PACHUCA, Hgo. (apro).- Víctimas de una carrera clandestina de arrancones de tráileres en Epazoyucan, Hidalgo, denunciaron presiones por parte del ministerio público y abogados para firmar un acuerdo reparatorio que otorga el perdón legal a su agresor, a cambio de una compensación económica que desconocen. 

El 6 de mayo de 2024, tres personas murieron y doce más resultaron heridas tras ser arrolladas por un tractocamión, cuyo conductor perdió el control y por ello embistió a un grupo de espectadores que se encontraban en el evento. Después de abandonar el tráiler Freightliner, se dio a la fuga.  

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) comenzó con la integración de la carpeta, vinculando a proceso al conductor del tractocamión Uziel J. I. por homicidio, lesiones y abandono de lesionados. 

Durante los primeros dos meses, los abogados defensores de Uziel contrataron a otro abogado para que fuese el asesor jurídico de las víctimas. Les dijeron que con ello les mostraban la intención de que Uziel cumpliera con una reparación de los daños, y que era un apoyo por el costo de seguimiento del proceso. 

No obstante, acusaron que, mediante engaños, este abogado les hizo firmar el perdón legal a favor de Uziel, en la casa de uno de sus familiares, sin recibir la atención médica y psicológica que les habían prometido y sin que conozcan con precisión cuál es el concepto por reparación acordado entre los abogados –todos contratados por el conductor de tráiler–, el ministerio público y el juez del caso. 

Las víctimas mortales del accidente fueron Mercedes Miranda Valencia, de 41 años; Jairo Joaquín Barraza Ávila, de 22, y un infante de once de iniciales G.M.E. Entre los lesionados están Francisco Javier Oliva Juárez, Graciela Rodríguez Acebedo, Omar Valenzuela Bernal y seis jóvenes más.  

Mercedes, Francisco y sus hijos tuvieron fracturas en ambas piernas. Bajo presión, Francisco firmó un acuerdo por debajo del monto establecido por la Ley de Víctimas, reveló una fuente directa del caso, cuya identidad se reserva por seguridad. 

A Graciela Rodríguez y su hija, Uziel y sus abogados les prometieron el pago de revisiones médicas, de las que sólo cubrieron una parte, también les ofrecieron dinero por los daños causados, pero sólo si retiraban los cargos.  

Posteriormente, el imputado y su defensa argumentaron que Graciela se estaba “aprovechando de las circunstancias” para buscar un beneficio económico, a pesar de que como consecuencia de ser arrollada tuvo una lesión en una de sus piernas. 

K.O.P., quien tuvo fractura en un pie, también recibió la promesa de Uziel y sus abogados de cobertura médica y psicóloga. De igual forma, les ofrecieron dinero como compensación, condicionado al retiro de los cargos. Lo mismo ocurrió con Omar Valenzuela, a quien, como a los demás, presionan para que acepte ante el juez un acuerdo reparatorio. 

En la carrera clandestina también resultó lesionado F.I.J. Sus padres son familiares directos de Uziel y por esa razón desde el principio solicitaron que no se iniciara proceso en contra del chofer del vehículo. Fue en la casa de estos familiares donde se efectuaron las reuniones con el abogado que Uziel contrato, supuestamente para la defensa de los derechos de quienes fueron arrollados. 

Las víctimas siguen sin conocer a cuánto asciende el monto de los daños por reparar, pero les han informado que deben manifestar su conformidad, porque es parte del acuerdo. Al hacerlo, les notificaron que también se regresará el tráiler Freightliner involucrado en los hechos. En la última audiencia en justicia alternativa, este 23 de abril, el caso se mantuvo sin definir acuerdo.  

Las víctimas han manifestado su inconformidad ante el juez de control, a quien hicieron saber que su aparente asesor jurídico había sido pagado por el imputado, y que les prometieron darles una atención que hasta el momento no les han cumplido, ya que continúan con secuelas por las lesiones.