CULIACÁN, Sin (Proceso).– Dámaso López Saavedra, exvicefiscal del estado, se convirtió en el tercer funcionario de Sinaloa separado de su cargo tras conocerse las acusaciones de autoridades de Estados Unidos por presunta protección y colaboración con el Cártel de Sinaloa, junto al gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Que su nombre figure en la lista de EU no causó sorpresa. 

López Saavedra y el policía investigador Marco Antonio Almanza Avilés, otro nombre de la lista, tienen largo historial en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), junto con otros mandos policiacos incluidos en la acusación que en periodos pasados figuraron en investigaciones y expedientes por señalamientos de tener vínculos con personajes como los hermanos Carrillo Fuentes, pese a ello se mantuvieron en sus cargos. 

Los señalamientos de esos nexos quedaron despejados con una ejecución ocurrida la mañana del 16 de enero de 2025, afuera del Congreso de Sinaloa. Un grupo armado llegó a las afueras del recinto legislativo y asesinó en el lugar a Luis Alberto N, quien era agente de investigación de la FGE y tenía 45 años al momento del atentado. 

Después del crimen, en redes sociales comenzó a circular un video, en el que el exagente policiaco da nombres de mandos coludidos con el narco, todos en activo, entre ellos el de Dámaso Castro Saavedra. 

Su historial lo colocó siempre como un hombre cercano a Rubén Rocha Moya, quien en dos ocasiones lo seleccionó como parte de la terna a ocupar la fiscalía de Sinaloa.

La primera vez fue en 2021, en un proceso que finalmente terminó por favorecer a Sara Bruna Quiñónez Estrada, exjueza impulsada por el “rochismo” para ocupar el cargo en un relevo forzado del titular de la FGE, Juan José Ríos Estavillo.

Ya con Quiñónez Estrada como fiscal, la funcionaria nombró a Dámaso Castro vicefiscal general. Pero una bomba les estalló en las manos: el secuestro del Mayo Zambada y el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda, el 25 de julio de 2024

Dámaso Castro Saavedra se encargó de las diligencias del homicidio de Melesio Cuén en conjunto con la entonces vicefiscal zona centro, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Una conferencia de prensa lo puso todo en evidencia. La entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez convocó a medios a la sede de la FGE para hablar sobre el crimen, con la proyección de un video para explicar que a Cuén lo mataron en un intento de asalto en una gasolinera en las afueras del norte de Culiacán.

Ese montaje fue derribado y confirmado como tal por la Fiscalía General de la República, al conocerse que a Melesio Cuén lo asesinaron en la misma finca de donde secuestraron al Mayo Zambada y el proceso de preservación de la escena del crimen como del cuerpo de la víctima presentó una gran cantidad de irregularidades por las que no hubo funcionarios sancionados. 

En el montaje del video participaron Dámaso Castro y Claudia Zulema Sánchez Kondo. La única que perdió su empleo por ello fue la fiscal Sara Bruna, a quien el mismo Rocha le “recomendó” ceder el cargo.

Tras la renuncia de Quiñónez Estrada, Dámaso Castro ocupó el cargo de forma interina. Durante los últimos años lo venía buscando, y aunque de forma interina, se logró. Sin embargo, por ley había que abrir una nueva convocatoria para ocupar el cargo de fiscal de Sinaloa, por lo que se inscribió y formó parte de la terna final, otra vez salida del puño y la letra de Rubén Rocha Moya. 

Pero de nuevo se quedó cerca. Terminó siendo elegida por el Congreso Claudia Zulema Sánchez Kondo.

El exvicefiscal tendrá que hacerle frente a la acusación del Departamento de Justicia que lo señala brindar inteligencia y acceso a información a los Chapitos sobre investigaciones, aseguramientos, cateos y todo tipo de operativos realizados por el Ejército y la Marina, así como “pitazos” de redadas en laboratorios de drogas y casas de seguridad.

Derivado de sus “labores” recibía por parte de los Chapitos, según la acusación en Estados Unidos, 30 mil pesos mensuales.

Con amparo en mano

El general de división en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del Estado, es otro señalado por el Departamento de Justicia con un muy alto perfil. Fue nombrado por Rubén Rocha en 2023 tras la salida de Cristóbal Castañeda Camarillo, y su nombre habría sido propuesto por el mismo Ejército.

Sin embargo, al exjefe policiaco se le vincula también con los Chapitos, acusación por la cual obtuvo un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Michoacán para evitar su detención y/o extradición.

Mérida Sánchez dejó el cargo en medio de la actual crisis de inseguridad y al menos un par de riñas en el penal de Aguaruto, sitio señalado de operar bajo un autogobierno de grupos criminales. 

Una de las riñas más relevantes ocurre el 2 de diciembre del año pasado, en la cual falleció Luis Octavio N, quien fuera apresado junto a Guadalupe Tapia (lugarteniente del Mayo Zambada), arrestado en febrero de 2023.

Policías coludidas

Además de Dámaso Castro Saavedra, en las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos aparecen otros nombres de mandos locales. Uno de ellos es el de Marco Antonio Almanza Avilés, veterano de la corporación de la antes Policía Ministerial, ahora de Investigación, adscrita a la FGE y de la cual fue director de diciembre de 2019 a noviembre de 2022. Al año siguiente, en 2023, se jubiló.

Almanza Avilés ocupó cargos clave en la policía de investigación durante la gestión del gobernador Juan Millán, incluso desde los tiempos de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, una especie de “jefe supremo” de la entonces Policía Ministerial que en 2001 ya era señalado por proteger al Mayo Zambada y posteriormente relacionado con los hermanos Carrillo Fuentes. 

Chuytoño, como se le conocía, figuró también en cartas que se presentaron durante el juicio del ChapoGuzmán en EU por presuntamente colaborar con el cártel de Sinaloa. El jefe policiaco libró todos los señalamientos y murió de covid-19 durante la pandemia en 2022.

Marco Antonio Almanza pasó como jefe de la Policía Ministerial durante los períodos de Juan Millán de 1996 a 2005, cuando tuvo que dejar el cargo por acusaciones de brindar protección a la familia Carrillo Fuentes, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra obtenida por la entonces Procuraduría General de la República.

Aguilar regresaría a la escena policiaca absuelto de los cargos durante el sexenio de Mario López Valdez en 2011 y terminó ese sexenio siempre bajo acusaciones de brindar protección al crimen organizado en fechas en las que el cártel de Sinaloa librara una guerra intestina entre la facción del Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva.

En la misma acusación aparece su sucesor como jefe de la Policía de Investigación, Jorge Alberto Contreras Núñez, nombrado en noviembre de 2022 por Sara Bruna Quiñónez Estrada. Contreras comenzó su trayectoria en la institución desde 2003 y provenía de la Unidad Especializada Antisecuestros; dejó su cargo como jefe policial en febrero de 2026.

La sospecha es que Contreras Núñez vino simplemente a “relevar” en la operación criminal a Almanza Avilés en el mismo cargo de la Policía de Investigación.

De los otros dos agentes incluidos en la acusación poco se conoce. José Antonio Dionisio Hipólito, Tornado, fue mando de la Policía Estatal, y llegó a ser subdirector de la corporación. 

Desde los tiempos de Aguilar Iñiguez, esta corporación estuvo ligada a acusaciones de proteger grupos del narco, de extorsión e incluso de desaparición forzada, al grado de que el Ejército hizo limpia con su llegada a Sinaloa con la conformación del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) con elementos militares en activos habilitados como policías de dicha corporación.

El otro es Juan Valenzuela Millán, Juanito, mando de la Policía Municipal de Culiacán a quien además acusan de privar de la libertad a un informante de la DEA, mismo que posteriormente fue asesinado.