CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), ganó más tiempo para conservar su cargo y la posibilidad de reelegirse en el mismo para conservar el control de la institución hasta el año 2027.

El pasado 31 de agosto, a unas horas de que rindieran protesta los nuevos jueces y magistrados locales electos por voto popular, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino, para homologarla a la reforma judicial establecida en la Constitución local.

Esta reforma establece que el magistrado que alcance mayor votación en las urnas será quien presida al Tribunal y durará en dicho cargo tres años.

“La presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se renovará cada tres años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación.

“El periodo de ejercicio del Presidente iniciará cuando la persona Magistrada que haya alcanzado mayor votación en la elección respectiva proteste ante el Congreso de la Ciudad de México, el día en que se instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda”, reza el artículo 38 de la Ley Orgánica.

Esto implicaba que Guerra Álvarez debía dejar la Presidencia del TSJCDMX desde el pasado 1 de septiembre para regresar a su magistratura penal.

Rafael Guerra Álvarez llegó al puesto más alto dentro del Tribunal en el año 2019, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la CDMX, y desde entonces se le señaló como uno de los hombres cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien asesoró legalmente durante el proceso instaurado en su contra para desaforarlo.

En los artículos transitorios, la reforma a la Ley Orgánica del PJ, impulsada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y aprobada por Morena y aliados en el Congreso capitalino, establece que Guerra podrá permanecer en la Presidencia del Tribunal hasta diciembre próximo y deberá convocar a una elección para renovar dicho cargo conforme a las reglas anteriores a la reforma judicial.

Es decir, que en la Ciudad de México, a diferencia de lo que ocurre en el Poder Judicial Federal, el voto popular, no determinará, por ahora, quién presidirá al Tribunal local.

“La persona que presida el Tribunal Superior de Justicia, convocará al Pleno para elegir a la persona que ocupará la Presidencia del Tribunal para el periodo del 1 de enero del 2026 al 31 de agosto del 2027, que deberá celebrarse durante el año 2025, en términos del artículo transitorio DÉCIMO de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de diciembre del 2024, pudiendo ser electa cualquiera de las personas integrantes del Pleno y atendiendo al proceso siguiente: 1. El proceso de elección deberá ocurrir en una sola sesión. 2. Las Magistradas o Magistrados interesados en ser candidatos, a mano alzada, durante la sesión, deberán presentar su propia candidatura, la Secretaría las registrará y publicitará para conocimiento”, señala el artículo Décimo Tercero transitorio de la reforma.

No obstante que esto contradice la Constitución federal, en el mismo artículo el Congreso capitalino le dio a Guerra Álvarez la posibilidad de reelegirse como Presidente del Tribunal por un nuevo periodo que duraría hasta el año 2027.

“En caso de que la persona que se encuentre ejerciendo la Presidencia del Tribunal, participe como candidato, deberá excusarse de seguir presidiendo el pleno, con el propósito de garantizar la imparcialidad, transparencia, legalidad y equidad en dicho proceso, debiendo en adelante la persona Magistrada Decana presidir la sesión, conforme a lo previsto en este artículo y la fracción I del artículo 108 de esta Ley”, indica.

“Si un candidato alcanza las dos terceras partes de la votación del Pleno quedará electo como Presidente, para el periodo 2025 2027, por tanto, el proceso se dará por concluido”.

Aunque el dictamen aprobado acotó las facultades que Guerra tenía para realizar nombramientos en puestos de mando administrativo, el magistrado presidente conservará la facultad de designar jueces en las plazas que quedaron vacantes durante el pasado proceso electoral 2024-2025, eliminando así la designación por voto popular de esos juzgadores.

“En los Órganos jurisdiccionales en que, resultado del proceso electoral extraordinario 2024-2025, ocurra una vacante del titular, por haber sido éste electo por voto popular para ocupar un cargo en el fuero Federal, el Presidente, considerando el último párrafo del artículo 21 de esta Ley, elegirá los mejores perfiles de entre algunas de las personas que hubieran logrado el segundo lugar en la votación en cualquier Distrito Judicial, durante la elección extraordinaria de 2025, siempre que se trate de la misma materia, para ser propuestas al Consejo de la Judicatura y sean nombradas para desempeñarse como Magistradas o Magistrados o Juezas o Jueces, en cuyo caso, el periodo del nombramiento durará 2 años, por lo que, concluirá en el año 2027 y podrá participar en la elección que se celebre en ese mismo año”, señala el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley Orgánica.

De este modo, Guerra Álvarez conservará el poder que hasta ahora ha tenido sobre el TSJCDMX pese a las constantes quejas de los trabajadores y usuarios de los órganos jurisdiccionales capitalinos sobre su gestión.

Estas quejas llevaron a los trabajadores a mantener un paro de labores durante un mes, el más largo que se ha registrado en la historia del TSJCDMX, para exigir un incremento salarial, el pago de bonos y vales que les adeudan desde el año 2020, la homologación de sus plazas y basificación de las mismas, entre otras prestaciones.

Durante el paro, documentado por Proceso, los trabajadores dieron a conocer que las medidas de austeridad implementadas por Guerra Álvarez y la premura con la que ha implementado diversas reformas, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, provocaron mayor rezago y una sobrecarga de trabajo a la poca mano de obra con la que cuenta el Tribunal.

Sin embargo, durante la sesión extraordinaria del Congreso capitalino en la que fue aprobada la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la CDMX y que prorrogó la presidencia de Guerra Álvarez, ninguno de los 15 diputados presentes del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió esta situación.

En todas sus intervenciones el PAN consideró que la transferencia de facultades de nombramientos de direcciones o subdirecciones de la Presidencia del Tribunal al OAJ es una mordaza a la institución sin hacer mención alguna sobre la gestión de Guerra Álvarez, su cercanía con Morena, López Obrador y Sheinbaum Pardo o de los conflictos surgidos durante su presidencia.