CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Minutos después de concluir su última sesión como integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que ocupó durante nueve años, Dania Ravel Cuevas sostiene que el árbitro electoral “debe ser incómodo” y tendrá que mantener su misión de cuidar “la pulsión constante que hay en todos los gobiernos de querer entrometerse en las elecciones”, ante las futuras embestidas del poder.

“Yo quiero mucho a esta institución y me preocupan estos intentos de debilitar el servicio profesional del INE” dice, en referencia a las propuestas de algunas reformas impulsadas por el oficialismo para eliminar las juntas locales y distritales permanentes, y sustituirlas por personal eventual.

“Yo creo que son uno de los baluartes del instituto, más allá de que las y los consejeros que estamos aquí por una temporalidad; esa base técnica es fundamental, es lo que le da mucha solidez al propio instituto, y muchas veces lo que parece imposible se logra gracias a que son personas con mucha experiencia y mucho conocimiento técnico. Lesionar o perder ese servicio profesional podría llegar a ser muy grave”, estima.

En entrevista con Proceso, Ravel realiza un balance de su experiencia en el órgano de decisión del árbitro electoral, desde el cual vivió el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento del poder de Morena, el “desdibujamiento de los tres poderes de la Unión”, la elección de Claudia Sheinbaum Pardo y la llegada de Guadalupe Taddei Zavala en la presidencia del INE, en sustitución de Lorenzo Córdova Vianello.

Aunque resalta que el INE siempre ha tenido “tensiones” con los gobiernos en turno, la relación con el gobierno se volvió “más compleja” durante la presidencia de López Obrador. “Cuando estaba Lorenzo Córdova era muy evidente el escenario de confrontación, con menciones en la mañanera contra algunas consejerías, algo que nunca antes se había visto y llegó a otro nivel, pero también con recortes presupuestales”, recuerda.

A nivel interno, Ravel sostiene que con Lorenzo Córdova las decisiones se tomaban de manera más horizontal y como producto de un diálogo, mientras que Guadalupe Taddei tiene un estilo “mucho más vertical”, sobre todo después de la reforma de Morena que concentró más poderes en su figura, como la designación de los titulares de las direcciones ejecutivas, o el retiro de funciones al Consejo General para entregárselas a la Junta General Ejecutiva, dirigida por la misma Taddei.

“Si se toman decisiones medulares, fundamentales para el proceso electoral, nos dejan fuera a las y los consejeros y se desnaturaliza la manera en que se concibió el INE, con un máximo órgano de dirección colegiado con sesiones públicas, a las que todo el mundo puede dar seguimiento”, lamenta la consejera.

En varias ocasiones Ravel y otros consejeros elevaron la voz contra decisiones de Guadalupe Taddei y su grupo, incluyendo cuando recientemente emitieron una carta para deslindarse de un supuesto documento del INE, con observaciones al llamado “plan B”, entregado al Senado. También surgió el caso de un documental contratado sobre la elección del Poder Judicial sin avisar a los consejeros electorales, “y aparentemente la persona que vendió ese trabajo fue contratada también en Comunicación Social del INE”, o el caso del encargado de despacho de la dirección ejecutiva de Administración “con un posible conflicto de interés, porque estaba en una empresa que aparentemente vendía materiales y demás. De nueva cuenta, nosotros no escogimos que estuviera esa persona ahí”.

En estos casos, los consejeros inconformes pidieron que se emitiera un comunicado para explicar la situación, pero que Taddei no dio la instrucción al área de Comunicación Social, que se encuentra bajo su control. “Ésta es una muestra de que se está perdiendo la colegialidad, la horizontalidad”, insiste.

Riesgo latente

Dania Ravel recibe a Proceso cinco días antes de devolver su oficina al INE para que la ocupe uno de los tres perfiles que será designado por la Cámara de Diputados en fechas próximas. En una mesa de su cubículo yace un arreglo floral, en el que su equipo, recién salido de la sala con una rebanada del pastel de despedida, colocó fichas con los errores ortográficos que los medios solían cometer al referirse a la consejera, como “Diana” –en lugar de Dania– o “Cuevass”.

“Es muy importante que los medios de comunicación, la ciudadanía y por supuesto los partidos políticos den seguimiento y se involucren en la designación de las nuevas consejerías electorales”, plantea Ravel.

“Es fundamental para que tengamos perfiles más plurales, que ejerzan su independencia y su autonomía. Es un riesgo latente que lleguen perfiles que dejen de ejercer plenamente las atribuciones que tiene el INE, las funciones de arbitraje, porque de eso depende en buena medida la legitimidad del instituto”, advierte.

Agrega que “si la ciudadanía empieza a ver un instituto parcial, un instituto sesgado a alguna fuerza política, pues va a empezar a perder legitimidad, y se va a perder todo el trabajo que ha costado para construir esa institución”.

“No sentí un respaldo institucional”

Ravel comparte algunas experiencias “enriquecedoras”, como la decisión de posponer las elecciones en Coahuila e Hidalgo por la pandemia de covid-19 y de organizar las elecciones de 2021 en un contexto de crisis sanitaria, pero insiste en los “grandes retos” que enfrentó el INE durante su mandato.

La organización de la primera consulta popular sobre el enjuiciamiento a expresidentes, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con un recorte presupuestario y una controversia sobre la legalidad del ejercicio –poner a consulta si lleva a alguien ante la justicia o no– y sobre la ambigüedad de la pregunta que se llevó en la boleta.

La segunda consulta, sobre la revocación de mandato, también arrancó sin legislación y sin recursos, por lo que el INE diseñó lineamientos y su Consejo General decidió posponer el ejercicio por falta de recursos, lo que provocó la molestia del mandatario y de Morena.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna presentó entonces una denuncia contra los consejeros ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja ante el Órgano Interno de Control (OIC), la cual estuvo “dormida” durante más de cuatro años, pero fue revivida por Víctor Hugo Carvente Contreras, el nuevo titular OIC, en el verano de 2025, quien inició un procedimiento sancionador contra los tres integrantes actuales del Consejo General que votaron por posponer la elección en 2021, incluyendo a Dania Ravel.

Según Ravel, existe un precedente similar en la institución, pero que tuvo un desenlace muy distinto: en 1999 el OIC intentó sancionar administrativamente a algunos consejeros electorales por el sentido de sus votaciones, lo que provocó una descalificación unánime del Consejo General, que reclamó al OIC por excederse en sus facultades y llevó a destituirlo. “Una cosa muy distinta a lo que estamos viendo ahora, yo no sentí este respaldo institucional en el Consejo General”, deplora.

Elección judicial defectuosa

Ravel evoca también el reto que representaron las “pre-precampañas” impulsadas por Morena en 2023 para definir su candidatura presidencial en las elecciones del año siguiente, y a las que la jerga electoral denomina “procesos políticos inéditos”. “Ya le quitamos lo inédito, porque ya se volvió ordinario”, apunta Ravel, quien señala que “el punto medular y lo preocupante es que empiezan a posicionar a perfiles de manera muy anticipada y eso puede poner en riesgo la equidad en la contienda”.

Recuerda que, entre mayo de 2022 y septiembre de 2023, el INE recibió mil 188 quejas por actos anticipados de campaña, pero que cuando el árbitro electoral quiso fiscalizar los gastos “mucho de la propaganda que había en el transporte público, en bardas, en mantas o en espectaculares se había quitado”.

Si bien reconoce que el INE fue cuestionado por no actuar a tiempo, agrega que cuando el árbitro electoral trató de regular los eventos públicos de las campañas anticipadas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le puso un alto, con el argumento de que la organización de estos procesos entraba en la autodeterminación de los partidos.

En su opinión, el INE trató de actuar “de manera muy tardía”, cuando el fenómeno “ya era imparable”. “Como no se hacía nada, los partidos que presentaron las quejas decidieron hacer sus propios procesos políticos internos, y cuando todos los actores hacen lo mismo, lo terminan legitimando”.

Ravel coincide en que el problema más reciente del INE fue la elección judicial, producto de una “reforma fast track” que tenía “muchas deficiencias técnicas” y fue implementada con un sinfín de errores.

“Lo vivimos desde el registro de las candidaturas, en donde hubo muchas omisiones, tan graves y tan burdas como el que tres actuales ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya formaban parte de la Corte anterior y habían manifestado públicamente que iban a participar en el proceso, no las incluyeron en el registro de las candidaturas”, rememora Ravel, en referencia a la pifia que salió a la luz cuando el senador Gerardo Fernández Noroña entregó al INE la lista definitiva de candidatos, en la cual no aparecían los nombres de Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

Ravel enumera otros problemas de la elección judicial: las revisiones defectuosas de los comités técnicos de evaluación –lo que obligó el INE a revisar los promedios de calificaciones de los candidatos–, el diseño de boletas con decenas de nombres, la definición de un nuevo marco geográfico y la lluvia de juicios de amparo que colocaron al INE en un fuego cruzado entre juzgados que ordenaban la suspensión del proceso judicial, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le instaba a continuarlo.

Respecto al papel que jugó el TEPJF durante la elección judicial, cuando deshizo varios acuerdos del INE que seguían criterios contrarios a los del oficialismo, Ravel prefiere no entrar en polémica. “Allá dieron sus razones, muchas veces para revocar o modificar, y motivaron sus sentencias; tendrán que explicarlas públicamente”, dice.

Momentos después se le pide su opinión respecto al aval que la Sala Superior del TEPJF dio al uso de “acordeones”, a través de una resolución que dio pie a un debate candente y a una controversia. “Esto me lleva a preguntarme en quién revisa al revisor de última instancia, que es el tribunal electoral”, reflexiona; y se responde a sí misma: “Creo que es la opinión pública, los medios de comunicación o los análisis críticos”.