CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron reformas al Código Penal local para que conductas como tocamientos, caricias y roces se persigan de oficio, al avanzar el dictamen que modifica los artículos 176, 177 y 178 en materia de abuso sexual. 

Con el dictamen, el Congreso local propone que una serie más amplia de comportamientos —incluidos roces corporales, tocamientos, caricias, exhibiciones o representaciones de índole sexual— se reconozcan formalmente como actos sexuales y sean objeto de acción penal inmediata, sin necesidad de denuncia previa.

Para esas conductas se establece una pena de uno a seis años de prisión y la obligación de que la persona agresora acuda a servicios reeducativos. 

El proyecto también prevé supuestos donde las sanciones aumentarán: cuando exista violencia física, emocional o moral; cuando entre la persona agresora y la víctima haya o haya existido un vínculo de confianza, parentesco o relación sentimental; cuando el agresor tenga bajo su cargo a la víctima; si se trata de un servidor público, profesionista o ministro de culto; o cuando la víctima esté en una condición que limite su capacidad de comprender o responder al hecho, como efectos de sustancias, embarazo o discapacidad.

Amplían definición de violencia familiar

Las comisiones también aprobaron la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que plantea ajustes al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica para “fortalecer la definición y sanción de conductas violentas en contextos familiares y de pareja”, además de integrar medidas orientadas a modificar patrones culturales que sostienen esas violencias. 

Avalaron cambios que amplían la definición de violencia familiar para que alcance a relaciones de pareja que no comparten domicilio, como noviazgos, vínculos sexoafectivos y exparejas. Con ello, esas agresiones dejarán de clasificarse como conflictos menores y pasarán al ámbito penal. 

Otro elemento integrado al dictamen es la incorporación del acoso sexual digital como delito. Esta figura sanciona el contacto con menores de edad o personas incapaces a través de medios tecnológicos con fines sexuales, solicitud de imágenes íntimas o intento de encuentro físico. De aprobarse en el Pleno, este delito también se perseguirá de oficio y tendrá penas de cuatro a seis años de prisión. 

Este miércoles 10 de diciembre, en el recinto legislativo, el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, recordó que la iniciativa original fue presentada por la diputada Cecilia Vadillo Obregón, con el propósito de dotar a la legislación “de perspectiva de género y sensibilidad a la diversidad sexual”. El legislador aseguró que las reformas “representan un avance indispensable en la lucha contra la violencia de género, al incorporar una perspectiva de género interseccional y de derechos humanos”. 

Critican punitivismo 

La discusión legislativa ocurre en un contexto donde, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, el 76.2% de las mujeres mayores de 15 años en la Ciudad de México ha enfrentado algún tipo de violencia, y la violencia sexual es la de mayor prevalencia: 64.5% a lo largo de la vida y 28.7% en el último año. 

Desde la oposición, la diputada del PAN, Daniela Gicela Álvarez Camacho, se abstuvo al señalar que “la punitividad estadísticamente está demostrado que no sirve”.  

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, consideró que el incremento de penas no atiende el crecimiento de los ciclos de violencia y sostuvo que “el punitivismo no es una visión de izquierda”, por lo que su bancada no acompañó el dictamen.  

En el PRI, la diputada Tania Larios advirtió de posibles incrementos en denuncias por violencia vicaria y alertó sobre el riesgo de revictimización, además de señalar que el documento debió dividirse para una discusión diferenciada. 

La Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública emitió opinión favorable. También se integraron propuestas de redacción de las diputadas Vadillo Obregón y Yolanda García Ortega (PVEM), así como de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. El dictamen pasará al Pleno para su discusión y eventual votación.