CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, designó a la abogada egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Adriana Greaves, como nueva titular de Unidad de Asuntos Internos, un área encargada de vigilar el adecuado desempeño del personal sustantivo de la institución, que implica uno de los brazos ejecutores de la política criminal para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).  

Este jueves 29 de mayo, la Fiscalía capitalina notificó sobre la designación en un comunicado: “Como parte de su plan de trabajo, Greaves Muñoz impulsará la capacitación y profesionalización del personal, el establecimiento de acuerdos y criterios claros para el ejercicio institucional, así como la supervisión de su cumplimiento”.  

También precisó que, mientras esté en el cargo, Adriana Greaves, tendrá la tarea de fortalecer el servicio público y mejorar la atención a la ciudadanía, con el fin de que la Unidad sea vista como una aliada en la procuración de justicia, más allá de su función como órgano sancionador.  

De acuerdo con el organismo, Greaves se comprometió a priorizar la dotación de herramientas al personal para el desarrollo de sus actividades, así como a la atención y solución de las inconformidades de las y los usuarios, privilegiando la conciliación entre las partes: “En los casos en que el personal actúe fuera de la legalidad o incurra en actos de corrupción, se aplicarán las sanciones correspondientes, que pueden ir desde la amonestación y suspensión temporal hasta la remoción del cargo”.  

Además de su licenciatura en derecho, Graves cuenta con una maestría en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado por la Benjamin N. Cardozo School of Law, en Nueva York; así como con diez años de experiencia en litigio estratégico, diseño de políticas públicas y desarrollo de sistemas anticorrupción. 

La nueva titular de la Unidad de Asuntos Internos es cofundadora de TOJIL, una organización de sociedad civil dedicada al combate a la corrupción. También es experta en la implementación de programas de denuncia y análisis de casos de corrupción a nivel nacional e internacional. 

Dentro de la administración pública, se desempeñó como fiscal titular, de 2014 a 2015, en la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la entonces Procuraduría General de la República; de 2016 a 2018 fue directora jurídica de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).