GUANAJUATO, Gto. (apro).- El Congreso de Guanajuato aprobó la contratación de una deuda por 8 mil millones de pesos solicitada por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, a través de dos créditos de 4 mil millones de pesos cada uno.  

Uno de los empréstitos se destinará a financiar la primera etapa del acueducto Solís-León, obra incluida en el Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que ha generado un amplio rechazo social, principalmente entre productores agrícolas de municipios del sur del estado, como Acámbaro. 

Más de un centenar de personas acudieron al Palacio Legislativo para manifestarse en contra del proyecto, cuyo objetivo es abastecer de agua a los municipios del corredor industrial de Guanajuato mediante la extracción del recurso de la presa Solís, infraestructura concebida originalmente para uso agrícola. 

Pese a la oposición social y a las advertencias de los productores agrícolas, quienes han señalado que impedirán la obra incluso si ello implica confrontaciones con elementos del Ejército, al tratarse de un proyecto a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las bancadas del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano lograron reunir los 24 votos necesarios para avalar el endeudamiento. En contra votaron los 11 legisladores de Morena y la representante del Partido del Trabajo. 

Durante la sesión, habitantes de municipios del sur del estado lanzaron consignas como “¡Traidores!”, “¡Rateros!” y “¡Vendidos!” contra los diputados que respaldaron la aprobación del crédito. 

Aunque la bancada de Morena votó en contra de ambos préstamos solicitados por la gobernadora panista, el coordinador del grupo parlamentario aclaró que su rechazo se centra en el endeudamiento y no en el proyecto hídrico impulsado por el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

El gobierno del estado solicitó 4 mil millones de pesos específicamente para el acueducto Solís-León, como aportación estatal para la primera etapa del proyecto. La obra tiene un costo estimado de 15 mil millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento será cubierto por el estado y el resto por el gobierno federal. 

Desde hace varias semanas ha crecido el rechazo al acueducto entre habitantes de municipios del sur de Guanajuato, como Acámbaro, Jerécuaro, Salvatierra y Tarandacuao, quienes se oponen a que el agua de la presa Solís sea trasladada a municipios industrializados como León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao. A cambio, autoridades han ofrecido invertir más de 6 mil millones de pesos en la tecnificación del campo para que sea un sistema de riego por goteo, pero no convence a los productores.  

Durante la discusión legislativa, los manifestantes exigieron no autorizar la deuda para financiar una obra que, aseguran, pone en riesgo la actividad agrícola y tendría impactos negativos en el medio ambiente. 

“Con el corazón estamos luchando para que no se haga el acueducto, para que no nos hagan un mal a nuestra sociedad, a nuestros hijos y a nuestros animales, porque estas personas que están aquí, en la sombrita, ganando un sueldazo, solo levantan la mano cuando a nosotros nos van a matar de hambre en el sur del estado si nos quitan el agua”, expresó una de las manifestantes, en referencia a los legisladores. 

Tras la aprobación del endeudamiento, José Amadeo Hernández, líder campesino de Acámbaro, acusó la falta de independencia del Poder Legislativo estatal al acatar las instrucciones del Ejecutivo. 

“Hoy queda constatada la debilidad de este Poder Legislativo, una debilidad y una incapacidad que solo recibe instrucciones del Poder Ejecutivo. Es una tristeza y una lástima, porque ni siquiera fueron electos por la gobernadora; fueron electos por los ciudadanos”, afirmó. 

El dirigente del movimiento contra el acueducto advirtió que, aunque no es un escenario deseable, existe la posibilidad de enfrentamientos entre ciudadanos y el Ejército cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retome la obra, actualmente detenida por un acuerdo entre autoridades y productores agrícolas. 

“El pueblo está decidido a defender el agua y, si es con la vida, lo van a hacer”, sostuvo. 

Los otros 4 mil millones de pesos del endeudamiento aprobado serán destinados a obras de infraestructura social, aunque hasta el momento no se ha informado cuáles serán ni en qué municipios se realizarán. 

Con la contratación de esta deuda, el pasivo público del estado de Guanajuato superará los 19 mil millones de pesos, considerando los 13 mil 250 millones heredados de la administración del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. 

Aumentan costo de refrendo vehicular, licencias de conducir, actas de nacimiento...

La alianza conformada por el PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, que permitió la aprobación de la deuda estatal, también fue clave para avalar incrementos a diversas contribuciones por encima del 4 por ciento propuesto como referencia inflacionaria. Entre los ajustes autorizados destacan aumentos de hasta 236 por ciento en derechos vehiculares y del 25 por ciento en el costo de impresión de actas de nacimiento, como parte del paquete planteado por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo. 

El único cambio que realizó el bloque encabezado por el PAN fue en el refrendo vehicular. En la iniciativa original enviada por la gobernadora se planteaba un aumento del 75.6 por ciento, al pasar de 672 a mil 180 pesos; sin embargo, la mayoría del Congreso local decidió reducir el incremento a 40 por ciento. De esta manera, en 2026 el pago por refrendo vehicular será de 940 pesos. 

La propuesta para fijar el refrendo en 940 pesos para 2026, un incremento de 268 pesos, fue presentada por la diputada priista Rocío Cervantes Barba y respaldada por el PAN y el resto de las fuerzas políticas que votaron a favor tanto del endeudamiento por 8 mil millones de pesos como del aumento a las contribuciones estatales. 

“Sabemos que el refrendo es necesario para el funcionamiento del Estado; no desconocemos su importancia para el mantenimiento de servicios públicos, infraestructura vial y programas de asistencia social. Sin embargo, también debemos reconocer que el contexto económico actual exige mesura y responsabilidad en la actualización de las cargas para la ciudadanía”, expuso la legisladora. 

Las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo votaron en contra de la Ley de Ingresos para 2026, luego de que el resto de las fuerzas políticas rechazara sus propuestas para limitar los incrementos al 4 por ciento, conforme al índice inflacionario. 

Entre los otros aumentos aprobados destaca el costo de la licencia de conducir hasta por cinco años, que en 2026 será de mil 420 pesos, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto a 2025. Asimismo, la baja del padrón vehicular pasará de 111 a 373 pesos, un aumento del 236 por ciento.