GUADALAJARA JAL., (apro).- El abogado, representante ejidal, activista social y entrenador de futbol de niños, Essaú Román Pérez, fue asesinado en Puerto Melaque, Jalisco.  

El representante legal que llevaba varios años denunciando la invasión de una propiedad ejidal conocida como Hotel Melaque, caso por el que también denunció en diversas ocasiones amenazas y hostigamiento contra los ejidatarios, recibió varios impactos de arma de fuego afuera de su domicilio la mañana del lunes 3 de noviembre. 

 El abogado era el representante legal del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola (NCPA) General Emiliano Zapata, de Cihuatlán, Jalisco, y defendía los intereses de la comunidad frente a intereses particulares que, según denunciaba, buscan despojar a los ejidatarios de sus tierras.  

El caso que más preocupaba a Essaú Román y a sus compañeros, era la invasión y despojo de la propiedad donde estaba el Hotel Melaque, situado en terrenos ejidales, y cuyo posesionario, un particular de nombre Efrén Pérez Pérez, sin contar con una concesión de ejido, además también invadió una zona federal. 

 Desde hace varios años, la comunidad del ejido Emiliano Zapata solicitó a las autoridades municipales, estatales y federales que actuaran contra esta ilegalidad, que además causaba daños en la flora, la fauna y sobreexplotación del agua. 

 Este jueves, el fiscal estatal, Salvador González de Los Santos, confirmó que la principal línea de investigación del móvil en el crimen del abogado es su activismo. 

“Estamos precisamente abocados en ello. Desde luego, pues tiene que ver, una de las líneas, no es la única, pues el activismo que tenía en representación del ejido en Emiliano Zapata que tenía ahí en Cihuatlán”, anotó. 

 El funcionario estatal indicó que están checando si la víctima había recibido amenazas. 

Ahora, José Antonio Román, el padre de Essaú, solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso, enfatizando que su hijo era un defensor de las tierras ejidales y el medio ambiente, y demandó que la muerte de su hijo no puede quedar impune. 

"Mi hijo fue un defensor de las tierras ejidales y del medio ambiente. Creemos que esto, estamos seguros, que esto es un acto injusto, que no tenía problemas con nadie y que esto no puede quedar así. Que lo investigue la Fiscalía General de la República, por favor", manifestó José Antonio Román padre del abogado. 

Abogado asesinado denunció irregularidades al ayuntamiento de Cihuatlán y fue ignorado 

Ejidatarios del Nuevo Centro de Población Agrícola (NCPA) General Emiliano Zapata se presentaron ante los integrantes del ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco, el pasado 30 de octubre de 2024, en la que denunciaron al actual presidente municipal del partido Hagamos Apolonio de Jesús Pelayo Flores, conocido como "Polo Pelayo" y otros ediles, una serie de irregularidades relacionadas con el predio conocido como Hotel Melaque y la expedición de permisos de construcción municipales violando un amparo y sin la debida consulta al ejido. 

Según lo expuesto por los ejidatarios en la presidencia municipal, la planilla del actual ayuntamiento se presentó, el 18 de abril de 2024, en una sesión del ejido Emiliano Zapata, donde se denunció el tema del Hotel Melaque. En esa ocasión, se manifestaron las "constantes violaciones por parte de las pasadas autoridades" municipales. 

En esa reunión de octubre de 2024, los ejidatarios informaron de la existencia de un amparo otorgado a su favor que incluye una suspensión, la cual fue notificada al ayuntamiento de Cihuatlán. Dicha suspensión prohíbe el otorgamiento o concesión de cualquier permiso que altere el predio por parte de cualquier autoridad responsable. A pesar de esta notificación, la administración pasada 2021-2015 a cargo del entonces alcalde por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Eliseo Salas Chávez, otorgó “una carta de congruencia” a la persona que ocupa el sitio, quien, utilizando dicha carta, comenzó a demoler el hotel y a realizar modificaciones en el mismo y en la zona federal, incluyendo "terrenos ganados al mar". 

Actualmente, se están realizando modificaciones en el predio, como la instalación de drenaje y agua, y se tiene la intención de abrir un "trailer park", lo que requerirá una licencia. Los ejidatarios expresaron su preocupación de que el actual ayuntamiento desconozca este amparo y, por lo tanto, incurra en responsabilidades. 

Además, los ejidatarios denunciaron que el secretario general de la administración municipal pasada, Adán Mora Buitrón expidió la constancia de posesión del predio, certificando que una persona tenía la posesión desde 2017, lo cual calificaron de "totalmente absurdo y falso". Esta situación derivó en un procedimiento penal en el juzgado conocido como de El Aguacate, donde 18 personas, incluyendo dos mujeres (una de ellas mayor de 70 años), están vinculadas a proceso por el delito de supuesto despojo de la propiedad del ejido Emiliano Zapata. 

Los ejidatarios también señalaron que, durante la administración pasada, sufrieron agravios, incluyendo la presencia de patrullas de seguridad pública dentro del predio mientras se realizaban las alteraciones, a pesar de que el ayuntamiento había sido notificado de la suspensión. 

“Durante la administración pasada sufrimos el asedio de elementos de seguridad pública. Tenemos documentado en videos, en fotografías. Les digo, si el ayuntamiento fue notificado de esta suspensión, ¿qué tenía que hacer una patrulla o dos patrullas de seguridad pública dentro del predio cuando se estaban haciendo las alteraciones al predio?. No hemos recibido más que portazos”, señaló Essaú a los ediles. 

Finalmente, se hizo hincapié en que la Dirección de Obras Públicas ha estado extendiendo permisos de construcción sin requerir ninguna constancia o plano al ejido en los terrenos del ejido Emiliano Zapata. Los ejidatarios recordaron que históricamente han colaborado con el ayuntamiento, incluso cediendo terrenos para proyectos como el andador de Melaque, hospitales y centros de salud. Sin embargo, lamentaron que la administración pasada actuara "con todo contra el ejido". 

Antes, en diciembre de 2023, un grupo de integrantes del Emiliano Zapata hicieron una manifestación frente a la presidencia municipal de Cihuatlán en la que solicitaron al entonces alcalde, Jorge Eliseo Salas Chávez, su apoyo para retirar la invasión del particular que estaba haciendo uso de terrenos ejidales que los ejidatarios habían comprobado la tenencia legal, pero fueron ignorados. 

Suman 15 activistas asesinados en Jalisco desde 2020 

Desde 2020 hasta la fecha, en Jalisco se han registrado 15 asesinatos de personas defensoras y buscadoras, nueve de ellos ocurrieron en el último año; de los 15 asesinatos registrados en los últimos cinco años, 10 corresponden a defensores ambientales y de la tierra y el territorio, denunció la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia, quien expresó una profunda preocupación y destacó que estos datos representan una situación sin precedentes en las últimas décadas para Jalisco. 

González Valencia enfatizó que México ocupa el décimo lugar a nivel internacional en asesinatos y nivel de riesgo para quienes defienden los derechos humanos, especialmente la tierra y el territorio. Agregó que el caso de Essaú Román Pérez, quien defendía territorios colectivos y playas contra procesos de urbanización, gentrificación e intereses de capitales inmobiliarios y el sector hotelero, es un ejemplo de esta problemática. 

“Entonces tenemos este recuento que es muy grave, o sea, son 15 personas asesinadas, defensores, defensoras, pero de manera muy acelerada, nueve en un año. Creo que estos datos de asesinatos no los había presentado Jalisco en las últimas décadas. Esto lo que comprueba es que México ocupa el décimo lugar a nivel internacional de asesinatos y de nivel de riesgo por la labor de defensa de derechos humanos y específicamente la defensa de la tierra y el territorio, como era el caso de Essau que defendía los territorios colectivos, en este caso de ejidales, en las playas, contra estos procesos de urbanización, de gentrificación y sobre todo de imposición de intereses de capitales inmobiliarios, en este caso, pues contra el sector hotelero”, manifestó. 

La directora del Imdec criticó la insuficiencia y deficiencia del marco normativo y jurídico existente en Jalisco para la protección de personas defensoras y periodistas. Señaló la ausencia de instancias especializadas y específicas que asuman el mecanismo de protección, y la falta de investigación de los casos considerando los riesgos inherentes a la labor de defensa. 

Además, denunció una profunda desvinculación entre las instituciones encargadas de la protección, como las fiscalías, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la Comisión de Víctimas y la Secretaría General de Gobierno. Esta última, responsable de publicar anualmente la situación de los defensores y los riesgos que enfrentan, no cumple con esta actividad mínima. 

Un punto de gran preocupación es la ausencia de la garantía y protección efectiva de derechos humanos, así como la protección y seguridad para personas defensoras y periodistas, en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza del actual gobierno para el periodo 2024-2030. 

González Valencia lamentó que todos los 15 casos de defensores asesinados desde 2018 se encuentren en la impunidad. Mencionó el caso de Alejandro Gobe Gómez l, cuyo asesinato cumplirá un año en impunidad.  

La falta de confianza en las policías, fiscalías y el gobierno estatal ha llevado a solicitar que los casos sean atraídos a nivel federal, aunque esto casi nunca sucede. 

“Aún con estos altos índices de asesinatos y de violencia y de que estas 15 personas defensoras de 2020 a la fecha, este todos, absolutamente todos, se encuentran en la impunidad. Este sábado se va a cumplir un año del asesinato del defensor Alejandro Gobel Bobet,  también se encuentra totalmente en la impunidad. En todos los casos se ha pedido que los casos sean atraídos a nivel federal. No siempre sucede y esto es mucho por las políticas, digamos, de no confianza, tanto en las policías estatales como en la fiscalía estatal y en el gobierno estatal. Creo que es una señal de mucha alarma”, apuntó González Valencia. 

La directora del Imdec subrayó que los asesinatos son la consecuencia más grave de una estrategia previa de hostigamiento, acoso, criminalización y amenazas dirigidas a los defensores y sus entornos familiares y laborales. Muchos defensores acudieron a mecanismos de protección o denunciaron ante autoridades, pero no se actuó. 

“Es un proceso muy acelerado de asesinatos, pero que todo esto está enmarcado en amenazas, en criminalización, en que no hay un reconocimiento, también hay una ausencia y un reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión para periodistas en este estado pues y en general en el país. En el caso de este abogado y activista social pues lo que se ha sabido es que él y las familias de los ejidatarios habían denunciado que recibían como hostigamiento por el caso que llevaba de este despojo de parte de un Hotel en Melaque.  Digamos que el asesinato ya es la consecuencia pues más terrible, más fatal e irreversible, pero previo a un asesinato, efectivamente hay toda una estrategia de hostigamiento, de acoso, de criminalización, de amenazas, directamente a las personas defensoras, pero también a sus entornos familiares, laborales o de relacionamiento, cuando ya se llega a los asesinatos es porque previamente ya hubo un montón de alarmas y que desafortunadamente muchos de los defensores o acudieron al mecanismo de Protección Federal o lo denunciaron frente a sus autoridades municipales o estatales, o a las comisiones de derechos humanos, pero no se actuó. Entonces para nosotros es muy preocupante y nosotros lo que estamos viendo es que en este estado se debe de fortalecer y se debe de establecer una política de protección”, anotó. 

Para revertir esta situación, el Imdec exige el fortalecimiento y establecimiento de una política de protección integral que incluya prevención, investigación profunda y exhaustiva con enfoque en los riesgos de la labor, atención a todos los casos en todas sus etapas, presupuesto, reparación y garantías de no repetición. 

Asimismo, se demanda la creación de una fiscalía especializada en personas defensoras y periodistas, y el establecimiento de una visitaduría especial en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco para el derecho a defender los derechos humanos, ya que la comisión actual ha mostrado omisión e inacción. 

Finalmente, González Valencia enfatizó la importancia del reconocimiento a la labor de defensa de derechos humanos, tanto de buscadoras como de defensores y periodistas, en todas las etapas y de manera permanente, dada la alta peligrosidad de la defensa de la tierra, el territorio y los derechos ambientales frente a los intereses económicos. 

Personas defensoras y buscadoras asesinadas en Jalisco: 

• Essaú Román Pérez – Abogado y representante ejidal – 3 de noviembre de 2025. 
• Judith Alvarado Rodríguez – Defensora del agua – 24 de agosto de 2025. 
• Katia Daniela Medina Rafael – Activista por los derechos trans y LGBT+ – 9 de agosto de 2025. 
• Karina Ruiz Ocampo – Defensora del agua – 3 de mayo de 2025. 
• María del Carmen Morales – Mujer buscadora – 24 de abril de 2025. 
• Jaime Daniel Ramírez Morales – Buscador – 24 de abril de 2025. 
• Teresa González Murillo – Mujer buscadora – 2 de abril de 2025. 
• Juan Pablo Alonzo Estrada – Defensor comunitario – 30 de marzo de 2025. 
• Abraham Alejandro Gobel – Defensor ambiental – 3 de noviembre de 2024. 
• Higinio Trinidad De la Cruz – Indígena nahua defensor de la Sierra de Manantlán VS Mina Peña Colorada – 23 de noviembre 2023. 
• Rosendo González Torres – Marakame y líder espiritual de San Andrés Cohamiata – 7 de enero de 2022. 
• Estanislao González Carrillo – Nieto de Rosendo González Torres – 7 de enero de 2022. 
• Verónica Patricia Guerrero Vinueza – Abogada y dirigente del colectivo de Vecinos Urbi Quinta VS basurero de Coyula – 3 de febrero de 2022. 
• José Santos Isaac Chávez – Nahua, candidato a presidente del comisariado del ejido de Ayotitlán, opositor a la mina Peña Colorada – 2 de abril de 2021. 
• Jonathan Santos – Defensor de derechos de la comunidad LGBTI+ – 11 de agosto de 2020.