XALAPA, Ver (Proceso).– Con la promesa de regresar el futbol de Primera División a Veracruz, el exgobernador Cuitláhuac García erogó mil 500 millones de pesos en la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente. En 2022 aseguró que el nuevo recinto sería inaugurado antes de concluir su mandato con el regreso de una franquicia de primer nivel, sin embargo, la meta no se cumplió.

En lugar de concretar ese objetivo, y bajo el argumento de reactivar el deporte, el gobierno estatal justificó el gasto en la obra con un dictamen técnico de Protección Civil que recomendaba revisar varios puntos del inmueble, especialmente las gradas. 

Durante la reconstrucción del estadio, el gobierno estatal otorgó licitaciones a la empresa Pegsa Construcciones SA de CV, que posteriormente fueron señaladas como irregulares por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Antes de que la obra concluyera, el estadio fue entregado en comodato por diez años al empresario José Carlos Vives Gómez. 

Para la segunda y tercera etapa del proyecto se adjudicaron contratos por más de mil millones de pesos a la empresa Grupo AEM México JF SA de CV, a la que en 2019 se incorporó el empresario Mario Manuel Guerra Mabarak, cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

La relación entre ambos se evidenció porque viajaron juntos a Tokio en julio último, situación por la cual el secretario de organización de Morena ha sido duramente cuestionado. 

Guerra Mabarak, originario de Poza Rica, también es socio —según consta en las actas constitutivas consultadas por Proceso— del empresario Fernando Padilla Farfán, quien mantiene vínculos cercanos con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Ambos aparecen en varias fotografías de eventos familiares y políticos.

Mabarak y Padilla son socios en la empresa FMedical SA de CV creada en 2010 y la cual recientemente fue ventilada por ser dueña de las llamadas camionetas de la salud que promueven la imagen de la senadora morenista Andrea Chávez, quien aspira a ser candidata a gobernadora de Chihuahua en 2027 y también es cercana a Adán Augusto López. 

Los empresarios mencionados son también socios desde 2008 en otra decena de empresas de diversos giros: constructoras, distribución médica y otros negocios que han obtenido contratos millonarios en Puebla, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Baja California y Veracruz, entre otras entidades. 

Guerra Mabarak aparece como socio principal en al menos 25 empresas según el Registro Público del Comercio. La última a la que se sumó como administrador fue a Grupo AEM México JF, responsable de la terminación de las obras del estadio Luis “Pirata” Fuente. 

La remodelación del estadio que hasta hace algunas temporadas fue casa de los Tiburones Rojos del empresario y político priista Fidel Kuri Grajales fue entregada con retrasos y fallas estructurales que generaron críticas públicas de los aficionados. Ante las denuncias, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, anunció que no se realizarán los pagos pendientes a los constructores hasta concluir una auditoría técnica de la obra. 

Actualmente, el proyecto emblemático de Cuitláhuac García es revisado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), la Contraloría estatal y otras instancias. El comodato también se encuentra bajo evaluación.

La promesa incumplida del regreso del futbol

Los anuncios sobre la inminente llegada de un equipo que sustituiría a los Tiburones Rojos de Veracruz generaron expectativas en la afición durante gran parte del sexenio de Cuitláhuac García, tras la desafiliación del club en 2019. En ese momento el gobernador aseguró que el primer paso era contar con un estadio renovado. “No podemos negociar (el regreso de un equipo de la Primera División en la Liga MX) sin un estadio, primero debemos tener la infraestructura”, declaró. El mandatario reiteró en varias ocasiones que existían negociaciones para llevar un equipo.

El Luis “Pirata” Fuente, inaugurado en los años sesenta fue ligeramente remozado rumbo a los Juegos Centroamericanos de 2014. Tras su abandono en 2019 sufrió un deterioro acelerado. La remodelación comenzó en diciembre de 2022 con un contrato inicial de 404 millones de pesos financiado con recursos provenientes de la reestructuración del bono “cupón cero”, contratado por el entonces gobernador Javier Duarte.

En el gobierno de Cuitláhuac García este bono se reestructuró y se convirtió en un crédito a largo plazo por 4 mil 747 millones de pesos. Al hacer este cambio, el gobierno del estado recibió de inmediato 2 mil 400 millones de pesos, el valor que esos cupones tendrían hasta 2023.

A través del Instituto de Espacios Educativos el gobierno de Cuitláhuac García destinó parte de estos fondos a tres contratos por más de mil 500 millones de pesos para la remodelación del estadio. Pero detrás de la obra se documentaron irregularidades como retrasos, licitaciones simuladas y deficiencias en la construcción.

Incluso la inversión de la obra no es clara. Una serie de contratos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información revelan que la obra costó mil 499 millones de pesos. La Secretaría de Finanzas difundió que el costo del contrato fue de mil 604 millones de pesos. 

El primer contrato fue otorgado a Pegsa Construcciones SA de CV que simuló haber competido con otra empresa cuyos socios eran los mismos para ganar la licitación por 404 millones de pesos. Debido a esto la ASF advirtió que “hubo una deficiente revisión de la documentación presentada, lo que implicó riesgos de beneficios indebidos en la contratación pública”. El organismo emitió dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Dirección General de Investigación determinara posibles responsabilidades de los servidores públicos.

En 2023 y 2024, los contratos por mil 95 millones de pesos, para la segunda y tercera etapa del estadio Luis “Pirata” Fuente, fueron asignados a la empresa Grupo AEM México JF, fundada en 2009 como sociedad financiera (Sofom) dedicada al otorgamiento de créditos y que, entre 2012 y 2013, cambió de giro para convertirse en constructora. 

Esta no fue la primera obra estatal que recibió. En 2020, el gobierno de Veracruz también le otorgó a Grupo AEM la remodelación del estadio de beisbol “Beto Ávila”, casa del equipo Águila de Veracruz, por un monto de 80 millones de pesos y otras obras.

En 2019, el empresario Mario Manuel Guerra Mabarak se incorporó a Grupo AEM México JF como apoderado legal y administrativo. Desde hace más de 17 años mantiene una sociedad empresarial con Fernando Padilla Farfán en diversos negocios.

Padilla Farfán ha sido señalado como operador financiero del senador y exgobernador de Tabasco Adán Augusto López. Su relación está documentada en diversos eventos públicos junto a los gobernadores de Chiapas, Rutilo Escandón Cadenas, cuñado de Adán Augusto, y al de Puebla, Alejandro Armenta. 

El coordinador de Morena en el Senado ha mostrado su familiaridad con Padilla Farfán al viajar hasta Coatepec, Veracruz, donde éste ha celebrado sus últimos cumpleaños. 

Un comodato en revisión

En enero de 2024 el todavía gobernador Cuitláhuac García anunció que, una vez concluidas las dos etapas de rehabilitación y reconstrucción proyectadas para marzo, el estadio Luis “Pirata” Fuente estaría listo para recibir la franquicia Veracruz FC de la Liga de Expansión, que comenzaría a jugar en octubre de ese mismo año.

A media remodelación, en junio de 2024, el Congreso del Estado —a petición del gobernador— aprobó entregar en comodato por diez años el estadio al empresario deportivo José Carlos Vives Gómez, representante de CF Veracruzano SA de CV, supuesto socio de Bernardo Pasquel, a quien previamente se le había otorgado el comodato del estadio “Beto Ávila”.

Cuitláhuac García explicó que el contrato incluía “candados” para “evitar que la historia de abandono y corrupción en el futbol profesional se repita”. La entrega al CF Veracruzano se hizo con un plazo máximo de diez años y una revisión bianual del cumplimiento de los acuerdos. 

Entre las condiciones se estableció que la empresa devolvería el inmueble si dejaba de participar o pertenecer a la Asamblea de Socios de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), si extinguía el instrumento jurídico que la vinculaba con ese organismo, si perdía el estatus de sociedad anónima de capital variable, si desalentaba la práctica del deporte o si el equipo era retirado de la liga.

El comodato también obliga al concesionario a dar mantenimiento a las canchas, áreas verdes, interiores y exteriores, baños públicos y accesos, así como a eliminar humedades y filtraciones, principal causa del deterioro que obligó a demoler y reconstruir gran parte del inmueble.

Pese a ello, el equipo prometido nunca llegó y hasta la fecha el comodato sigue vigente. 

La sociedad CF Veracruzano está conformada por los hermanos José Carlos y René Roberto Vives Gómez y el padre de ambos, René Roberto Vives Vives, quienes poseían los derechos del nombre “Piratas de Veracruz” como se llamaría el equipo de la Liga de Expansión que supuestamente jugaría en el estadio remodelado. 

En 2025, estos derechos fueron transferidos a Desarrolladora de Futbol de México ALC, que busca explotar comercialmente y operar un club profesional afiliado a la FMF, en la Liga de Expansión. 

La intención era que los Piratas de Veracruz sustituyeran al desaparecido equipo Tiburones Rojos. Sin embargo, la Liga de Expansión no autorizó el cambio de plaza de Celaya a Veracruz.

Obra en el ojo de las auditorías

El estadio fue inaugurado en mayo de este año y en junio albergó la International Football Cup Veracruz 2025, con la participación de los equipos Once Caldas (Colombia), Newell’s Old Boys (Argentina), Mazatlán FC y Cruz Azul de la Liga MX. Sin embargo, la afición denunció fallas en el diseño que se viralizaron en redes sociales: en cuatro esquinas la visibilidad de la cancha es casi nula porque estorban las torres de servicios de los palcos, cocinas y baños.

Rocío Nahle reconoció las deficiencias y anunció correcciones que incluyen la eliminación de tres filas de asientos a cargo de la empresa constructora. Confirmó que la obra está siendo revisada por la Contraloría General del Estado y el Orfis.

La titular del Orfis, Delia González, adelantó que en septiembre se darán a conocer los resultados de la revisión a la segunda y tercera etapa de la obra. 

En este contexto, en julio último la diputada priista Ana Rosa Valdés Salazar presentó un anteproyecto de punto de acuerdo para que el Orfis informe a la Comisión Permanente de Vigilancia sobre la remodelación del Luis “Pirata” Fuente. 

“Es una obra que de ningún modo tenía características de prioritaria, dadas las inmensas necesidades del estado, por ejemplo, en materia de infraestructura carretera. ¿A quién debe llamarse a cuentas para que explique qué sucedió en la realización de una obra cuyo costo rebasó en más de cuatro veces el presupuesto original, pues de 404 millones se elevó a más de mil 600 millones de pesos?”, cuestionó la legisladora.

A las críticas se sumó el senador morenista Manuel Huerta, quien señaló que en la remodelación “alguien hizo un gran mal negocio”. Recordó que desde el inicio advirtió que se trataba de “una inversión irracional, innecesaria” y que ahora “las autoridades que salen y que entran tienen que demostrar qué se hizo con los recursos”.

Pese a todo la gobernadora Rocío Nahle también prometió el regreso del futbol profesional para mediados de este año, lo cual no ocurrió.