SAN LUIS POTOSÍ, SLP (Proceso).– Sobre la comunidad indígena de San Marcos Carmona, en el municipio de Mexquitic de Carmona, en las inmediaciones de la Sierra de San Miguelito, se ha dejado caer el asedio de inmobiliarias que por su ubicación han levantado fraccionamientos en la zona, y que actualmente mantienen actos de criminalización y acoso contra pobladores que han denunciado irregularidades en la compra de predios y en las descargas residuales indebidas al vecino río Calabacitas.

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene agendado abordar este caso, debido a un amparo interpuesto por pobladores con el acompañamiento de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis.

La comunidad solicitó la intervención de la Clínica debido a varias anomalías en los permisos de construcción de algunas empresas, pero principalmente por irregularidades en cuanto a las descargas de aguas residuales al río Calabacitas.

También se inconformaron contra el gobierno municipal porque éste omitió realizar la consulta pública correspondiente para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, ignorando la voz de la comunidad y violando convenciones como el Acuerdo de Escazú.

La clínica ha obtenido varias suspensiones definitivas por estos hechos, que en particular el gobierno municipal, que encabeza el alcalde Francisco Javier Ortiz (quien ganó la alcaldía por una coalición del PVEM, PT y Movimiento Ciudadano) no ha acatado pese a tener la responsabilidad de actuar frente a las descargas irregulares y la falta de permisos. Por lo menos desde 2023 se debieron suspender las descargas, lo que no ha ocurrido.

El amparo y la solicitud de atracción para la Corte se presentaron ante inconsistencias en algunos procesos que incluso ya habían resultado en sentencias de absolución para pobladores que fueron denunciados por un presunto daño patrimonial dentro de un predio que está en litigio, pero cuya propiedad se adjudica el poderoso grupo inmobiliario Proalco, uno de los 14 identificados con operaciones en la zona.

La Corte determinará en su sesión de este miércoles 21 de enero si atrae el caso y lo lleva al Pleno.

“Para nosotros es importante defender nuestro territorio porque no queremos ser desplazados. A lo largo del tiempo queremos seguir viviendo en el lugar donde nacimos, donde crecimos y donde queremos morir. En lo personal, duele ver cómo el lugar donde toda tu niñez fue feliz ahora está destruido y lleno de grandes fraccionamientos”, dice a Proceso Juana María Escobar Ochoa, habitante de la comunidad.

Y ver el río Calabacillas –agrega– , un río de temporal donde muchos de nosotros convivimos durante nuestra vida, donde íbamos a nadar en temporada de lluvia y que, aunque sea de temporal, es una fuente hídrica que alimenta nuestras norias y pozos que usamos en tiempos de sequía y que utilizan algunos miembros de la comunidad que no les llega a sus casas el vital líquido. Algunos piensan que por no llevar agua todo el tiempo es un río seco, pero no: es un río de vida.

Esta mujer expone lo injusto que es la descarga de aguas negras sobre el río Calabacitas, “que de la noche a la mañana cambien su cauce natural, construyan un puente y contaminen el río. Hay que decir la verdad: muchos de esos fraccionamientos ni siquiera cuentan con planta tratadora. ¿A dónde van sus aguas negras? Van directo al río”.

Pueblo sitiado 

El abogado Guillermo Luévano, de la Clínica de Litigio Estratégico, explicó que San Marcos Carmona fue reconocida como comunidad indígena en noviembre de 2024 por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero que de hecho cuenta con una cédula real que la nombra como pueblo chichimeco desde 1591, antes de la fundación de San Luis Potosí. 

Refirió que hace alrededor de 11 años inmobiliarias comenzaron a construir fraccionamientos en esa zona, por su atractiva ubicación en la zona de contención de la Sierra de San Miguelito, una reserva por la que también se emprendió una lucha ciudadana ante la posibilidad del ingreso de inmobiliarias. 

“Diferentes empresas inmobiliarias han despojado del territorio, con compras irregulares e incluso hay varias denuncias en materia agraria por este motivo”.

Y agregó que ante el acompañamiento legal mediante diversas denuncias y juicios de amparo que han obtenido resoluciones en favor de la comunidad, como represalia algunos de los grupos empresariales, como Proalco, han optado por emprender campañas de criminalización y persecución contra liderazgos del pueblo. 

“Los pobladores han denunciado cosas muy graves, amenazas, gente armada que ha ido a hacer levantones con amenazas de desistir de la lucha, incluso en nuestro acompañamiento ha habido amenazas”.

Una de las denuncias penales fue presentada por Proalco cuando pobladores abrieron una barda que les impedía el acceso a la sierra, en un predio que se encuentra en litigio, pero que algunos jueces penales reconocieron como propiedad del grupo inmobiliario. 

“Aunque jueces penales habían declarado una sentencia condenatoria, en la sala de apelación se logró una absolución (pero) la empresa se amparó y logró revivir la sentencia condenatoria por ese delito absurdo, porque la empresa no puede acreditar la propiedad plenamente”, además de que durante el litigio hubo inconsistencias como la falta de notificación a los pobladores señalados.

De ahí la solicitud de un nuevo amparo y de la atracción por la Corte, dijo Luévano, “para que el contexto de criminalización de la protesta, de la persecución, de la defensa del territorio se vea desde una perspectiva más amplia”.

Lucha intensa

Como Juana María, otros pobladores de San Marcos hacen un llamado a la Corte, sin publicar sus nombres ante el temor de ser también perseguidos mediante denuncias penales:

Le pido a la Suprema Corte –dice uno de los afectados– que nos dé la oportunidad de llevar el juicio penal para que haya equidad y no vulneren nuestros derechos, ya que aquí en San Luis no sé el porqué, se le da el derecho, justicia y beneficio al que tiene poder, influencia y dinero, dejando al ciudadano de a pie sin oportunidad de defenderse justamente.

Otros habitantes recuerdan que el río Calabacilla era un sitio de recreo y paseo familiar para llevar a sus hijos a los chapoteaderos que se forman en el mismo sitio y que había áreas de pastoreo; “desafortunadamente ya no contamos con la mayor parte de nuestras tierras, ya que vinieron a invadirnos las constructoras con el respaldo de las autoridades municipales y estatales”.

Y pidió “que se nos haga justicia en recuperar nuestras tierras, nuestra libertad, derecho de vivir en nuestra comunidad pacíficamente”.