TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas (apro).- En un llamado urgente a construir la paz con justicia y dignidad, la Parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, denunció la grave crisis de violencia que enfrenta Chiapas y alertó sobre el silencio institucional ante los desplazamientos forzados, asesinatos, amenazas y el control territorial de grupos criminales.

A través del pronunciamiento “Para que la justicia y la paz se abracen”, que retoma el espíritu de la histórica carta pastoral de monseñor Samuel Ruiz García de 1996, el pueblo creyente expresó su preocupación por la normalización de la violencia y el contraste entre el discurso oficial de pacificación y la realidad que viven las comunidades, particularmente en la región fronteriza.

El documento, dirigido a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a la provincia eclesial de Chiapas, a iglesias cristianas y a la sociedad civil, sostiene que el estado “está regado con la sangre de gente inocente”, víctima de masacres, desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados y asesinatos derivados de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

Las y los firmantes recordaron que 2024 y 2025 han estado marcados por el duelo, al destacar la masacre ocurrida en la comunidad de Nueva Morelia el 12 de mayo de 2024, así como los homicidios de mujeres y hombres atrapados en medio de enfrentamientos armados. Denunciaron, además, la pérdida de libertades básicas como el derecho a transitar libremente, a denunciar la violencia y a permanecer en sus comunidades sin temor.

“El discurso de que la paz llegó a Chiapas no se sostiene en los hechos. La paz no se construye por decreto, sino cuando hay justicia, verdad y reconocimiento de la dignidad de los pueblos”, subraya el pronunciamiento.

Entre las principales preocupaciones se encuentran el recrudecimiento de la violencia en la región fronteriza; la posibilidad de que se reactive la explotación minera en Chicomuselo sin información clara por parte de las autoridades; y el hostigamiento y las amenazas contra la labor pastoral y la seguridad de agentes comunitarios, en un contexto donde ya se han cometido crímenes contra población civil.

Desde su identidad como “iglesia peregrina” y pueblo creyente, las comunidades afirmaron que, pese al dolor y las pérdidas, mantienen la esperanza desde la fe y la organización colectiva. “La muerte se vence con dignidad, esperanza, lucha y resistencia”, expresaron.

El pronunciamiento retoma también palabras del papa León XIV en su exhortación Dilexi Te, donde llama a denunciar las estructuras de injusticia y a asumir una responsabilidad colectiva en la transformación social, al señalar que el Evangelio no se limita a lo individual, sino a la construcción del Reino de Dios basado en justicia, paz y dignidad.

Finalmente, el pueblo creyente llamó a no perder la memoria histórica y a fortalecer la unidad comunitaria para construir caminos de paz, justicia y vida digna para todas y todos. “Felices los que trabajan por la paz”, concluye el mensaje, citando el Evangelio de Mateo.

Detienen a presuntos responsables de homicidio

En este contexto de violencia, la Fiscalía General del Estado informó que el pasado viernes fueron detenidos Gerardo N y Diego N como presuntos responsables del homicidio del profesor, activista y militante de Morena José Artemio López Aguilar, asesinado a balazos dentro de su vivienda en el municipio de Chicomuselo, en la Sierra de Chiapas, la madrugada del 3 de octubre de 2023.

El “profe Artemio”, como era conocido, acompañaba la lucha de sectores sociales golpeados por la violencia generada por el crimen organizado que se disputa el territorio en la Sierra y la Frontera de Chiapas, límites con Guatemala. De acuerdo con las investigaciones, el docente fue torturado en el interior de su casa antes de ser asesinado. Impartía clases en la telesecundaria del ejido Josefa Ortiz de Chicomuselo.

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca precisó que ambos detenidos participaron de manera directa en el homicidio y fueron recluidos en un centro penitenciario a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Señaló que durante 2023 y 2024 la región Sierra fue una de las más golpeadas por la violencia, debido a la presencia de grupos criminales que mantenían sometidas a comunidades y ejidos completos, obligándolos a participar en bloqueos carreteros y otras actividades ilícitas, en un contexto de ausencia de autoridad gubernamental.