COLIMA, Col., (apro) .- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Bryant Alejandro García Ramírez, reveló públicamente que Gabriela Mejía Martínez, exalcaldesa priista de Cuauhtémoc, asesinada el pasado 14 de octubre, usó una camioneta y habitó una casa que habían sido propiedad de personas vinculadas al crimen organizado. 

En declaraciones a diversos medios locales, el funcionario expuso: “Descubrimos que una casa en la que ella vivió pertenece a una persona ligada a la delincuencia organizada, que salió huyendo del municipio de Cuauhtémoc por los hechos de violencia registrados en los últimos meses”. 

Así también, García Ramírez informó que el vehículo en que viajaba la exalcaldesa cuando ocurrió el ataque pertenecía a un integrante de un grupo criminal apodado “Jarocho”, quien fue abatido en diciembre de 2023 afuera de las instalaciones del hotel Costeño, en la ciudad de Colima. 

De acuerdo con el fiscal, la expresidenta municipal de Cuauhtémoc también “tenía problemas económicos diversos, por los cuales solicitó diversos préstamos a ciertos amigos, a ciertas personas, al propio ayuntamiento”. 

Mientras que hay una persona detenida por su presunta responsabilidad en el asesinato, hay varias líneas de investigación abiertas en las que “tenemos identificadas más personas implicadas en el homicidio y estamos en proceso para realizar las detenciones respectivas”, confirmó Bryant García. 

En tanto, dijo, se realizan análisis forenses de los teléfonos celulares de la víctima, con el fin de obtener más información sobre sus últimas comunicaciones y contactos. 

Posteriormente, el presidente estatal del PRI, Enrique Rojas Orozco, reprobó las declaraciones del fiscal con el argumento de que al revelar públicamente información sobre la investigación del caso revictimizó a la exalcaldesa y manchó “la memoria de una mujer madre de familia que ya no puede defenderse”.  

Añadió: “Lamento muchísimo que se revictimice y que se manche la memoria de una mujer que fue madre, hija, hermana, una líder social. Este machito, con tanta ligereza, da información sensible que además podría afectar el juicio” 

Según Rojas Orozco, la declaración del fiscal podría haber vulnerado la validez de las pruebas judiciales, por lo que “sin ser abogado, lamento mucho que se ventile un tema tan sensible de manera tan torpe, poniendo en riesgo el mismo juicio”. 

El dirigente priista exigió que, con el mismo “valor y carácter” que mostró al hablar del caso de Gabriela Mejía, el funcionario ofrezca datos precisos sobre los homicidios que ocurren diariamente en el estado. 

“Queremos que tenga los pantalones bien puestos para hablar de todos los asesinatos, de los que mataron ayer en Salagua, de los que acribillaron antier, y que lo haga sin arriesgar los juicios”, puntualizó. 

Informó que el PRI analizará con su equipo jurídico las posibles acciones legales o institucionales que podrían llevar a cabo por la “revictimización” realizada por García Ramírez contra la expresidenta municipal asesinada.