CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones que defienden derechos de personas migrantes exigieron la destitución del Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), nombrado como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Agrupadas en el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, las organizaciones sociales consideraron que la integración de Garduño al gabinete de Sheinbaum es “un acto que perpetúa la impunidad histórica que ha caracterizado del Estado mexicano ante graves violaciones a derechos humanos”. 

Las organizaciones condenaron que Sheinbaum haya designado a Garduño para un puesto en la SEP cuanto sobre él hay un proceso abierto por ejercicio ilegal del servicio público por el incendio de una estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023, evento en el que murieron 40 migrantes y 27 sufrieron lesiones graves.   

“Con esta designación, las instituciones premian la negligencia y la evasión de responsabilidades, al tiempo que ignoran deliberadamente el sufrimiento de las víctimas”, sostuvieron en un pronunciamiento las integrantes del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, que atienen principalmente a personas migrantes.  

Al señalar que la asignación de un nuevo cargo para Garduño es “una recompensa a la falta de rendición de cuentas”, las organizaciones firmantes coincidieron en que al no existir “explicaciones claras” sobre la decisión de Sheinbaum y la ratificación del secretario Mario Delgado sobre la pertinencia de la colocación en la SEP, se “alimenta una percepción de protección política, o al menos de tolerancia institucional frente a la falta de rendición de cuentas”.  

Consideraron que el nombramiento es “como una burla para víctimas y sus familias quienes aún esperan justicia”, además de que “esta designación ahonda el dolor y consolida la desconfianza en un Estado que, mediante opacidad y silencios institucionales, incumple sus obligaciones”.  

Asimismo, alertaron que “este caso sienta un peligroso precedente y genera las condiciones para que hechos similares sigan sucediendo, al normalizar el olvido institucional frente a una tragedia en la que la justicia sigue siendo un pendiente”.  

Tras reiterar que personas con procesos judiciales abiertos, como ocurre con Garduño, “eludan sus responsabilidades pendientes y (…) sean premiaos con su permanencia en cargos públicos”, las organizaciones exigieron “la revocación inmediata del nombramiento de Francisco Garduño Yáñez”, así como transparentar “los criterios de selección para los cargos directivos en la administración pública”. 

Asimismo, demandaron “que se garantice justicia integral para las víctimas y sobrevivientes del incendio en Ciudad Juárez, cumpliendo de forma plena las medidas de reparación ordenadas”.  

El Colectivo Monitoreo Frontera Sur exigió “que se ponga fin a la práctica de premiar con cargos públicos a funcionarios acusados de graves violaciones a derechos humanos”.  

Entre las organizaciones que firmaron el pronunciamiento están American Friends Service Committe, Apostólicas del Corazón de Jesús, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante, la 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, Red Jesuita con Migrantes, Servicio Jesuita a Refugiados, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, entre otros.