CIUDAD DE MÉXICO (apro). Amnistía Internacional urgió a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumercindo, a garantizar la seguridad de las mujeres buscadoras que “enfrentan amenazas, agresiones, desplazamientos forzados, desapariciones e incluso asesinatos”.  

En su cuenta de X, la organización enlistó algunos retos que deberá enfrentar Pérez Gumercindo, quien tomó protesta como comisionada la mañana de este viernes.  

Al recordar que de manera oficial hay más de 133 mil personas desaparecidas en México, la organización internacional consideró como prioridad para la titular de la CNB “emprender acciones que reconstruyan la confianza de las familias de personas desaparecidas en esa institución”.  

En su pronunciamiento, Amnistía hizo énfasis en el trabajo que realizan cientos de mujeres buscadoras, quienes “ante las omisiones del Estado, son principalmente mujeres buscadoras quienes, con enorme riesgo, han tenido que hacer el trabajo que corresponde a las autoridades”. 

Al insistir en que el Estado debe garantizar los derechos de las mujeres buscadoras “a la verdad, justicia y reparación”, Amnistía Internacional urgió a la nueva titular de la CNB a atender “tres enormes retos”, entre ellos “cumplir con las recomendaciones internacionales en materia de desaparición”, así como “establecer una política nacional de prevención y erradicación de desapariciones”, como lo recomendó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su informe de país de 2022, así como “asegurar presupuesto suficiente para implementarla”. 

Para la organización es urgente “realizar un diagnóstico profundo sobre las causas estructurales y multidimensionales de la desaparición”; reforzar la coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda locales; recuperar la confianza de las familias, así como “colaborar con sociedad civil, especialistas y organizaciones” en la búsqueda de personas desparecidas. 

Amnistía Internacional concluyó su comunicado considerando que la nueva titular de la CNB “debe estar a la altura del reto de atender una de las crisis de derechos humanos más graves del país”.