Sociedad

Alerta por menores gestantes: por violación, 8 de cada 10 embarazos en niñas de 10 a 14 años

México enfrenta una crisis de embarazos infantiles: 80% son por violación, principalmente por familiares, denuncia la gerente de Operaciones de la organización civil Telefem, Paula Rita Rivera Núñez. El Estado falla en aplicar la norma 046 (ILE) y en prevenir estos casos, expone.
domingo, 3 de agosto de 2025 · 06:00

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El embarazo en niñas de entre 10 y 14 años en México es una situación “muy grave” que va de la mano del delito de abuso sexual, y persiste porque su atención desde el Estado tiene “fallas multifactoriales”: pobreza, marginación, falta de educación, de salud y de procuración de justicia, denuncia la gerente de Operaciones de la organización civil Telefem, Paula Rita Rivera Núñez.

“Cuando hablamos de niñas de 10 años embarazadas estamos hablando de delitos. No hay ninguna niña de 10 años que esté física o emocionalmente preparada para consentir una relación sexual”, explica en entrevista. 

Peor aún, alerta que, “cuando pensamos en niñas menores de 14 años embarazadas en México, 80% es producto de un abuso sexual que generalmente está ligado a alguien de la familia: padrastros, tíos, hermanos mayores, familiares cercanos y, en muchos casos, los abusos no se denuncian”.

Licenciada en Obstetricia y Puericultura, Rivera Núñez recuerda la denuncia que a principios de julio último se hizo pública en la conferencia matutina de Palacio Nacional sobre 30 casos de embarazos infantiles registrados por la Secretaría de Salud del gobierno federal (Ssa). 

En esos casos, los padres de los bebés tenían más de 30 años de diferencia y en algunos casos se sospechaba que eran producto de un matrimonio forzado.

 “Este embarazo de niñas es grave, es algo que no debe ocurrir. Nosotros deberíamos tener cero casos. De hecho, es un compromiso de México que en el año 2030 se tengan cero casos de niñas gestantes o parto de niñas de 10 a 14 años y disminuir en 50% el embarazo adolescente. Éstos han ido en disminución, pero no lo hemos logrado”, reconoce.

Rivera se refiere a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el plan de acción global impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para enfrentar desafíos como pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático.

Rivera. "Hay casos con 69 años de diferencia entre la menor de edad y el padre del bebé". Foto: Facebook / Telefem  

De acuerdo con la Ssa, uno de cada 25 bebés que nacieron en México en 2024 lo hicieron de una madre que aún no salía de la infancia y un padre que le triplicaba la edad a ella. Hay casos con 69 años de diferencia, otros 10 en los que ésta superó los 50, más de mil en que había más de 20 años entre ellos y casi 500 en los que el padre rebasaba los 40. Por el contrario, también se presentaron 12 casos en los que los padres tenían entre 10 y 12 años, 83 entre 13 y 14; mientras que en tres mil 244 casos tenían entre 15 y 16 años.

En 2023 México registró una tasa de 11.4 nacimientos por cada mil mujeres en el rango de 10 y 17 años de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Fallas multifactoriales

Con 25 años de experiencia como matrona clínica en hospitales públicos y privados en su país natal, Chile, y en México, Paula Rivera explica que la persistencia de embarazos infantiles en México es una “situación grave, habitualmente va de la mano del abuso sexual. Es un delito”. 

–¿Dónde está la falla del Estado para prevenir estos casos?

–Es multifactorial; no podríamos decir que es una sola cosa o que el gobierno falló en algo en particular. Al contrario, hay fallas en el sistema, pero hay estrategias que están en curso y que han tenido efectividad.

La especialista menciona la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), creada por el gobierno mexicano en 2015 para reducir la tasa de embarazos en mujeres de 10 a 19 años. Ésta, dice, ha logrado disminuir la cifra, pero falta enfatizar en las causas.

En primer lugar, nombra la desigualdad. “El embarazo de niñas y adolescentes está vinculado de manera potente a la pobreza, a los rezagos educativos, en general, a la ruralidad”; así como a grupos vulnerables como los indígenas y a causas culturales como matrimonios forzados, uniones tempranas, usos y costumbres que “justifican o silencian el abuso sexual”. Esos factores hacen que “estén más expuestas a la violencia sexual y la trata”.

Con experiencia en la coordinación de proyectos que promueven la partería y humanización de la atención a embarazadas, Rivera Núñez explica que en la estrategia de prevención de embarazos infantiles y adolescentes en México también hay fallas en el sistema de salud, el de procuración de justicia y el de educación sexual integral.  

“Una niña de esa edad no puede comprender siquiera lo que le está ocurriendo, no tiene herramientas para identificar el abuso y en muchas zonas del país no se imparte la educación sexual reproductiva acorde la edad”, denuncia. Pertenecer a círculos de pobreza y marginación implica no tener acceso a servicios de salud o que estén restringidos y, por ende, tampoco a métodos anticonceptivos ni a la prevención del abuso infantil y de la violencia.

Centros de salud. Fallas en el sistema. Foto: Benjamín Flores 

Impunidad

Lo más preocupante en los 30 casos denunciados de embarazo infantil, dice Paula Rivera, es que no se sabe qué ha pasado penalmente con los padres: “¿Cómo puede haber un hombre de 65 años que tenga un hijo con una niñita de 12? No hay que ser genio para saber que ahí hay un abuso. ¿Dónde están las denuncias? ¿Qué ocurre en el centro hospitalario cuando hay una niña de 10 años que va a parir? ¿Se echa andar o no el protocolo que está en la Norma 046 que respalda a las niñas como víctimas de violación?”.

Se refiere a la norma mexicana 046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, que menciona el derecho de recibir el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cuando éste se dio por una violación sexual. De paso, insiste en que el sistema de procuración de justicia tiene que actuar “de forma digna, rápida y que no exista revictimización”.

Consecuencias

Gerente operativa de Telefem, organización sin fines de lucro que ofrece servicios de ILE con medicamentos vía telemedicina, Paula Rivera advierte sobre los riesgos o consecuencias de los embarazos en niñas.

En primer lugar, menciona la muerte materna como el principal riesgo biológico para la madre. “La muerte materna es un indicador sensible de un país que, mientras más alta es, mayor brecha social o mayor inequidad o injusticia social existe”.

Recuerda que México tiene un índice de muerte materna alto a nivel latinoamericano. “Si comparas con países del cono sur, Uruguay tiene la menor muerte materna: se mueren 12 mujeres por casi 1000 nacidos vivos; en México podríamos hablar de que son más de 100”, detalla. 

Otros riesgos físicos para las niñas madres pueden ser lesiones severas como desgarros del piso pélvico, fístulas –o conexión anormal entre dos partes del cuerpo–, partos prematuros, cesáreas forzadas, aborto inseguro, preeclampsia y eclampsia o convulsiones y coma en mujeres con preclampsia.

Imagina una niña de 10 años pariendo una criatura de 2.5 kilos, todo el trauma del tracto genital que habitualmente tienen las mujeres adultas al parir, en una niña de 10 años puede ser catastrófico; y si todo sale relativamente bien, significa tener una vida sexual de adulta de mala calidad.

Para el recién nacido también hay alertas como muerte fetal, bajo peso, malformaciones genéticas, entre otras. Entre los riesgos psicológicos en la madre menciona traumas de carácter severo, abandono escolar, exclusión y obstrucción social y la posibilidad de tener más embarazos o que sus hijos repitan el patrón. 

Pobreza, uno de los factores de la crisis. Foto: Miguel Dimayuga

Presupuesto insuficiente 

La directiva de Telefem menciona la ILE como una alternativa ante el embarazo infantil a causa de una violación sexual. “En el caso de las niñas de 10 años todas debieran tener derecho a ser a ser llevadas a un centro de salud y que se les practique una interrupción legal. Eso debiera ser una solución”, afirma. 

También considera que, para disminuir el fenómeno, el Estado debe invertir un presupuesto adecuado en educación sexual y de salud materna perinatal; así como en la capacitación en protocolos para la protección de las niñas para saber qué hacer y cómo denunciar una violación sexual. 

Esto no tiene que ver con la religión. Tenemos que entender que toda esta temática de la sexualidad tiene que ver con un problema sanitario, que no es un tema religioso.

Y sobre el embarazo infantil en matrimonios forzados por usos y costumbres, considera que se tiene que hacer un “trabajo hormiga, pues se tiene una creencia cultural sumamente arraigada. Estás peleando con siglos de tradición, pero alguien tiene que romper el paradigma. ¿Cómo? Educando sobre la sexualidad. No tienes otra chance”.  

 

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