CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras el operativo mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de México asumió el resguardo de los animales retirados del Refugio Franciscano, Sofía Morín, activista por los derechos de los animales y representante de México sin Tortura, enfatizó en la necesidad de transparencia, vigilancia ciudadana y claridad sobre el destino de 936 ejemplares rescatados.  

En entrevista con Proceso, la también abogada sostuvo que el análisis del caso debe centrarse en el maltrato animal documentado por las autoridades, sin confundirse con la disputa civil por el predio ubicado sobre la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.  

“Yo quiero aclarar que yo no tengo ningún interés en el predio; yo lo que veo es que ese es un tema civil entre la fundación Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama y el Refugio Franciscano, que quien lo deberá de resolver es un juez civil”, dijo. 

Al ser cuestionada sobre el caso, explicó que su participación comenzó el 12 de diciembre, cuando recibió una invitación para ingresar al inmueble y observar directamente las condiciones en las que se encontraban los animales.  

Tras su visita, relató que documentó lo que ocurría dentro del lugar y, ante las malas condiciones en las que encontró a los animales, junto con otros ciudadanos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Posteriormente, refirió, el organismo emitió un dictamen pericial en materia veterinaria que resultó central en la intervención de las autoridades. 

“El dictamen de ese perito veterinario determina que hay maltrato animal por omisiones y por negligencia grave”, aseguró. 

Morin consideró que el rescate y resguardo de los ejemplares responde a la aplicación de la legislación vigente en materia de protección animal; también reconoció al Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la morenista Clara Brugada, por haber tomado decisiones concretas en materia de bienestar animal: 

“Yo no quiero reconocer, no es aplaudirles, porque al final están haciendo lo que viene en la ley, pero sí quiero reconocer que han hecho cosas ya por los animales importantes”. 

Como ejemplos, mencionó la prohibición de la venta de animales en el Mercado de Sonora, las medidas adoptadas contra las corridas de toros y la intervención de resguardo en el Refugio Franciscano, la cual calificó como un precedente.  

Sin embargo, expresó preocupación por la etapa posterior al operativo, particularmente por la capacidad institucional para atender a un número elevado de perros y gatos –936 ejemplares, según información del Gobierno capitalino–, así como por la falta de información pública detallada sobre su situación actual. 

“Yo sí quiero hacer un llamado a las autoridades a que tengan transparencia”, afirmó, al señalar la importancia de conocer qué ocurrirá con cada uno de los animales resguardados. 

Los animales retirados del Refugio Franciscano quedaron bajo resguardo temporal del Gobierno de la Ciudad de México y están siendo trasladados de manera progresiva a tres espacios: la Brigada de Vigilancia Animal, el Hospital Veterinario de la Ciudad de México y un albergue canino ubicado en el Ajusco, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente.  

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, 798 de los animales presentan afectaciones compatibles con maltrato o crueldad, de los cuales 20 se encontraban hospitalizados hasta el día previo al operativo por la gravedad de su estado de salud, mientras que 21 habían fallecido antes del rescate, todos fuera del inmueble. 

La activista advirtió que varias de las instituciones públicas encargadas de la protección animal enfrentan limitaciones presupuestales, lo que podría afectar el seguimiento médico y el resguardo prolongado de los ejemplares. 

“Todas las instituciones de gobierno que se dedican al tema de protección animal no tienen un gran presupuesto”, dijo, y recordó que algunos animales presentan cuadros de salud que requerirán atención prolongada. 

“Han muerto animales y varios han tenido que ser trasladados a clínicas veterinarias para ser atendidos con urgencia”, apuntó. 

En ese sentido, Morin planteó la necesidad de permitir algún mecanismo de observación ciudadana o supervisión especializada durante el proceso de resguardo institucional:  

“Ojalá se permita algún tipo de ciudadanos observando y garantizando que estos animales tengan acceso a sus derechos como seres sintientes”.  

Entonces, la activista recordó que la ley establece criterios específicos para la eutanasia de animales: “Los animales que se pueden eutanasiar son los enfermos, los que tienen un accidente grave, temas ya seniles o por algún accidente; esos son los únicos motivos”. 

La abogada también vinculó el caso del Refugio Franciscano con un problema estructural: la falta de regulación efectiva de los albergues y refugios de animales.  

Sostuvo que estos espacios deberían estar sujetos a controles, registros y visitas periódicas de las autoridades: “Los refugios tienen que ser regulados, los refugios tienen que ser inscritos a un tipo de registro y tienen que aceptar las visitas de las autoridades”. 

Finalmente, recordó que la reciente reforma constitucional en materia de protección animal establece obligaciones para el Estado en el ámbito educativo, y consideró que este caso evidencia la necesidad de políticas públicas integrales. 

“Ya es obligación del gobierno… tiene que haber una educación en el tema de protección animal”, afirmó. 

La entrevista se realizó mientras continúan los procesos judiciales relacionados con el inmueble y la investigación por maltrato animal sigue en curso, en tanto el Gobierno de la Ciudad de México mantiene el resguardo de los animales retirados del refugio.