucional para allegarse de pruebas a su favor, antes de que se resuelva su situación legal.