CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, solicitó, por medio de una carta, a la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, que dé declaratoria de Constitucionalidad a la reforma al Artículo 123, en materia de salarios, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y por 31 congresos locales. 

La reforma, detalla, tiene dos objetivos clave: establecer que los salarios mínimos generales o profesionales se fijen anualmente y nunca estén por debajo de la inflación observada durante su vigencia.  

Además, busca garantizar que maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeros perciban un salario mensual no inferior al promedio registrado ante el IMSS, equivalente a 16 mil 777.68. 

El diputado tricolor detalló que el próximo 8 de septiembre la Cámara de Diputados recibe el Presupuesto de Egresos de Federación 2026 (PEF) y debe contemplar los recursos necesarios para concretar este beneficio en favor de quienes nos cuidan y nos forman como son los maestros, las y los enfermeros; médicos, policías y militares.  

Además, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, con carácter urgente, evalúe el impacto económico y presupuestal de la declaratoria, e incorpore las previsiones necesarias en el PEF 2026. 

En la carta, el priista recordó que la reforma mencionada fue aprobada, por unanimidad de 478 votos a favor, por la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2024, en tanto que el Senado de la República, en su sesión ordinaria del 9 de octubre, aprobó dicha minuta por unanimidad de 125 votos.  

Sin embargo, resaltó que, aunque la Cámara alta reconoce únicamente 16 legislaturas que han aprobado la reforma, el Sistema de Información Legislativa —dependiente de la Secretaría de Gobernación— registra 31 Congresos Locales que ya la han validado, por lo que resulta evidente que dichos congresos han avalado esta iniciativa. 

Moreira enunció que esta omisión injustificada constituye una obstrucción al procedimiento constitucional, al rehusarse a dar cuenta de los votos recibidos, bloqueando la emisión de la declaratoria de validez y, en consecuencia, impidiendo su remisión al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.