SALTILLO, Coah. (Proceso).- El gobierno de Coahuila no atendió en su totalidad las recomendaciones por los casos de tortura identificados durante la detención de internas en el Centro de Readaptación Social Femenil de Saltillo, revela el informe de Seguimiento sobre hechos documentados desde el 2022 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) que depende de la CNDH, documento que había sido clasificado como reservado.

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, concluyó que las recomendaciones hechas hace cuatro años no se acataron por completo y persisten las deficiencias para documentar la tortura y atender los casos, por lo que no existen garantías de respeto a los derechos de las mujeres privadas de la libertad en dicho lugar y quienes denunciaron que fueron objeto de agresiones sexuales, golpes, humillaciones de diferentes formas, que generaron consecuencias postraumáticas en varias de ella.

De acuerdo con el documento que Proceso logró desclasificar, luego de que la CNDH pretendió mantenerlo como información reservada por un periodo de cinco años, se estableció que el estado de Coahuila cuenta con un protocolo para la prevención de la tortura y existen procedimientos para la certificación médica, la notificación al ministerio público y la solicitud del Protocolo de Estambul.

Sin embargo, “no se advierte que de manera expresa se aborden con un enfoque de género, diferencial y especializado” para denunciar cualquier violencia sexual y tampoco existe la integración de un directorio actualizado de las instancias a las cuales se pueda recurrir para presentar una queja o denuncia.

El MNPT informó que para verificar el cumplimiento o no de las medidas recomendadas realizó un nueva visita a las instalaciones del Cereso femenil el 14 de octubre de 2025, casi un mes después de que Proceso inició con la investigación a través de ejercicios de transparencia y solicitudes de entrevista a funcionarios tanto del Mecanismo, la CNDH y autoridades del gobierno de Coahuila. Lo que significa que clasificó como información reservada algo que no existía.

“El balance general del informe, por lo que respecta a la autoridad penitenciaria, se ubica en un cumplimiento parcial sustantivo toda vez que, si bien se advierten avances relevantes en la atención de algunas de las recomendaciones emitidas, subsisten aspectos pendientes de implementación que requieren la adopción de medidas adicionales para su cumplimiento integral", se precisa en las conclusiones del documento.

El MNPT evidenció los casos de tortura contra las mujeres privadas de la libertad en el Cereso de Saltillo durante una inspección realizada en el 2022. El resultado se documentó en el Informe Especial 02/2022 Sobre Impactos Psicosocial en Mujeres Privadas de la Libertad, pero hasta el año pasado no había publicado el Informe de Seguimiento que está obligado a realizar.

En particular señalan que no se comprobó la existencia de recursos suficientes para el fortalecimiento institucional de buenas prácticas, así como la programación progresiva de las mejoras. Tampoco se contó con evidencia de que se cuenta con presupuesto "para atender los factores de riesgos identificados y con ello garantizar la prevención efectiva de la tortura y la protección integral de los derechos de las mujeres privadas de la libertad”.

En el Informe Especial, y como Proceso lo publicó el pasado 15 de diciembre del 2025, se dio a conocer que de las 94 mujeres que se encontraban en ese momento recluidas en el reclusorio 53 de ellas accedieron a participar en las entrevistas y, a partir de los testimonios de 14, se solicitó la apertura de 21 quejas y un número igual de denuncias ante las autoridades competentes debido a la gravedad de los casos, al incluirse 12 casos de violencia sexual. Para el Informe de Seguimiento se entrevistó a cinco de las mujeres internas, sin precisar que se trata de las mismas cuyos casos de tortura se documentaron en el 2022.

“Algunas mujeres privadas de la libertad evaluadas presentaron puntajes indicativos de trastorno de estrés postraumático. Derivado de la información anterior, se identificaron los factores de riesgo por inadecuada certificación y atención médica y psicológica”, puntualiza el documento y destaca que en los testimonios recabados el 89% de las entrevistadas afirman que sí contaron con una revisión médica y, de ellas, el 21% expresó que no se pusieron por escrito las lesiones que tenían, el 19% afirmó que sólo las hicieron firmar pero no le revisaron bien, mientras que el 49% asegura que sí fueron revisadas oportunamente y los resultados se incluyeron en el informe médico.

En torno a la atención psicológica, el 62% dijo que lo solicitó, pero el 28% de ellas consideró que resultó insuficiente, el 15% no lo considero así y el 8% asegura que no les dieron consulta ni seguimiento en salud mental.

En el documento también se observa que la dirección del centro penitenciario femenil remitió, después de la visita, copia de los registros físicos y electrónicos recabados en los primeros días del presente año en torno a las certificaciones médicas realizadas a las mujeres.

Las autoridades penitenciarias coahuilenses también presentaron cuatro dictámenes médicos de ingreso que se elaboraron en los meses de enero, julio, agosto y septiembre de 2025 con algunos rubros para identificar la situación en la que ingresan las mujeres, pero en ninguno de ellos se observó la documentación sobre las lesiones presentadas y la autoridad aseguró que éstas no existían. En enero del 2026 emitió otro expediente fechado en diciembre del 2024 que sí contenía las fotografías correspondientes.

A partir de enero del presente año la dirección del reclusorio presuntamente cuenta con un formato en el que se incorporan los siete rubros fijados para determinar si la mujer ingresa con lesiones, así como el testimonio de ella sobre cómo fueron causadas. Después de la visita la autoridad también hizo llegar el registro físico y electrónico denominado “de manifestación de posibles malos tratos y o tortura a persona que ingresa o privada de la libertad”, elaborado apenas en noviembre último.

La institución penitenciaria dijo que se cuenta con el apoyo de instituciones médicas públicas y privadas y se comprobó que de las cinco mujeres entrevistadas durante la visita, una de ellas reconoció que recibe la atención necesaria por problemas de diabetes y fue constantemente supervisada durante su embarazo.

En lo que se refiere a salud mental, tres de las cinco consideraron que la sesión dura menos tiempo del programado, y en lo que se refiere la atención psiquiátrica tres de ellas reconocieron que sí la reciben mediante programación por parte de las instituciones de salud.

Sin embargo el mecanismo precisa que no se acreditó la formalización de los convenios con las autoridades mencionadas, como tampoco se presentaron los listados de las mujeres que participaron en diversas campañas de salud en el 2024 y el MNPT señala que “la información deberá verificarse nuevamente, con el fin de confirmar que su aplicación sea de manera sostenida”.

La CDHEC contradice informe del CNDH

En el informe también se detalla que el reclusorio estableció varias acciones con el fin de promover entre las reclusas la presentación de quejas y denuncias por casos de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, y como resultado dos de ellas aseguran que interpusieron las quejas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Sin embargo el ombusman estatal rechazó haber abierto quejas en ese sentido porque, en respuesta a una solicitud de información, el MNPT no les hizo recomendaciones directamente a ellos. La Ley Orgánica de la CDHEC establece que por oficio se deben abrir las quejas cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, como es el caso de la tortura, pero en el ejercicio de transparencia el organismo local respondió que “el informe (del MNPT) no contiene ninguna recomendación dirigida a la comisión”, aunque reconoce que sabe del contenido del informe citado.

Lo trascendente de lo anterior es que el MNPT considera que en ese sentido se cumplió con la recomendación de forma total, pese a que la CDHEC rechaza tener esas quejas.

Prometen mejorar infraestructura… sin recursos

Finalmente en el documento se establece que después de la visita al lugar, el responsable de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario, Fernando Robledo Patiño, envió copia del oficio dirigido a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad en el estado, para que en el presupuesto de 2026 se consideren diversas actividades para mejorar la infraestructura y contar con personal especializado en distintas áreas, pero no se cuenta con evidencia de que la autoridad hubiera realizado acciones para requerir el recurso necesario y por ello se consideró como no cumplida la recomendación y meta establecidas.

El funcionario estatal también prometió, sin contar con los recursos para lograrlo, que en los reclusorios femeniles ubicados en Saltillo, Piedras Negras y San Pedro de las Colonias se hará la adecuación en las áreas de dormitorios, convivencia, atención médica, talleres productivos y espacios para maternidad y primera infancia con enfoque diferenciado y de género, así como el reordenamiento de áreas operativas en ellos y los centros penitenciarios varoniles para mejorar la gestión de ingresos, clasificación, visita, servicios técnicos y administrativos.

En cuanto a los recursos humanos se implementará la Academia Penitenciaria con una meta inicial de capacitación de 50 elementos operativos, así como la contratación de personal técnico administrativo especializado, entre ellos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, médicos y enfermeras.

En los reclusorios varoniles ofreció la construcción de módulos con capacidad para 120 personas privadas de la libertad en cada uno en los centros de Saltillo, Torreón y Piedras Negras, a fin de ampliar la capacidad instalada, mejorar las condiciones de alojamiento y atender la separación por perfiles criminológicos y procesales.