CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La desaparición de Jesús Enrique Corrales Velázquez, adolescente de 13 años visto por última vez el 17 de diciembre en la colonia San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan, acumula más de cincuenta días sin resultados pese a la activación de la Alerta Amber y la apertura de una carpeta de investigación, en un contexto donde su familia documenta retrasos en diligencias iniciales, ausencia de registros en los primeros días, fallas en cámaras públicas de videovigilancia y la necesidad de asumir por cuenta propia las labores de búsqueda que corresponden a las instituciones encargadas de localizarlo. 

La desaparición ocurrió en la calle Clavel Sur número 2, entre las 15:30 y las 16:30 horas. La denuncia fue presentada por su tío paterno, Rodrigo Corrales Martínez, quien explica en entrevista con Proceso que asumió ese papel porque contaba con mayor disponibilidad para trasladarse entre dependencias y realizar trámites ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda, mientras el padre —sujeto a su jornada laboral— y otros familiares se dedicaron a recorrer calles y pegar boletines para buscarlo.  

La familia vive en Coyoacán, la madre no reside con ellos desde hace más de tres años, nunca aceptó formalizar el divorcio y no existe un domicilio actualizado de ella. Esa condición, que no había generado incidentes previos, se volvió relevante al iniciar la investigación porque no hay claridad jurídica formal sobre custodia, aunque el menor vivía con el padre. 

La familia paterna de Jesús Enrique Corrales Velázquez aportó información para ubicar a la madre, pero hasta entonces no había sido localizada. El tío afirma que la mujer recibió dos citatorios de la FGJCDMX y no se presentó, argumentando cuestiones laborales.  

El primer contacto institucional tras la desaparición ocurrió en un ministerio público de Coyoacán. Desde ahí, Corrales Martínez fue canalizado a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), pero la dirección que le proporcionaron correspondía a información desactualizada en internet. 

Al llegar, fue redirigido a la sede central de la FGJCDMX en la colonia Doctores y posteriormente enviado al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), en avenida Niños Héroes, donde operan en un mismo edificio Ministerio Público, Comisión de Búsqueda y Policía de Investigación (PDI). 

La atención inicial la describe como “tardía, negligente, extremadamente burocrática y una pérdida de tiempo”. 

Por tratarse de un menor, las autoridades activaron la Alerta Amber; sin embargo, la búsqueda inmediata no se ejecutó durante las primeras 72 horas, vitales en las labores de búsqueda para la localización de personas desaparecidas en la capital mexicana.  

El tío del menor afirma contar con evidencia documental: el policía de investigación asignado acudió al lugar hasta el lunes 23 de diciembre y en la carpeta no existen oficios entre el día que se levantó el reporte y la fecha mencionada. Es decir, hay un periodo de seis días sin diligencias registradas en el sitio de desaparición: “A la fecha no hay una búsqueda efectiva”.  

Por lo anterior, solicitó explicaciones sobre qué acciones se realizaron en ese lapso. Asegura que la respuesta consistió en mostrarle un grupo de mensajería con fotografías, enlaces, números telefónicos y capturas de redes sociales que habían sido proporcionados por la propia familia. 

En la capital mexicana no funcionan las cámaras de seguridad  

El seguimiento mediante videovigilancia tampoco permitió reconstruir la ruta. En la zona existen cámaras tipo tótem del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), pero los buscadores no han encontrado información útil en este mecanismo de vigilancia.  

El primer operador le explicó al tío que una actualización atribuida a Telmex impedía cargar el sistema en las computadoras, aunque el video sí quedaba almacenado si se generaba un oficio de resguardo a través de un mando. Posteriormente, al insistir, la explicación cambió: las cámaras estaban conectadas a una red Wi-Fi que no funcionaba, por lo que ni transmitían en vivo ni almacenaban grabaciones. 

“Cualquier colonia de Tlalpan donde se encuentren estas famosas cámaras tótem, hay un accidente, un secuestro, un homicidio, algún hecho de seguridad pública, no se puede constatar porque las cámaras no graban”, denuncia Rodrigo Corrales Martínez, quien acudió al C5 en tres ocasiones y afirma que ninguna cámara tótem del punto de desaparición tenía comunicación activa.  

Aún más, durante revisiones de videograbaciones en instalaciones oficiales, el tío del menor afirma que el comandante de la PDI asignado, Joel Blancas Basilio, no sabía utilizar el reproductor de video y que en una ocasión se quedó dormido mientras analizaban imágenes.  

El caso ocurre en paralelo a la ampliación del sistema de videovigilancia anunciada en agosto de 2025 por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés.  

El programa contempló la instalación de 15 mil 209 tótems equipados con 30 mil 400 cámaras en las 16 alcaldías, con una inversión de 345 millones 681 mil pesos y la meta de alcanzar 113 mil 814 videocámaras en operación, un incremento de 36% respecto a las 83 mil 414 existentes.  

Durante la presentación, la dirigente local morenista afirmó que la ciudad tendría casi el doble de cámaras públicas que Nueva York y el triple que Chicago o Río de Janeiro, con la intención de acercarse a los niveles de Londres y Seúl. 

Para la familia de Jesús Enrique Corrales Velázquez, la falta de registros en el punto de desaparición contrasta con ese despliegue tecnológico. En ese contexto, dirigieron un mensaje público a Brugada, a la fiscal general, Berta Alcalde, y al titular de la Comisión de Búsqueda, Luis Gómez, solicitando la activación efectiva de los protocolos de localización: “Que se pongan a trabajar, que dejen de calentar la silla”.  

Las labores de búsqueda recaen en las familias afectadas  

Únicamente existen imágenes de dos cámaras tipo ID —domos elevados— en las que se observa la llegada del menor, pero no su salida ni el trayecto posterior.  

El último momento reconstruido corresponde al domicilio de la abuela materna, quien, según la familia paterna, tomó la fotografía del menor difundida en el boletín de búsqueda oficial, para mostrar que no se encontraba con ella. Por lo anterior, una de las líneas de investigación es la posible sustracción por parte de la madre.  

Otra hipótesis proviene directamente de entrevistas realizadas por la familia buscadora durante sus recorridos. Varias personas afirmaron haber visto al menor en malas condiciones, con ropa sucia, desorientado y pidiendo trabajo, en posible situación de calle: “Por eso nuestra desesperación; se tiene que hacer una búsqueda prácticamente inmediata. Desafortunadamente, la Fiscalía y su Policía de Investigación se tarda incluso hasta 15 días en dar seguimiento después de que nosotros tenemos una entrevista grabada donde les demostramos que en ese lugar está visualizado Jesús Enrique”.  

Ante la falta de resultados, la familia paterna realiza la búsqueda diaria. Desde las 6:30 de la mañana salen a recorrer mercados, negocios y calles en automóvil o transporte público.  

El hermano mayor del desaparecido, Sebastián, participa en jornadas superiores a doce horas los fines de semana. Ellos imprimieron el 80% de los fotoboletines que se han distribuido; ahí, encontraron una irregularidad más: el número telefónico del boletín oficial estaba inhabilitado, por lo que en sus labores de búsqueda solicitan a la ciudadanía que sus  reportes los hagan al 911 o al teléfono personal del denunciante. 

Durante más de cincuenta días de búsqueda, el tío del menor afirma que el agente asignado a la carpeta sólo ha realizado una jornada presencial con ellos. 

Mientras la familia continúa los recorridos diarios, las actualizaciones institucionales consisten, según relata, en solicitarle que regrese a la Fiscalía al día siguiente para conocer avances, sin que estos realmente se vean reflejados en la carpeta de investigación.  

Rodrigo Corrales Martínez comparte que, al cuestionar la falta de diligencias, el ministerio público, Luis Ángel Cruz, le respondió con indolencia que continuará presentando quejas en asuntos internos si no estaba conforme con su trabajo: “Es tan negligente la manera en la que se conducen”.  

A partir de ello, la víctima indirecta de desaparición abrió expedientes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asuntos internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la contraloría interna.  

Mientras los oficios avanzaban sin resultados visibles, el acompañamiento operativo llegó desde fuera de las instituciones. Corrales Martínez entró en contacto con Jacqueline Palmeros, del colectivo de familias buscadoras Una Luz en el Camino, y con Carmen Zamora, del colectivo Ehécatl.  

Ese apoyo lo describe como permanente y señala que el seguimiento territorial y la difusión del caso se ampliaron a partir de estas redes de familiares buscadores. 

Fue en ese contexto cuando, durante los primeros días de enero, un antropólogo de la propia Comisión de Búsqueda les envió un mensaje de voz aconsejando bloquear una avenida para ejercer presión y lograr atención al caso.  

La recomendación implicaba que la búsqueda institucional se activaba mediante exposición pública y, por el momento, la familia decidió no realizar la protesta para evitar afectar a terceros y continuar solicitando acciones por los canales formales. 

 La dinámica cotidiana de búsqueda se reorganizó alrededor de esa espera: la mayor parte de la familia sale a buscar en campo mientras la abuela paterna permanece en casa para atender posibles llamadas.  

El 6 de febrero, fecha en que Jesús Enrique cumplió 14 años, la familia continuaba sin información sobre su paradero.