CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año del atentado armado en su contra, la diputada local Diana Sánchez Barrios exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes contra las presuntas autoras intelectuales del ataque, Claudia “N” y Érika “N”, a quienes señala como responsables de planear el intento de transfeminicidio ocurrido el 17 de octubre de 2024 en el Centro Histórico. 

Durante una conferencia de prensa realizada en la calle Tacuba, Sánchez Barrios afirmó que en la carpeta de investigación existen elementos suficientes para proceder contra las acusadas, y reprochó la falta de avances por parte del Ministerio Público.  

“Pido a la Fiscala que libere ya las órdenes de aprehensión contra las intelectuales, porque en la carpeta están todos los elementos”, declaró. 

El atentado ocurrió en la calle de Motolinia, cuando hombres en motocicleta dispararon en su contra provocándole cinco heridas de bala y la muerte de dos personas, entre ellas su primo y un comerciante que se acercó para tomarse una fotografía con ella.  

La legisladora aseguró que su recuperación ha sido lenta —ha pasado por ocho cirugías— y que las secuelas físicas y emocionales continúan afectando su vida cotidiana. 

Sánchez Barrios sostuvo que los agresores materiales pertenecen al grupo delictivo La Unión Tepito, y acusó a la Fiscalía capitalina de no actuar pese a contar con información sobre las presuntas responsables y sus vínculos criminales. 

“La persona que me atenta, que le quita la vida a mi primo David y a Víctor, son gatilleros de La Unión Tepito… la Fiscalía no hace absolutamente nada”, señaló. 

Alfredo Compás, representante legal de la legisladora, informó que hasta ahora tres personas han sido vinculadas a proceso por su participación en el ataque, pero que las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de las autoras intelectuales. Explicó que el caso se encuentra en etapa intermedia y que se solicitó una reapertura de la investigación complementaria para integrar nuevos datos de prueba. 

Durante el acto, Sánchez Barrios reveló haber recibido nuevas amenazas de muerte y responsabilizó directamente a las mujeres señaladas si algo le ocurre a ella o a su familia. 

“Sigo recibiendo amenazas telefónicas. Se lo hice saber a la Fiscalía, amplié mi declaración, y exijo que actúen pronto, porque no estamos seguras”, expresó. 

A un año del ataque, la diputada lamentó la lentitud del proceso judicial y subrayó que su exigencia no responde a intereses políticos, sino al derecho a la justicia. 

“No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo justicia”, afirmó. 

La falta de resultados concretos en un caso que involucra a una funcionaria pública reaviva el cuestionamiento sobre la capacidad institucional de la FGJCDMX para investigar delitos de alto perfil y con posibles vínculos con el crimen organizado.