GUADALAJARA, Jal. (apro).- La vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas en Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, se lavó las manos de las omisiones en el procesamiento del rancho Izaguirre.  

Este jueves declaró que no tiene responsabilidad en las decisiones tomadas en ese caso. La funcionaria afirmó que su rol se limita a coordinar y supervisar las actividades de los servidores públicos, y que las decisiones jurídicas corresponden exclusivamente a los responsables directos, como los Ministerios Públicos y las instancias judiciales. 

Cabe recordar que, en septiembre de 2024, cuando fue hallado el lugar por un enfrentamiento de personas armadas y la Guardia Nacional, Trujillo Cuevas ocupaba el cargo de titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Aunque el puesto cambió de denominación en la actual administración estatal, sus responsabilidades permanecen prácticamente igual.  

La funcionaria estatal insistió en que no tiene la facultad de ordenar o detener un procesamiento, en este caso del rancho Izaguirre, donde presuntamente ocurrieron hechos relacionados con reclutamiento forzado e inhumaciones clandestinas de cuerpos humanos. 

Al ser cuestionada sobre si ordenó la no realización del proceso en Izaguirre, la vicefiscal respondió que no cuenta con la autoridad para emitir ese tipo de órdenes, y que esas decisiones corresponden a los agentes del Ministerio Público responsables de la investigación, quienes actúan conforme a las normativas legales aplicables.  

“No está dentro de mis facultades y atribuciones ordenar tal situación. La figura que en ese momento era fiscal en especial en personas desaparecidas, ahora la nomenclatura cambia a vicefiscal es coordinar y verificar que efectivamente los servidores públicos realicen sus funciones. Mucha también de la función es tema administrativo, pero quién es el responsable jurídicamente de un procesamiento y que decide cuándo inicia y cuándo jurídicamente lo va a declarar concluido, pues son los servidores públicos que intervienen directamente en el mando y conducción firmando registros y pues haciendo su trabajo. Son miles de carpetas de investigación las que se integran y obviamente para eso existe cada agencia del Ministerio Público que es la responsable de los casos que tiene a cargo. Entonces, en este caso yo no podría porque no está dentro de mis facultades el ordenar que inicien o dejen de hacer algo porque los servidores públicos saben que la Ley Orgánica, la Ley General, la Ley Estatal y el mismo reglamento este establecen muy claramente las facultades y atribuciones que tenemos cada servidor público en el organigrama”, declaró a pregunta expresa. 

Además, Trujillo Cuevas argumentó que la responsabilidad jurídica de cuándo se inicia o concluye un proceso la tienen los servidores públicos que intervienen en la investigación, firmando registros y conduciendo las acciones correspondientes, pero que ella, dijo no puede intervenir en esas decisiones.  

La vicefiscal puntualizó que no le corresponde a ella indicar si está libre de responsabilidad en este caso, aseveró que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción determinar si hubo irregularidades en el trabajo realizado y, en ese caso, establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. 

¿Por qué no está usted entre las 12 personas que están siendo investigadas por posibles omisiones?, se le preguntó. 

“Yo creo que esa es una respuesta que tendría que dar el fiscal anticorrupción, eso no es decisión mía. Eh, yo comparecí eh cuando me citaron a declarar como testigo (en un juicio anterior relacionado con el rancho Izaguirre), establecí las circunstancias tiempo, modo y lugar que me preguntaron y ellos son los que deciden el carácter que le dan a cada persona en la investigación”, anotó. 

¿Usted siente que está libre de responsabilidad en esas omisiones?, se le insistió. 

“Yo no puedo opinar, ellos tienen la carpeta, ellos son los que toman las decisiones jurídicas”, contestó Trujillo Cuevas. 

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación, la 180/2025, que ya está judicializada por las omisiones en el procesamiento de los indicios del rancho Izaguirre, la cual ya fue judicializada contra 12 funcionarios públicos, aunque Trujillo Cuevas no está incluida entre ellos. El funcionario de más alto cargo en esa indagatoria es Saúl Arámbula, director de Búsqueda de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas; también está siendo investigada la actuación de la agente del Ministerio Público, Ana Berenice Zúñiga Vargas, quien inicialmente tomó conocimiento del caso en el rancho Izaguirre en septiembre de 2024. 

La lista completa de los funcionarios que están señalados o investigados en esta carpeta de investigación por los delitos de: abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público son: Ana Berenice Zúñiga Vargas, Isis Lizbeth Hernández Quintero, Ana Renata Moreno Esparza, Edgar Brandon Ramírez Márquez, Enrique Yeragzmel Barragan Barbosa, Juan José Huerta Valdivia, Joel Alejandro Robles Zuzuarregui, Betsaida Aguilar Castro, Ubaldo Robles Pastrano, Martin Alonso Argote Chávez, Rodolfo Rodríguez Montes y Francisco Javier Becerra Bizarro. 

El juicio relacionado con esta investigación de la causa administrativa 4794/ 2025, aún no tiene fecha definitiva de realización; después de dos aplazamientos, la audiencia inicial está programada para efectuarse el próximo 4 de agosto, pero las partes aún no han sido notificadas.  

En cuanto a los procedimientos penales en curso, Trujillo Cuevas informó que en general existen cinco investigaciones en etapa complementaria por asuntos relacionados con el rancho Izaguirre, referentes a distintas víctimas. También reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo otras indagatorias, relacionadas con hechos similares.