CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A ocho años del sismo del 19 de septiembre del 2017, que dejó más de 22 mil damnificados en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, firmó el compromiso de concluir la reconstrucción de unas tres mil viviendas que faltan por terminar, “a más tardar el primer semestre del 2026”, con una inversión de tres mil 700 millones de pesos. 

La exalcaldesa de Iztapalapa es la quinta mandataria local que se asumen el compromiso de entregarle sus viviendas a todos los afectados por el sismo después de que lo hicieron Miguel Ángel Mancera Espinosa, José Ramón Amieva Gálvez, Claudia Sheinbaum Pardo -hoy presidenta de la República- y Martí Batres Guadarrama.

El pasado viernes 19, luego de tener reuniones y acuerdos previos con distintos colectivos de damnificados, la exdiputada los recibió en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y les prometió:

"Aquí estamos para hacer un compromiso con ustedes y con todos los grupos de damnificados (...). El compromiso es concluir el próximo año, en el primer semestre del año, ese es el objetivo".

Brugada Molina se detuvo para ensalzar “el esfuerzo tan grande” hecho en la administración de Sheinbaum Pardo, en la que dijo que se reconstruyeron “más de 22 mil viviendas, de las cuales más de 19 mil lograron su conclusión”. Y agregó que en su gestión se concluirá el resto; es decir, tres mil más. 

Luego se comprometió a “culminar el proceso de reconstrucción tal y como lo establece la Ley y el Plan para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México".

El Acuerdo

El Acuerdo firmado tiene cuatro considerandos:

1.  El compromiso del gobierno local para garantizar que todos los damnificados accedan al derecho a la vivienda.
2. El compromiso de realizar “lo necesario” para que las obras de rehabilitación o reconstrucción concluyan “íntegramente y se entreguen viviendas adecuadas y con todas las condiciones de habitabilidad que establecen las leyes y demás disposiciones aplicables”.
3. Impulsar un modelo de planeación urbana sostenible, justo y democrático, así como el compromiso con la erradicación de cualquier forma de corrupción inmobiliaria que ponga en riesgo la seguridad de las viviendas o afecte el ordenamiento territorial de la ciudad.
4. Garantizar que el proceso de reconstrucción culmine “a más tardar durante el primer semestre del 2026”, con los recursos presupuestales suficientes, “salvo en casos excepcionales” que no dependan del gobierno de la CDMX.

Además de Clara Brugada, el documento fue firmado por los secretarios de Finanzas, Juan Pablo de Botton, y de Vivienda, Inti Muñoz; así como representantes de  colectivos y organizaciones de damnificados.

“Dudas motivadas”

Tras la firma del Acuerdo, el Movimiento de Familias Damnificadas del 19s, que congrega a decena de personas afectadas de distintas alcaldías, emitió un comunicado en el que dijo recibir el documento “con esperanza, pero con dudas motivadas por experiencias previas”.

Aclaró que ese nuevo acuerdo oficial obedece a la petición que, en días pasados, hizo dicho movimiento a la Jefatura de Gobierno para “agilizar los trámites burocráticos y jurídicos para concluir la reconstrucción y entregar las viviendas reconstruidas o rehabilitadas, en condiciones dignas antes del segundo semestre de 2026”.

Sus integrantes también pidieron a Brugada Molina “eficientar los procesos de escrituración y constitución de nuevos regímenes de propiedad en condominio para los inmuebles que serán entregados antes de diciembre de 2025”.

Además, reconocieron los avances en el número de viviendas reconstruidas y rehabilitadas, así como el compromiso del actual gobierno “de no endeudar a las familias con créditos”. 

Sin embargo, advirtieron que “seguirán vigilando que la reconstrucción siga siendo prioridad para el gobierno de la ciudad y se pueda cumplir a cabalidad con lo que estipula la Ley de Reconstrucción publicada en 2018”.

Según dijeron, su lucha no es solo para recuperar sus inmuebles, sino para “sembrar bases para que en el futuro se enfrenten los desastres con mayor eficiencia, justicia y dignidad, ya que si los sismos no se pueden evitar, sus consecuencias si se pueden aminorar”.

Por ello, sus integrantes pidieron “que la Comisión para la Reconstrucción y sus mecanismos de acompañamiento se mantengan vigentes y se incluya una eficaz estrategia preventiva para evitar daños mayores ante el riesgo de nuevos fenómenos naturales”.

De paso, demandaron atender los riesgos que representan las grietas ubicadas debajo o cerca de unidades habitacionales.