CUERNAVACA, Mor. (apro).- La segunda determinación judicial que declara prescritos los delitos relacionados con el caso de Oliver Wenceslao —secuestrado, asesinado e inhumado de manera irregular junto con 118 cuerpos en las fosas de Tetelcingo— evidencia, según sus familiares, la persistencia de impunidad derivada de las omisiones de la Fiscalía de Morelos. 

El 8 de diciembre de 2025, un juez resolvió no vincular a proceso a Yolanda Fabiola Barajas Martínez, excoordinadora de Servicios Periciales, acusada de la inhumación indebida de los cuerpos. La resolución se sustentó en la prescripción de los delitos debido a la ausencia de actuaciones oportunas por parte de la autoridad responsable de investigarla. 

La defensa de Barajas Martínez sostuvo que, tras más de una década sin acciones específicas en su contra, los delitos habían prescrito. La Fiscalía no presentó argumentos que refutaran esa postura; únicamente pidió al juez “actuar en favor de las víctimas”, pero sin aportar fundamentos jurídicos suficientes. 

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en el centro de Cuernavaca, Amalia Alejandra Hernández Hernández —tía de Oliver— acompañada de un abogado y de su hermana, María Concepción, madre del joven, señaló que desde el inicio del caso hubo omisiones graves por parte de las autoridades. 

“Lo que advertimos desde hace años ocurrió nuevamente: la prescripción de los delitos está sucediendo y eso, a pesar de que lo señalamos a la Fiscalía mediante oficios y denuncias públicas”, expresó. 

El caso comenzó el 24 de mayo de 2013, cuando Oliver fue privado de su libertad y desaparecido. El 3 de junio fue localizado sin vida y, mediante pruebas genéticas, se confirmó su identidad. Hernández Hernández recordó que la Fiscalía obstaculizó el acceso a la información y dificultó la exigencia de justicia: 

“La falta de conocimiento del derecho penal nos hizo aceptar lo que parecía más seguro para obtener justicia, pero el resultado fue desastroso. Quien debía cuidar de Oliver terminó inhumándolo en medio de un silencio brutal. Cuando tuvimos certeza de que ya no había cuerpos en el SEMEFO, exigimos su exhumación”. 

El 9 de diciembre de 2014 se realizó la exhumación, pero el proceso judicial continuó marcado por constantes cambios de ministerios públicos y fiscales generales, sin avances reales, según denunciaron los familiares. Hernández Hernández enumeró irregularidades acumuladas durante más de diez años de seguimiento del caso. Recordó que en noviembre de 2014 se les informó que la carpeta de investigación había “desaparecido”, aunque los familiares conservaban una copia certificada, lo que permitió continuar con las acciones legales. En diciembre de ese mismo año se constató que los cuerpos en los SEMEFOS habían sido inhumados sin notificación ni autorización. 

Aseguró que ministerios públicos y fiscales generales incurrieron en omisiones sistemáticas que generaron un rezago irreversible y permitieron que los delitos prescribieran. Son 42 los servidores públicos que deben ser investigados por la inhumación indebida; dos de ellos fallecieron sin que se conociera su grado de participación. 

La primera prescripción ocurrió en octubre de 2024 y la Fiscalía decidió apelarla un año después, en octubre de 2025. La segunda prescripción se concretó el 8 de diciembre de 2025. Ambos casos se refieren al delito contra el respeto a los muertos y a la violación de las leyes de inhumación y exhumación. 

Hernández Hernández cuestionó directamente a las autoridades: 

“¿Se le ha preguntado al Fiscal General qué espera la Fiscalía? ¿Espera que prescriban los demás delitos? ¿Espera el fallecimiento de todos los implicados? Habrá que ver los hechos, porque las palabras y los compromisos sin verdad ya los conocemos. El más reciente fue el del exfiscal general y hoy secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, cuando aseguró que este asunto se resolvería”. 

Hizo un llamado al Fiscal General, Fernando Blumenkrön, para que actúe conforme a sus responsabilidades: 

“Con el alma destrozada por tantos atropellos, esperamos que el actual Fiscal General revise y actúe con base en sus atribuciones para evitar nuevas prescripciones y más violaciones a los derechos de las víctimas. También esperamos que ordene investigar a los ministerios públicos cuya omisión permitió esta impunidad, porque su inacción causó un daño irreparable para Oliver y para los 118 seres humanos inhumados con él”. 

El pronunciamiento también subrayó que el caso Tetelcingo exhibió prácticas deficientes en fiscalías de otros estados: 

“Tetelcingo permitió mostrar cómo operan otras fiscalías del país. Exigimos que se replicara lo hecho en Morelos, pero las autoridades no cumplen los protocolos. Con esta segunda prescripción, Morelos vuelve a ser un referente internacional de cómo la Fiscalía no hace lo que le corresponde”. 

Finalmente, Hernández Hernández insistió en la urgencia de que se investigue la omisión de los funcionarios responsables: 

“Tetelcingo mostró que las autoridades no cumplen con sus obligaciones. Es necesario investigar a quienes permitieron la impunidad. Esto debe servir para que no se repita y para que haya justicia para todas las víctimas”. 

Los familiares y su equipo legal evalúan llevar el caso ante instancias internacionales. Deberá abrirse una nueva carpeta de investigación para deslindar la responsabilidad de quienes omitieron investigar a los funcionarios que cometieron las primeras irregularidades en las fosas de Tetelcingo, con el fin de garantizar justicia efectiva. 

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que en Tetelcingo hubo graves violaciones a derechos humanos, incluida la inhumación irregular de 119 cuerpos sin protocolos, lo que vulneró los derechos a la verdad y al acceso a la justicia. Señaló posibles delitos como desaparición forzada, inhumación clandestina y violaciones a la normativa de manejo de cadáveres, así como omisiones y falta de transparencia de autoridades estatales, hechos que requieren investigación nacional e internacional. 

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha emitido pronunciamiento.