CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde hace nueve años la familia Estrada Hernández vive una pesadilla por oponerse al “pago del derecho de piso” en la alcaldía Iztapalapa.

El padre, Carlos Estrada Betancourt, de oficio ebanista, decidió dejar de pagar el “derecho de piso” que le exigía un joven vecino que se presentaba como miembro de un cártel en su colonia Fuego Nuevo, y que era conocido por vender droga.

“Dos o tres veces contribuí para no tener problema. Una siguiente vez ya no quise acceder, porque era un joven que yo conocí del niño. Me negué y discutí con él por teléfono. Al otro día lo matan y me culpan a mí”, cuenta Estrada a Proceso.

Estrada, su hijo Cristhian y un sobrino fueron acusados de dos homicidios y dos tentativas de homicidio, delitos de los que en un principio fueron absueltos, pero una mala defensa y una serie de irregularidades del Poder Judicial mantienen a Cristhian en una cárcel de máxima seguridad en la Ciudad de México, sentenciado a 53 años de reclusión, mientras que Carlos y su sobrino viven con la amenaza de ser detenidos en cualquier momento.

A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) reconoció que los tres fueron víctimas de tortura y forman parte de una recomendación en la que se evidencia el uso de esa práctica como “método sistemático de investigación” de la policía capitalina, la familia se ha topado con una negativa continua a ser escuchada.

De condición humilde, con sus propios recursos, sin abogados, los Estrada han tocado todas las puertas, la de la Jefatura de Gobierno cuando era encabezada por Claudia Sheinbuam, la de la Presidencia, cuando estaba al frente Andrés Manuel López Obrador, y ahora con Sheinbaum; la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sus dos versiones, cuando era presidida por Norma Piña y la actual, encabezada por Hugo Aguilar. No han tenido respuesta.

El 21 de julio de 2025 la familia Estrada se jugó su última carta. Envió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que narran las atrocidades que han vivido y piden “su apoyo, ya que en mi país las autoridades que podrían dar soluciones, se cubren las espaldas y siguen permitiendo la injusticia, la corrupción y la impunidad”, se lee en el escrito.

La historia revela el presunto involucramiento de agentes policiales, policías de Investigación y del Ministerio Público con personas dedicadas a la extorsión y la venta de droga.

Según la relatoría presentada a la CIDH, la noche del junio de 2017 se registró una balacera en inmediaciones del domicilio de los Estrada, y ya pasada la medianoche una turba de personas civiles armadas y policías de Investigación y de seguridad pública irrumpieron en el domicilio de la familia Estrada, sacaron por la fuerza al padre, Carlos, mientras amenazaban a la familia de muerte, lo que los llevó a solicitar el apoyo de las autoridades marcando al 911.

Incomunicados

Entre los integrantes de la familia Estrada se encontraban cuatro menores de edad, de 9, 7, 5 y 10 meses de edad, dos mujeres adultas y tres hombres, de los cuales en principio se llevaron al padre, al que golpearon con saña.

El resto de la familia trató de resguardarse en la vivienda, que quedó incomunicada al ser desconectada por la turba la línea telefónica y de internet. La narración describe el terror que vivió la familia, que buscó refugio en la azotea, mientras trataba de comunicarse al 911. Escuchaban balazos fuera de la casa y advertían que los invasores ingresaban a la vivienda.

Nosotros escuchamos cómo entraron y destrozaron todo. Rompían cosas, abrían los muebles y tiraban todo; nosotros estábamos en la azotea tirados en el piso, con un miedo inexplicable, que más que miedo podría decir pavor. Desde la azotea podíamos ver que los policías nos buscaban con linternas y eso nos causaba más miedo, porque no entendíamos qué pasaba, pero era seguro que corríamos peligro.

La familia fue encontrada por policías en la azotea, y contrario de lo que esperaban, que llegaban a rescatarlos, detuvieron a Cristhian y a su primo; a las mujeres las bajaron al patio de la casa, mientras observaban cómo era saqueada por policías que “salían como ratas de todos lados”.

La primera información que se les dio sobre la detención de Christian y su primo es que “los vecinos los habían reportado como rateros”.

En la narración se identifica a dos agentes como los coordinadores de la operación, Angélica Alarcón Ceillo, Juan Norberto Hernández Lara, Hugo Santillán Pinedo, Juan Iván Castro Juárez.

En entrevista con Carlos cuenta que fue golpeado por policías en el trayecto de su domicilio a un módulo de policía, que fue hincado y encañonado en la nuca por el policía Juan Norberto Hernández, quien le amenazó con matarlo si no se declaraba culpable del homicidio, “ni siquiera sabía de quién me hablaba”.

En ese momento Angélica Alarcón le preguntó que “cuánto dinero tenía para chisparse” del problema. Carlos les respondió que no tenía dinero y que tampoco se declararía culpable, por lo que pidió que lo ejecutaran en ese momento, porque tampoco soportaba más golpes.

“Soy cristiano, no puedo mentir ni en peligro de muerte. Me puse en las manos de Dios, dije ‘será rápido’, pues tenía la pistola de la nuca. ‘Ya me voy. Te encargo a mi familia, Señor’. Empezó a contar, 1, 2 y no llegó el 3. El policía me bajó del módulo y a golpes me subió a una camioneta pickup”, agrega.

Por la golpiza, Carlos sufrió dislocamiento de cadera y desviación de vértebras, lesiones que aún le provocan dolores insufribles y lo paralizan.

Devino después un proceso lleno de inconsistencias, provocadas por una mala defensa que llevó Soraya Mendoza Galicia, que toleró que los agentes de investigación y la Ministerio Público Alarcón Cedillo instruyeran a supuestos testigos del ataque armado, personas que estaban entre la turba que sacó a los tres acusados de su domicilio, y se negó a presentar pruebas como las evidencias de tortura, solicitar periciales, presentar videos del ataque y otros del gimnasio donde se encontraba Cristhian en el momento en que ocurrieron los hechos.

“Insuficiencia probatoria”

A pesar de la mala defensa, el 21 de diciembre de 2018 el Tribunal de Enjuiciamiento adscrito a la Unidad de Gestión Judicial VI, presidido por Alejandro Cruz Sevilla, declaró la absolución por “insuficiencia probatoria”, ante las contradicciones de los testimonios presentados por el Ministerio Público, quienes supuestamente estuvieron en el lugar de los hechos pero declararon haberse desvanecido o “enconcharse” buscando protección; el hallazgo de 24 indicios balísticos de al menos cinco calibres diferentes, lo que sugiera la intervención de más de tres personas, además de que a los acusados se les “aseguró” armas de calibres que no coinciden con ninguna de las ojivas encontradas.

Una de las inconsistencias más graves es que uno de los supuestos testigos presenciales omitió el nombre de una de las víctimas mortales, menciona a otra que ni siquiera aparece en el expediente, incluso otras de las supuestas víctimas desmintió al testigo, negando haber estado presente en el momento del ataque, además de que no precisan quién disparó.

Una vez libres, el 7 de enero de 2019, los Estrada denunciaron penalmente a los servidores públicos por tortura y detención arbitraria, mientras que continuaba el trámite de la queja ante la CDHCDMX presentada por la familia mientras Carlos, Cristhian y su primo estaban en el Reclusorio Oriente.

A pesar de que estuvo mal armada la acusación, el Ministerio Público apeló la sentencia, recurso contra la que la defensora de oficio Mendoza Galicia evitó que los inculpados se presentaran a una audiencia judicial, lo que derivó en que los Estrada y su pariente fueran declarados evasores de la justicia. El 28 de marzo de 2019, la octava sala penal del primer circuito revocó la libertad de los Carlos, Cristhian y su primo, sin más pruebas que el dicho del Ministerio Público.

Cuando pidieron cuentas a Mendoza Galicia, la funcionaria pidió a la familia 50 mil pesos por persona para tramitar un amparo, monto que no pudieron solventar.

El 7 de octubre de 2019, la CDHCDMX presidida por Nashieli Ramírez, presentó la recomendación 18/2019, basada en 48 expedientes de queja presentados entre 2012 a 2019, involucra a 61 víctimas directas y 33 víctimas indirectas, que evidencian la utilización de la tortura como método de investigación.

“La mayoría de los casos además de que sufrieron violaciones a la libertad personal, debido proceso en diversas modalidades, fueron sujetas de violaciones a su derecho de acceso a la justicia ante la negativa de las autoridades a realizar investigaciones diligentes y exhaustivas respecto de los actos de tortura cometidos en su agravio”, se lee en el documento dirigido a los titulares de la Fiscalía General de Justicia capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entonces encabezadas por Ernestina Godoy y Omar García Harfuch.

A pesar de que se demostró que los Estrada y su familiar habían sido víctimas de tortura para fabricar delitos, el 17 de junio de 2020 Cristhian fue reaprendido y remitido al Reclusorio Sur, donde fue severamente golpeado por internos que llevaban su fotografía. Después fue trasladado al Reclusorio Oriente.

Sin defensa adecuada

El 17 de mayo de 2021, con los mismos elementos que fueron acusados, el mismo Tribunal que lo absolvió en 2018, sentenció a Cristhian a 53 años 4 meses de prisión por un doble homicidio y dos tentativas de homicidio, bajo el argumento de que era “orden de la octava sala penal” condenarlo, según alegó el juez Alejandro Cruz Sevilla a Cristhian, cuando le recordó su sentencia anterior y la existencia de la recomendación de la CDHCDMX.

El joven una vez más, no tuvo defensa adecuada, porque el defensor público se negó a apelar la sentencia, y cuando la familia logró tramitar un amparo con el apoyo de un defensor público un tribunal colegiado se declaró incompetente y la sentencia condenatoria quedó firme.

La familia recurrió hasta a la SCJN sin resultados mientras que en diciembre de 2024 la fiscalía desechó la denuncia por tortura que presentaron en 2019.

Actualmente Cristian se encuentra en un centro penitenciario de máxima seguridad de la Ciudad de México CEVASEP II, “rodeado e internos muy peligrosos, gente que sí ha cometido delitos atroces”, se lee en la petición presentada a la CIDH.

Se narra que Cristhian “ha presentado crisis de ansiedad constantemente y ha tenido pensamientos suicidas ya que la desesperación y la impotencia están presentes en su vida diaria”, a lo que se agregan secuelas en la columna por la tortura.

“Somos víctimas de una carpeta fabricada, una fabricación de culpables, un proceso plagado de irregularidades”, sostiene la familia Estrada Hernández en su escrito a la CIDH.

Yo he andado entregando documentos a la presidencia, desde que estaba Andrés Manuel y ahora con Claudia, a ella desde que era jefa de Gobierno, he llevado a la Suprema Corte, pero los documentos no les llegan (…), somos inocentes y forzosamente nos quieren presos ellos nos quieren presos y acá la gente de los difuntos nos quieren muertos.

“He llorado, me he puesto mal por mi diabetes, mi hipertensión se ha agravado, ya no puedo trabajar por mi columna, mi hija se ha querido suicidar, mi esposa llora a su hijo, y sólo pedimos justicia, que mi hijo esté libre porque no hizo nada”, dice Carlos Estrada.

El 19 de marzo pasado, en sus oficinas del Washington, Alejandro Encinas Rodríguez, representante de México ante la CIDH recibió una notificación relacionada con la petición P-1747-25, sobre el caso de Cristhian Estrada Hernándesz su familia.

En el documento se emplaza al Estado mexicano a dar respuesta sobre la denuncia de violaciones a derechos humanos “dentro de un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses”, para analizar la procedencia del caso.