Huachicol fiscal
Los prestanombres detrás del huachicol fiscal
Dos de los prestanombres identificados son una ayudante de carpintería y un alcohólico que nada tienen que ver con una de las supuestas empresas que se fundaron para ayudar a empresarios a traficar con huachicol, entre ellos El Señor de los Buques.CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a dos prestanombres cuyas identidades fueron utilizadas para fundar una de las empresas que beneficiaría a un grupo de empresarios, entre ellos Roberto Blanco Cantú, conocido como El Señor de los Buques, en el caso del huachicol fiscal.
Por este asunto ya han sido detenidas 14 personas, entre ellas elementos de la Secretaría de Marina, de Aduanas y hasta un exjuez federal que supuestamente participaron en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, en el estado de Tamaulipas.
De acuerdo con la causa penal 79/2025, en el caso del huachicol fiscal están implicadas diversas empresas dedicadas al transporte de combustible cuyo origen se presume ilícito (huachicol).

Entre esas empresa se encuentra Mefra Fletes, cuyo nombre surgió durante la ejecución de una orden de cateo del 27 de marzo de este año en el que fueron decomisados 8 mil 892 litros de diésel automotriz y 3 mil 500 litros de urea, así como diversos vehículos de transporte de hidrocarburo.
Entre esos vehículos se encuentran 8 tractocamiones y 24 pipas rotulados con la leyenda Mefra Fletes.
De acuerdo con registros públicos de la Secretaría de Economía, la empresa dedicada al transporte de diésel o gasolina fue constituida en febrero de 2015 en Zapopan, Jalisco, por Brenda Gabriela Salas Ramírez y Gustavo de Jésus Guillén Chávez.
En marzo de 2019, ambos fundadores de Mefra Fletes transmitieron sus acciones a José Isabel Murguía Santiago, José René Tijerina Mendoza y Roberto Blanco Cantú, El Señor de los Buques.
Sin embargo, conforme a la carpeta de investigación es probable que Salas Ramírez y Guillén Chávez tengan rol de prestanombres a favor del grupo de empresarios originarios de Nuevo León.
Esto, debido a que el 6 de junio de este año, los policías investigadores ubicaron a Brenda Gabriela Salas en Tonalá, quien dijo ser ayudante en una carpintería, haber estudiado hasta la secundaria, que sólo una vez ha salido del estado y no conoce otro lugar; que no cuenta con recursos para fundar una empresa y que no conoce Mefra Fletes y a ninguna persona relacionada con ella.
En la entrevista con los policías añadió que una vez le robaron su credencial de elector, pero no recuerda el año.
Mientras que en el domicilio de Gustavo de Jesús Guillén Chávez, en Zapopan, mismo que aparece en el acta constitutiva de Mefra Fletes, Irene Chávez Navarro, su madre, atendió a los policías y les dijo que lo corrió de la casa en el año 2023 por alcohólico y agresivo, que sólo estudió hasta la secundaria y que no tiene dinero, mucho menos para ser socio de una empresa.
Hasta abril de este año, Mefra Fletes tenía su domicilio fiscal en un edificio ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, que actualmente está abandonado, razón por la que las autoridades federales considera que los accionistas de la empresa están tratando de evadir la justicia.
De estos accionistas destaca Roberto Blanco Cantú, cuyas actividades relacionadas con el tráfico ilícito de hidrocarburos fueron reportadas en junio último (Proceso).
En la información publicada por esta casa editorial, Mefra Fletes y Autolíneas Roca, ambas registradas en Nuevo León, son empresas vinculadas al Cártel del Golfo.
En el año 2019, las pipas de ambas empresas realizaron descargas en Guaymas, Sonora, de hidrocarburos de la corporación china Tianjin Yuanhang, registrados como “aditivo para aceites lubricantes a granel”.
De igual modo, el 30 de marzo de este año la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un contenedor en Altamira, Tamaulipas, que descargó pipas, entre ellas de Mefra y Roca, 10 millones de litros de diésel, también registrado como aditivo para aceites.
Las dos empresas comparten accionistas y representantes legales, como Héctor Manuel Portales Ávila, representante de Mefra y secretario de Roca.

Ligas con el narco
Blanco Cantú aparece como copropietario de Roca y su hermano Rigoberto es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestamente tener vínculos con operadores del Cártel del Golfo y tiene una acusación en la corte federal para coludirse para monopolizar el servicio de transporte en el sur de Texas en 2022.
Portales Ávila es un empresario abarrotero radicado en San Luis Potosí que intentó ser alcalde de Ébano por el PRI en el año 2015.
Actualmente la FGR tiene pendiente la ejecución de dos órdenes de aprehensión contra Blanco Cantú por huachicol fiscal.
En una de ellas, identificada con la causa penal número 216/2025, la Fiscalía afirmó que ha identificado la probable participación de miembros del Cártel del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el robo de hidrocarburos y al solicitar la orden de aprehensión requirió que el empresario y otros integrantes de Mefra Fletes sean recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
“Se ha identificado la probable participación de miembros del Cártel del Golfo y Cártel Jalisco Nueva Generación, así como empresas fachada con documentación aduanal manipulada y en rutas marítimas internacionales, por lo que la detención de personas pertenecientes a una de las empresas como es Mefra Fletes, representa un ostensible riesgo para dichos individuos, así como para los demás reclusos, pues se podrían poner en riesgo la seguridad interna de las prisiones denotando la influencia patente que tienen esos grupos delictivos en el estado de Tamaulipas, lo que también se traduce en la posibilidad de que esos criminales ejerzan control para amedrentar o atentar contra los órganos jurisdiccionales con sede en esa entidad federativa o corromper el sistema penitenciario para favorecerse con tratos diferenciados o eventualmente ser auxiliados para una evasión, incluso del mismo mandamiento restrictivo de libertad para evitar su ejecución”, señaló el juez de control.