CIUDAD DE MÉXICO (apro).-

Colectivos de personas desaparecidas y organizaciones sociales llamaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a ver como “una oportunidad extraordinaria” al procedimiento abierto por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de analizar la posibilidad del elevar ante la Asamblea de Naciones Unidas, la crisis de desapariciones en México, que contabiliza oficialmente más de 133 mil personas víctimas, 72 mil cuerpos sin identificar y sólo 373 sentencias por desapariciones forzadas y cometidas por particulares. 

?Tras recordar que este 18 de septiembre vence el plazo para que el Estado Mexicano entregue la información solicitada por el CED, 61 colectivos, 66 organizaciones sociales, 129 familiares de personas desaparecidas y 50 personas solidarias consideraron que el Estado mexicano “debe responder al Comité con una propuesta para erradicar de fondo las causas de las desapariciones garantizando la verdad, la justicia, la reparación, el cese de la impunidad, la correcta y rápida identificación y el regreso digno de las personas desaparecidas a sus casas, con mecanismos eficaces y transparentes de medición y e rendición de cuentas”. 

?Al recordar que al menos desde 2012 el CED ha dado seguimiento a la situación de desapariciones en México, país en el que ha declarado “existe una situación generalizada de desapariciones en diversas regiones del país y que la impunidad es casi absoluta”, los firmantes del comunicado resaltaron que en la actualidad ese órgano de tratado ha emitido 773 acciones urgentes por desapariciones forzadas en México, siendo el país con el mayor número de procedimientos de este tipo en el mundo.  

?Los integrantes de la sociedad civil resaltaron que las desapariciones en el país van en aumento, a  grado de que mientras “en el año 2024 ocurrían a un ritmo de 26 al día, en el primer semestre de 2025 han aumentado a más de 45 personas desaparecidas diariamente”. 

?Cabe recordar que en abril pasado, al término de la 28ª sesión ordinaria del CED, su presidente Olivier Frouvilleanunció la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas para el caso de México. 

?Dicho artículo refiere que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”. 

?Los integrantes de la sociedad civil recordaron que cuando se hizo el anuncio se desató “una reacción agresiva por parte del Estado” , lo que contrasta con la apreciación de los familiares de víctimas y organizaciones sociales que los acompañan, que considera que “la aplicación del Artículo 34 no debe ser visto como un juicio o un ataque a gobierno alguno, sino como una oportunidad extraordinaria, en un contexto extraordinariamente adverso, para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas”. 

?Al señalar que como sociedad civil entregaron al CED un informe paralelo con “indicios bien fundados de la desaparición sistemática y generalizada en el país”, los familiares y organizaciones destacaron que han solicitado al CED que entre sus recomendaciones incluya “la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento que ayude al Estado mexicano a determinar las causas de las desapariciones, a establecer un programa nacional de prevención, a procesar debidamente a los responsables, reparar a las víctimas y buscar a las personas desaparecidas e identificar los cuerpos y fragmentos acumulados en los servicios forenses del país”. 

?Los firmantes quedaron a la esperar de la respuesta que den al CED la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en espera de que “esté a la altura del desafío histórico en el que nos encontramos”. 

?Firmaron el pronunciamiento, colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país y Centroamérica  así como organizaciones civiles de defensa de derechos humanos, de defensa de la libertad de expresión, así como e defensa del territorio de todo el país, así como decenas de académicos, activistas y personas solidarias.