CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que su administración trabaja en la construcción de un protocolo para garantizar el respeto a los derechos humanos durante los desalojos en la Ciudad de México, el cual contempla propuestas de reformas legislativas.  

Previo a las declaraciones de Brugada, inquilinos desalojados de un edificio en la calle Tonalá, en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, declararon a Proceso que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) desalojó a 22 familias por medio de la violencia y con acusaciones falsas. 

“No queremos que ninguna familia se quede sin techo en esta ciudad producto de un desalojo, sobre todo si son familias de escasos recursos”, sostuvo la mandataria capitalina en conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde explicó que el protocolo también incluirá mecanismos de actuación para que los desalojos “sean considerados únicamente como última opción”.  

Además, afirmó que se garantizará que “el Poder Judicial informe con anticipación a la Secretaría de Gobierno de la ciudad cualquier ejecución de desalojo”.  

Brugada señaló que promoverá que los procesos se realicen “siempre bajo mesas conciliatorias y que se agoten las vías de diálogo antes de llegar a la última instancia, que es el desalojo”. 

Entonces, destacó la importancia de la notificación formal a los residentes, pues “en algunos casos han dicho que no fueron notificadas y eso hay que revisarlo”.  

La dirigente local adelantó que se invitará a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) a estar presente en cada desalojo, junto con un representante del Gobierno capitalino, para garantizar que se cumpla la ley y se respeten los derechos de las personas.  

Sobre la actuación de los auxiliares de los desalojos, la jefa de Gobierno señaló: “Vamos a proponer reformas para que se vigile su función y se evite cualquier agresión en contra de los vecinos”. 

Brugada afirmó que su administración no esperará a que concluyan las reformas legislativas para intervenir en defensa de las familias afectadas:  

“Mientras tanto, la Secretaría de Gobierno estará analizando de inmediato cada caso de desalojo y acompañando a las personas afectadas. Lo importante es que no vamos a dejar a nadie solo ante estas situaciones”. 

Sobre desalojo en Tonalá 

Las declaraciones de la jefa de Gobierno ocurrieron horas después de que esta revista dio a conocer que exinquilinos de un edificio de la calle Tonalá denunciaron que la Fiscalía capitalina desalojó a 22 familias de dicho inmueble, la mañana del pasado martes 26 de agosto, por medio de la violencia, haciendo uso de acusaciones falsas por otros delitos, además del despojo, para ganar el control de edificios habitados, intestados o en pleito. 

En la conferencia que dio Brugada estuvo presente el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, quien se refirió a este caso, pero no ofreció explicaciones sobre los señalamientos hechos por los habitantes: “En el caso de la calle Tonalá, estamos entregando 26 apoyos de renta”.  

El funcionario también habló sobre el caso del desalojo en la calle de República de Cuba, en el Centro Histórico, donde aseguró que las 16 familias desalojadas fueron hospedadas en hoteles para garantizar que tuvieran “un techo digno mientras se construyen soluciones permanentes”. 

Añadió que los afectados recibirán una ayuda para renta de 4 mil pesos mensuales durante un periodo inicial de seis meses o “el tiempo que sea necesario”.  

Por su parte, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, puntualizó que los desalojos no son ejecutados por la administración local, sino “por actuarios designados por los juzgados”, y explicó que “cuando hay una resolución de desalojo es el Poder Judicial quien la solicita y pide el apoyo de la fuerza pública. Lo que ahora se busca es cambiar la ley para que estos procedimientos se realicen con nuevas reglas que prioricen el respeto a los derechos humanos”.