MORELIA, Mich. (apro).- Luego de darse a conocer la detención de Jorge Armando N., presunto autor intelectual del crimen de Carlos Manzo Rodríguez, el fiscal del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que hay 83 denuncias penales y administrativas que fueron presentadas por el alcalde y que siguen su curso pese a su muerte. 

Una de las denuncias es sobre un presunto desfalco millonario en las arcas del Ayuntamiento de Uruapan que habría sido ocasionado por exfuncionarios municipales del periodo 2021-2024, encabezado por el morenista Ignacio Campo.  

Las 83 denuncias administrativas están siendo investigadas, dijo el fiscal, y están en proceso ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción y ante la Auditoría Superior del estado y la federación. 

Torres Piña precisó que antes del asesinato de Carlos Manzo se requirió mayor información al gobierno municipal para ampliar las demandas y la documentación de los casos, con el fin de seguir la investigación, pero ya no fue entregada. 

Las denuncias presentadas por Carlos Manzo Rodríguez eran contra varios exfuncionarios, ya que se habían detectado casos de licencias sin pagar y documentación ilegal, entre otras irregularidades, las cuales el fiscal calificó como un “desfalco millonario”.  

Celebró, en este sentido, la detención de los implicados en el crimen del expresidente municipal y reiteró que aún no está cerrado el caso. 

Piden investigar a Leonel Godoy y a Raúl Morón 

Por su parte, el diputado local Carlos Bautista Tafolla, miembro activo del Movimiento del Sombrero, aseguró que, aunque se dio la detención del presunto autor intelectual de Carlos Manzo, “esta no es una respuesta satisfactoria”, e insistió en que sean investigados el diputado Leonel Godoy Rangel y el senador Raúl Morón Orozco. 

El diputado independiente insistió en sus redes sociales que “la línea de investigación es de orden político”, porque “esto es un crimen de estado” y Carlos Manzo los señaló públicamente como personajes “de cuidado”, dijo.  

Por su parte, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, llamó a “no limitar la pacificación a solo discursos” y pidió que autoridades integren a la Iglesia al plan estatal de pacificación. 

“Si confrontamos no construiremos la paz”, dijo, y reiteró que su función es mantener una postura conciliadora: “El papel de la Iglesia es reconciliar ante el clima de tensión que vive el estado tras las recientes manifestaciones”, y afirmó que corresponde a la población evaluar si las decisiones del gobierno benefician o no al pueblo.