CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El control absoluto del programa alimentario mexiquense tiene un solo nombre desde hace tres lustros: Despensas y Provisiones de Alimentos S.A. de C.V. (DYPASA).

La firma ha consolidado un monopolio en el suministro de desayunos escolares y canastas básicas del DIF Estado de México (DIFEM), al operar en un entorno de licitaciones cerradas y requisitos que, en la práctica, anulan la competencia.

De acuerdo con información pública, el organismo local, a cargo de Karina Labastida Sotelo, ejerce un presupuesto anual superior a los 2 mil millones de pesos. Solo entre 2024 y 2026, la derrama económica acumulada en favor de esta proveedora superará los 6 mil 354 millones de pesos.

Por ejemplo, el contrato para 2026, tras declararse desierta una licitación pública por exceder el techo presupuestal autorizado, el DIFEM optó por una invitación restringida dirigida a DYPASA como única empresa, por un monto superior a los 2 mil 327 millones de pesos.

La permanencia de este proveedor no responde necesariamente a una mejora en los precios, sino a un diseño restrictivo que le permite salir siempre beneficiado.

Para el último ejercicio, el DIF local fijó un capital contable mínimo de 700 millones de pesos, requisito que deja fuera a la mayoría de las comercializadoras del país. El crecimiento del gasto público en estos contratos evidencia un aumento sostenido bajo condiciones de mínima concurrencia.

Durante el ejercicio 2024, el organismo llevó a cabo una licitación pública en la que participaron sólo dos compañías; sin embargo, el fallo favoreció a DYPASA con una adjudicación de poco más de 1.8 mil millones de pesos.

Para 2025, el escenario de competencia se cerró por completo. La empresa fue la única participante y obtuvo un contrato por más de 2 mil 214 millones de pesos, superior al del año anterior.

Este blindaje se reforzó con un plazo de apenas cinco días hábiles entre la convocatoria y la presentación de propuestas, y con la prohibición de propuestas conjuntas, lo que impidió a pequeñas y medianas empresas agruparse para competir.

Finalmente, este año se consolidó un trienio en el que la empresa no ha enfrentado rivales en la fase final de los procesos. Esta situación se inserta en una relación de larga data. De acuerdo con los registros, DYPASA ha abastecido este programa durante más de 15 años, atravesando administraciones estatales y consolidando una posición dominante en el suministro de alimentos para el DIF mexiquense.

Este esquema de adjudicaciones coincide con una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Contraloría estatal. El documento detalla un presunto sistema de extorsión donde intermediarios habrían exigido pagos de hasta 2 millones de pesos en efectivo a cambio de asegurar el acceso a los contratos del DIFEM, gestiones que, según los testimonios, nunca se concretaron.

La denuncia vincula de manera directa a Karina Labastida Sotelo, directora general del DIF estatal; a Maximiliano Alexander, magistrado del Poder Judicial mexiquense; al diputado local Carlos Zurita y al notario Alejandro Moreno Morales.

Incluso, la controversia llegó a la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el pasado 17 de marzo fue cuestionada en la conferencia matutina sobre el presunto esquema de cobros en la entidad gobernada por Delfina Gómez. La mandataria no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) tome cartas en el asunto si se comprueban delitos del orden federal.