BOGOTÁ (Proceso).– La exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ángela María Buitrago, quien investigó durante años la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirma que si la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la “decisión política” para esclarecer ese caso, “aún es posible hacerlo”.

En entrevista con Proceso cuando se cumplen 11 años de la desaparición de los estudiantes, la exfiscal colombiana dice que esa “decisión política” es necesaria para “romper el muro” que levantaron los militares a fin de impedir que los padres de los 43, el GIEI y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) tuvieran acceso a “información sensible, de inteligencia”, que puede contribuir a esclarecer el paradero de los normalistas. 

“Toda la prueba de lo que ocurrió esa noche (el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron los jóvenes) está ahí, en los archivos militares que el Ejército no ha querido entregar”, señala la experta que con mayor profundidad conoce el caso Ayotzinapa, el cual investigó entre 2015 y 2016, en una etapa inicial, y después, entre 2019 y 2023.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que obtener pruebas sobre ese crimen, después de 11 años, “lleva su tiempo”, pero como indica Buitrago, en la información que ha ocultado el Ejército hay pruebas. La mandataria también confirmó ayer jueves que se han abierto “nuevas líneas de investigación”.

Buitrago considera que es bueno abrir nuevas líneas y el mismo GIEI lo había recomendado, pero dice que si estas se centran únicamente en el papel del crimen organizado en esos hechos y omiten la intervención de autoridades, policías y militares (del Ejército y la Marina) en el entramado de complicidades que propició la desaparición de los estudiantes, “sería dar un paso para atrás”.

El GIEI culminó abruptamente las dos etapas en que investigó el caso Ayotzinapa. En ambas, sus integrantes salieron de México por presiones del Ejército: la primera durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y la segunda en el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador. 

En las dos ocasiones, los militares se resistieron a entregar a los investigadores información que reposa en sus archivos y que es clave para esclarecer el paradero de los estudiantes.

Por eso Buitrago señala que lo que ahora haría falta es que la presidenta Sheinbaum “haga valer su condición de comandante en jefa de las Fuerzas Armadas y ordene al Ejército entregar a los investigadores del caso, cualquiera que estos sean, los archivos que se ha negado entregar a los padres, a la CoVAJ y a nosotros (los integrantes del GIEI)”.

Y explica que la información de inteligencia que contienen esos archivos –los famosos 800 folios, cuya entrega exigen los padres de los 43 cada vez que se reúnen con la presidenta— puede conducir al esclarecimiento del caso porque el Ejército había dado seguimiento, durante años, a las actividades de Guerreros Unidos, y monitoreo en tiempo real los sucesos del 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Archivos esquivos

Según han demostrado interceptaciones telefónicas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y testimonios de los propios criminales, varios militares estaban coludidos con esa organización delictiva, la cual estuvo involucrada en el ataque y desaparición de los normalistas. 

Buitrago señala que, aunque ya se ha repetido varias veces, es necesario recordar que el 26 y 27 de septiembre de 2014 agentes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dieron seguimiento a los estudiantes desde que salieron de Ayotzinapa, se desplazaron a Chilpancingo y llegaron a Iguala.

El entonces titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, identificado en los reportes como DN1, había ordenado al 27 Batallón de Infantería en Iguala, a la 35 Zona Militar y a la IX Región Militar en Guerrero dar seguimiento, incluso con fotografías “y material que se recuperara” de las actividades de los normalistas de Ayotzinapa porque estos proyectaban asistir a la Ciudad de México a la conmemoración del 46 aniversario de la masacre del 2 de octubre.

Todo este seguimiento se consignó de manera pormenorizada en los archivos de la Sedena a los que tuvo acceso el GIEI y en esos documentos “queda muy claro que había un control pormenorizado de la movilización de los jóvenes”, señala Buitrago.

Y dice que, “extrañamente”, esa fluidez informativa “se rompe” en los documentos entregados por la Sedena a los investigadores, a las 21:20 horas del viernes 26 de septiembre de 2014, justo cuando los normalistas llegan a Iguala y comienzan a ser atacados por policías municipales e integrantes de Guerreros Unidos. 

A partir de esa hora “hay un apagón informativo total” que se prolonga hasta las 22:30 horas de ese día, un lapso en el que supuestamente no ocurre nada en Iguala, pero que, según todas evidencias, es cuando decenas de estudiantes son agredidos a balazos, “levantados” por policías municipales y delincuentes, y desaparecidos.

“Es inconcebible que se diga que no se tiene ninguna información sobre lo que estaba ocurriendo a los estudiantes en esos momentos críticos, cuando había un seguimiento minucioso a sus actividades”, afirma Buitrago.

Esa información, que es la que puede indicar a dónde fueron conducidos los normalistas y qué ocurrió con ellos, es la que la Sedena se negó a entregar al GIEI y a la CoVAJ y la que, de acuerdo con los padres de los 43 y con los investigadores que mejor conocen el caso, está contenida en los 800 folios que el Ejército retuvo con el aval de López Obrador. 

Buitrago asegura que “no sólo son esos 800 folios los que hacen falta, sino las grabaciones (de las interceptaciones telefónicas) que la inteligencia militar, el Cisen, y probablemente otros organismos de inteligencia hicieron a los ataques de los estudiantes y a la forma y los lugares en que fueron desaparecidos”.

Ni prístinos ni impolutos 

Comprobado como está que la “verdad histórica” fue “un montaje” del gobierno y la Procuraduría General de la República (PGR) de Peña Nieto, y que según el peritaje más rigurosos es imposible que los 43 estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, falta saber a dónde fueron conducidos, señala la exintegrante del GIEI.
En los folios de la Sedena que el general Sandoval rechazó entregar a los investigadores “claramente debe haber un cúmulo de conversaciones telefónicas de los perpetradores, de transcripciones y ubicaciones de las personas que estaban hablando de camiones, de traslados de los muchachos y de traspasos de un lugar a otro”, explica Buitrago.

Sostiene que “por información a la que sí tuvimos acceso, porque al principio de nuestro regreso a México (en 2019) el (entonces) presidente López Obrador ordenó abrir los archivos de la Sedena, sabemos que existe esa información adicional que nos fue negada.

“A nosotros nos entregaron lo que quisieron –plantea la exfiscal–, pero hay información que reposa en los órganos de seguridad del Estado, que tiene que estar ahí, y a la cual nunca tuvimos acceso directo, sino referencia, o simplemente se nos negó el acceso”.

En el sexenio de Peña Nieto, recuerda, hubo una “cerrazón total” de la Sedena del general Cienfuegos a entregar información que coadyuvara al esclarecimiento del caso, y con López Obrador “la voluntad política para que nosotros investigáramos estaba al principio, hasta que llegó un momento en que los militares pusieron un dique y el presidente los respaldó”.

Además, el entonces presidente comenzó a pronunciar discursos “de que muchas entidades (militares) son intocables, que actuaban prístinamente, pero era un supuesto que, hoy, con todas las noticias que están saliendo (sobre los marinos involucrados en el huachicol fiscal) se está demostrando que no es cierto”.

Buitrago señala que no sabe “si fue exceso de confianza, pero todos los elementos que se tenían, por lo menos a la vista, pedían a gritos que se abriera esa compuerta para que se supiera dónde estaban los muchachos”. 

Y esa compuerta de acceso a los 800 folios de Sedena nunca se abrió. El GIEI salió de México atacado por el entonces presidente, quien cerró filas con los militares y los ubicó como víctimas de una campaña de descrédito.

Una muestra del poder que alcanzaron los militares el sexenio pasado, del grado de impunidad con el que suelen actuar y de su profunda molestia con los investigadores del caso Ayotzinapa, es que la Sedena incluso espió ilegalmente con el software Pegasus al titular de la CoVAJ entre 2018 y 2023, Alejandro Encinas, quien además ha sido víctima de persecución judicial por parte de abogados militares.

Él dijo el año pasado que es “lamentable que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”.

La comandanta en jefa

Buitrago cree que, pese a todos los intereses que han conspirado contra el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y de que han pasado 11 años desde la desaparición de los normalistas, todavía es posible reencausar las investigaciones. 

En ese sentido, insiste en que “la información que puede conducir al paradero de los muchachos ahí está, pero hay un muro verde que impide llegar a ella”.

Y lo que debe ocurrir entonces, asegura, es que la presidenta Sheinbaum recuerde “que ella es la jefa de las Fuerzas Militares y que los militares deben cumplir sus órdenes”.

El GIEI salió de México, Encinas dejó la CoVAJ –hoy es secretario de Planeación del gobierno de la Ciudad de México– y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, debió refugiarse en Estados Unidos en 2022 luego de que la Fiscalía General de la República le anuló 21 órdenes de aprehensión que había emitido contra militares presuntamente implicados con los criminales que desaparecieron a los estudiantes.

Unos y otros se toparon con “el muro verde” y con la animadversión del extitular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, quien fue arropado por López Obrador. El expresidente denunció una “campaña de desprestigio” contra la institución militar. Lo mismo había ocurrido en el sexenio de Peña Nieto. 

En total, más de una decena de militares han sido procesados, pero la mayoría enfrenta el proceso en libertad. Aún hay órdenes de aprehensión pendientes contra otros elementos, incluido el coronel Rafael Hernández Nieto.

En 2022, López Obrador dejó a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, nombrar como nuevo fiscal del caso Ayotzinapa a Rosendo Gómez Piedra, un funcionario muy cercano al político tabasqueño. 

Hoy, López está en medio de una tormenta política por su estrecha relación con el líder del grupo criminal “La Barredora” Hernán Bermúdez Requena, a quien designó como secretario de Seguridad de Tabasco cuando fue gobernador de ese estado (2019-2021, y Gómez Piedra fue removido de su cargo como fiscal en medio de acusaciones de peculado, cohecho, extorsión, abuso de autoridad e intimidación. Padres de los 43 repudian su “pésima” gestión.

Ahora la presidenta Sheinbaum habla de “nuevas líneas y métodos de investigación” del caso, que ahora está a cargo de un nuevo fiscal, Mauricio Pazarán, a quien se ubica como cercano a la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy.

De acuerdo con Buitrago, entre las nuevas líneas que el GIEI ha recomendado seguir figura la de profundizar en el papel que jugó la Marina antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes, pues esa fuerza militar recopilaba mucha información de inteligencia en la zona donde ocurrieron los hechos. 

Sheinbaum anunció ayer jueves que se ha insistido ante Israel en la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien torturó a detenidos por el caso Ayotzinapa y sembró pruebas en el Río San Juan. Además, dijo que solicitó al secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, la extradición de dos personas que se encuentran en Estados Unidos y que han sido mencionadas en la investigación.

Buitrago señala que si esas dos personas son el exjuez de barandilla en la comandancia de policía en Iguala, Ulises Bernabé, y el exfiscal Abraham Eslava, podrían contribuir con sus declaraciones al avance de las investigaciones. 

Bernabé fue testigo de cómo un jefe policiaco sacó de la comandancia a 17 normalistas que habían sido retenidos allí, y Eslava habría participado en torturas de miembros de Guerreros Unidos destinadas a dar sustento a la ya desacreditada “verdad histórica”.