CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  A dos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó indefinidamente la discusión de un proyecto de sentencia sobre desalojos de vivienda en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que su administración apoyará a las personas desalojadas, independientemente de la resolución que emita el máximo tribunal.

Este miércoles 21 de enero, la mandataria capitalina afirmó en conferencia que respetará lo que determine la SCJN, al tratarse de un poder distinto al de la ciudad.

“Es un poder que obviamente está por encima de la ciudad, y respetamos lo que ellos puedan resolver. Lo que sí, es que nosotros aquí en la ciudad estamos porque se apoye a las personas que son desalojadas, como lo hemos hecho”, declaró. 

Brugada indicó que el gobierno de la ciudad busca atender no solo las consecuencias de un desalojo, sino intervenir de manera previa para evitar casos que presenten irregularidades jurídicas. 

En ese sentido, planteó que el Programa de Vivienda sea ofrecido de inmediato a las personas afectadas y que se revisen los procedimientos antes de que se ejecuten los desalojos.

También afirmó que se revisará cada caso en el que se pretenda llevar a cabo un desalojo y que su administración garantizará por ley el apoyo a las personas desalojadas, independientemente del sentido de la resolución que adopte la Suprema Corte.

El proyecto de la SCJN

 Las declaraciones se produjeron a dos días de que la SCJN aplazó indefinidamente la discusión de un proyecto de sentencia sobre desalojos de vivienda en la Ciudad de México, que estaba previsto para discutirse el pasado 19 de enero.

El proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, corresponde a la acción de inconstitucionalidad 73/2019, promovida tras la reforma aprobada en 2019 al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

Antes de esa reforma, el artículo 60 establecía garantías mínimas para las personas sujetas a un desalojo de vivienda, como el aviso previo, la limitación en el uso de la fuerza y, en casos de vulnerabilidad, opciones de reubicación para evitar que quedaran en situación de calle. Esas disposiciones fueron eliminadas con la modificación legal aprobada ese año.

La resolución de la Suprema Corte definirá si la eliminación de esas garantías es constitucional, lo que tendrá efectos directos en la forma en que se ejecutan los desalojos de vivienda en la capital del país.

Desde el 16 de enero, organizaciones sociales y vecinales difundieron un pronunciamiento en el que solicitaron a la SCJN retirar el proyecto y abrir el debate mediante una audiencia pública. En ese documento señalaron que la reforma ha derivado en desalojos legales pero violatorios de derechos humanos y ha impedido la construcción de una política pública basada en datos oficiales sobre la magnitud y las causas de estos casos en la Ciudad de México.

La inconformidad derivó en una protesta el lunes 19 de enero, día en que el proyecto estaba programado para discutirse. Desde las 8:00 horas, integrantes de organizaciones y colectivos contra los desalojos y la gentrificación bloquearon los accesos a la Suprema Corte, ubicados en las calles Erasmo Castellanos y Corregidora, lo que impidió durante la mañana el ingreso del personal del máximo tribunal.

Los manifestantes buscaban ser recibidos por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, y por la ministra María Estela Ríos González, autora del proyecto. Ese mismo día, la ministra decidió retirar la propuesta, lo que derivó en el aplazamiento indefinido de su discusión, sin que se informaran públicamente las razones de esa decisión.

Entre las organizaciones que impulsaron la protesta se encuentran el Frente por la Vivienda Joven, la Asamblea Ecologista Popular, el Observatorio Vecinal Escandón, el Frente Antigentrificación CDMX, el colectivo Desalojados de República de Cuba 11, la Clínica Jurídica “María Luisa Marín”, Habitat International Coalition América Latina, así como asambleas vecinales de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.