MORELOS (apro).- En Morelos, concesionarios del transporte con itinerario fijo proponen un aumento de cinco pesos a la tarifa del pasaje para 2026; no obstante, las autoridades estatales han reiterado que sin la renovación del parque vehicular no existen condiciones para autorizar el ajuste. Ante esta negativa, los transportistas no descartan iniciar el año con bloqueos y protestas. 

El planteamiento fue formulado por concesionarios del servicio público de transporte de itinerario fijo, quienes solicitaron un incremento de cinco pesos a la tarifa, lo que elevaría el costo mínimo del pasaje a 15 pesos. El sector argumenta que desde hace cerca de cinco años no se autoriza un ajuste, pese al aumento sostenido de los costos de operación y a una situación financiera que, aseguran, se ha vuelto insostenible. 

Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación del Transporte, explicó que la demanda no obedece a un ajuste discrecional, sino a la falta de actualización tarifaria conforme a la inflación, a diferencia de otros rubros económicos. 

En ese sentido, señaló que mientras los gobiernos realizan ajustes periódicos en precios, salarios y productos básicos, el transporte público ha quedado rezagado. 

“Siempre se le ha pedido al gobierno que ajuste en base a la inflación. Hay una inflación anual cuando los gobiernos ajustan precios, la canasta básica y los salarios, y nosotros no”, afirmó. 

El dirigente expuso que la ausencia de incrementos graduales ha provocado que el impacto económico se acumule durante varios años, obligando al gremio a solicitar un ajuste cuando la situación ya es crítica. A este escenario se suma, dijo, el aumento constante de los insumos indispensables para la operación del servicio. 

Al referirse al principal gasto operativo, Rivera Jaimes destacó el comportamiento del precio del combustible, al que calificó como impredecible y de consumo inmediato. 

“El combustible no sube al año, sube en el momento que se le antoja. Es lo que más consumimos diariamente. Si no hay combustible, la unidad no puede trabajar”, sostuvo. 

Explicó que, a diferencia de otros gastos como llantas, afinaciones o autopartes —que tienen una vida útil más prolongada—, el combustible representa un costo diario que impacta directamente en la viabilidad del servicio. 

Rivera Jaimes recordó que el tema del ajuste tarifario quedó pendiente desde la administración estatal anterior, la cual ofreció como única alternativa la realización de un estudio técnico a través de una universidad, sin que hasta ahora se haya concretado un nuevo análisis. 

“Desde 2021 no se ha hecho otro estudio”, reconoció, aunque consideró que no es indispensable que dicho trabajo recaiga únicamente en una institución académica, ya que existen despachos y especialistas con capacidad técnica para realizarlo. 

El líder transportista confirmó que recientemente sostuvieron una reunión con la gobernadora Margarita González Saravia en Casa Morelos, luego de que la mandataria expresara públicamente su rechazo a un incremento en la tarifa. A pesar de ello, aseguró que el diálogo permanece abierto. 

“Nos reunimos con la gobernadora y quedamos en que no se cierre la mesa de diálogo”, explicó. 

Añadió que, ante la negativa a autorizar un ajuste inmediato, el sector espera que el gobierno explore esquemas alternativos de apoyo. 

“Si no quiere ver tarifa, que nos apoye en algo. Hay que valorar las opciones”, expresó. 

Sobre la propuesta concreta, Rivera Jaimes detalló que el planteamiento consiste en incrementar cinco pesos la tarifa base, con lo que el pasaje mínimo sería de 15 pesos en los tramos más cortos, mientras que los recorridos de mayor distancia se ajustarían de manera proporcional. No obstante, subrayó que existe disposición para negociar. 

“Nosotros decimos que eso sería lo justo, pero ella tiene la última palabra para decirnos si esa cantidad no puede ser y proponer otra”, sostuvo. 

En relación con las críticas al estado físico de algunas unidades y a las disposiciones de la reciente reforma a la Ley de Transporte —que contempla sanciones e incluso la cancelación de concesiones—, el dirigente reconoció la facultad de la autoridad para supervisar, pero advirtió que sin un ajuste o apoyos resulta complicado mejorar el servicio. 

“Si no me das tarifa y traigo mi unidad en malas condiciones, ¿cómo la arreglo?”, cuestionó. 

También señaló que la operación de vehículos sin concesión y la falta de acciones contundentes contra esta práctica afectan directamente los ingresos del transporte concesionado, al tratarse de una competencia irregular. A ello se suma, dijo, el impacto que dejó la pandemia, periodo en el que el sector permaneció más de un año sin ingresos ni apoyos económicos gubernamentales. 

“Al sector transporte le dijeron que aguantara más de un año sin percibir un solo centavo. El gobierno no nos apoyó con ni un solo peso”, afirmó. 

Aunque el gremio tenía previsto realizar un bloqueo el pasado 26 de diciembre, optó por dar una tregua decembrina y suspender cualquier movilización, en tanto se mantiene la expectativa de una audiencia directa con la gobernadora para exponer nuevamente la situación del sector. 

“Que no nos tengan en esta incertidumbre. Tarde o temprano la tarifa se tiene que ajustar”, concluyó. 

Desde la postura gubernamental, el coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barreda Toledo, advirtió que se aplicarán las sanciones previstas en la ley, incluido el retiro de concesiones, a quienes recurran a paros, bloqueos o suspensión del servicio como mecanismo de presión. 

El funcionario sostuvo que condicionar la prestación del servicio a un ajuste tarifario constituye un uso indebido de las concesiones y afecta directamente el derecho a la movilidad de la población. 

“Condicionar o hablar de que una concesión va a estar inactiva cuando el objetivo que se ha planteado tiene que ver con un ajuste a la tarifa es el uso faccioso y tramposo de una concesión”, afirmó. 

Recordó que, aunque históricamente los paros han sido utilizados como herramienta de presión, actualmente existen disposiciones legales para actuar en estos casos. 

“Cuando se utiliza una concesión para colapsar una ciudad, el retiro de la misma es una posibilidad”, puntualizó. 

Barreda Toledo aclaró que la postura del gobierno no es de confrontación, sino de responsabilidad institucional, y que no permitirá que la autoridad sea rehén de este tipo de prácticas. Indicó que se han sostenido diversas reuniones con concesionarios y representantes gremiales, algunas encabezadas directamente por la gobernadora. 

Como resultado de estos encuentros, se acordó instalar una mesa técnica para analizar propuestas como la definición de una tarifa técnica, la implementación de subsidios —particularmente para personas adultas mayores— y medidas vinculadas a la transición al nuevo modelo de transporte público. 

“El acuerdo es mantener el diálogo y revisar las propuestas en el marco de una mesa técnica”, señaló. 

El coordinador explicó que, de manera paralela, el gobierno puso en marcha un programa de regularización para iniciar 2026 con un padrón completamente actualizado de 28 mil 667 concesiones de transporte público y de carga. Asimismo, reconoció la resistencia de algunos concesionarios ante las revisiones del programa Sumemos y los costos de modernización, aunque aseguró que existen esquemas de financiamiento para la adquisición de nuevas unidades. 

“No los estamos mandando a la guerra sin fusil”, expresó. 

Finalmente, reiteró que el gobierno no cederá ante presiones que afecten a la ciudadanía y que, de presentarse paros o bloqueos, se revisará el uso que se esté dando a las concesiones. 

“El servicio público no puede utilizarse como mecanismo de presión. Al gobierno le corresponde hacer lo que la ley mandata”, concluyó. 

A la discusión sobre el ajuste tarifario se han sumado también voces que rechazan cualquier incremento al pasaje. Organizaciones de la sociedad civil y la comunidad estudiantil manifestaron su oposición a un eventual aumento en la tarifa mínima del transporte público en Morelos, al advertir que la medida tendría un impacto directo en los hogares de menores ingresos y en el acceso a derechos como la movilidad y la educación. 

Integrantes del Frente contra el Alza a la Tarifa Mínima del Transporte entregaron una solicitud formal para que el tema sea sometido a una consulta ciudadana, con el acompañamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), como parte de su exigencia de participación social en la definición de la política tarifaria. 

Como alternativa al esquema actual, las organizaciones propusieron que el gobierno estatal asuma de manera experimental la operación de dos rutas estratégicas —una de norte a sur y otra de oriente a poniente— con el objetivo de evaluar un modelo de control de gastos, fortalecer la interconexión entre municipios y analizar la viabilidad de un sistema con mayor rectoría pública. 

Alberto Castañuelas, vocero del Frente, señaló que el modelo de concesiones ha sido utilizado históricamente como un mecanismo de presión para exigir incrementos al pasaje, pese al incumplimiento de compromisos relacionados con la modernización del parque vehicular. Advirtió que un ajuste tarifario afectaría directamente a las familias con menores ingresos y no garantizaría mejoras en las condiciones laborales de las y los operadores. 

Las organizaciones civiles también cuestionaron el uso de paros o bloqueos como herramienta de presión y solicitaron a las autoridades estatales aplicar sanciones administrativas, incluido el retiro de concesiones, en caso de interrupciones al servicio de transporte público. 

Por separado, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), encabezada por Adriana Guadarrama Salgado, expresó su rechazo a la posible alza tarifaria al considerar que encarecería el acceso a la educación y pondría en riesgo la permanencia escolar de miles de estudiantes. 

La organización estudiantil subrayó que más del 50 por ciento de las personas usuarias del transporte público en la entidad pertenecen al sector estudiantil, por lo que cualquier modificación en la tarifa tendría consecuencias directas en su vida académica, especialmente entre quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

La FEUM advirtió que un incremento de hasta 50 por ciento no corresponde con la realidad económica de las familias y sostuvo que el debate debe considerar el impacto social y educativo, más allá de criterios técnicos o financieros. Añadió que las condiciones actuales del servicio no justifican un aumento, ante las deficiencias persistentes en seguridad, mantenimiento y calidad de las unidades. 

Finalmente, la federación estudiantil señaló que no descarta movilizaciones como parte de sus acciones de rechazo y reiteró su llamado a que cualquier discusión sobre tarifas se realice con transparencia, información pública verificable y con la inclusión de la voz estudiantil, al recordar que el transporte público es un servicio de interés social indispensable para garantizar el derecho a la educación.