Ayotzinapa

Rosendo Gómez Piedra, el fiscal de Ayotzinapa que los padres acusaron de no haber "hecho nada"

Por su labor como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Gómez Piedra tuvo un sueldo mensual bruto de 185 mil 519 pesos; en su momento, relató que en los avances del caso había 120 detenidos, 46 causas penales y más de 800 lugares visitados en la sierra.
jueves, 17 de julio de 2025 · 05:00

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-"Si ustedes me preguntan si hemos encontrado a los muchachos, no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan", esa fue una de las pocas declaraciones públicas que pronunció Rosendo Gómez Piedra, el entonces fiscal especial de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; después de casi tres años en el cargo presentó su renuncia y el paradero de los normalistas continúa siendo un misterio. Desde la desaparición de los jóvenes en 2014, únicamente se han recuperado los restos de tres estudiantes.

Por su labor como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Gómez Piedra tuvo un sueldo mensual bruto de 185 mil 519 pesos, de acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia. En su momento, relató que en los avances del caso había 120 detenidos, 46 causas penales y más de 800 lugares visitados en la sierra.

Desde mayo los familiares de los estudiantes desaparecidos solicitaban la destitución de Gómez Piedra, al que señalaron de no dar “respuestas contundentes” en las investigaciones, que por años no han mostrado mayores avances. Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Mauricio Pazarán Álvarez tomaría el cargo.

Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, explicó que, durante la reunión de casi tres horas que tuvieron en mayo, la presidenta se mostró receptiva a sus peticiones, entre ellas que Gómez Piedra fuera destituido.

“Para nosotros de por sí no ha sido competente en su puesto, y últimamente se han descubierto otras cosas que no sabíamos, como que se emborrachaba en las búsquedas de nuestros hijos, que hacía fiestas, que se iba a su casa a la 1 de la tarde y ya no regresaba, es decir, que no hacia su trabajo”, contó González a Proceso.

El padre de César Manuel añadió que, desde el punto de vista de los padres y madres de familia de los 43 normalistas, “la ventaja es haber descubierto que no se ha hecho nada por culpa del fiscal; que desafortunadamente todas las líneas de investigación están botadas por culpa de ese tipo que no hacía su trabajo”.  

Por su parte, en julio del año pasado, Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez, uno de los 43 normalistas, expuso su desilusión del encuentro con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, pues consideró que el presidente sigue "cerrado” en su versión de defender a las Fuerzas Armadas.

Operación silencio

Proceso reveló el año pasado que la mayoría de la información relevante sobre la desaparición, recopilada por el Ejército antes, durante y después de los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fue “ocultada” por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el expediente sobre ese caso que fue integrado por la Fiscalía General de la República (FGR).

En mayo de 2022, a raíz de las reiteradas solicitudes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ordenó a todas las unidades de la Sedena enviarle la “información física” que tuvieran sobre de la desaparición

Esa información, que el Ejército negó a la CoVAJ, fue “concentrada” y “resguardada” en las instalaciones del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Proceso registró que los testimonios y pruebas documentales en poder de la Fiscalía indican, además, que la Sedena decidió cambiar todas las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información del caso Ayotzinapa, para evitar que integrantes de la CoVAJ encontraran esos datos.

Al salir de su primera reunión con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y las madres y padres de los jóvenes normalistas desaparecidos en octubre de 2022, Gómez Piedra aseguró que se investigaría a todos, incluido a la Sedena.  

El funcionario afirmó que su compromiso era “ seguir trabajando las mismas líneas de investigación, con responsabilidad con honestidad, lealtad, con todos los principios que nos marca la ley”.

-¿A pesar de la Sedena?, se le preguntó.

-A pesar de quien sea, cero impunidad, se los dijo el presidente y lo ratificamos nosotros. Respondió el funcionario, quien agregó que el Ejército no será obstáculo para avanzar en la justicia de este caso, porque “hay una apertura total y completa”.

-¿No les han expresado que sienten que no avanzan en nada porque no se sabe dónde están sus hijos?, se le cuestionó.

-No necesariamente porque saben que se está investigando.

Su compromiso, dijo en aquel momento, es “seguir investigando y que se haga justicia, ellos tienen un reclamo justo de justicia, el gobierno tiene un compromiso de verdad y justicia y nosotros la responsabilidad de verdad”.

Nombramiento cuestionado

Hasta antes de ser designado, Gómez Piedra era el director jurídico del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), el nombramiento fue realizado directamente por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero en octubre del 2022. La encomienda fue criticada en su momento, por ser uno de los hombres cercanos del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López y quién hoy se encuentra en medio de la polémica, por los señalamientos de otro de sus colaboradores: Hernán Bermúdez Requena, identificado como el líder del grupo criminal "La Barredora", en Tabasco. 

Gómez Piedra llegó para relevar a Omar Gómez Trejo, luego de su polémica renuncia, que derivó en diversos señalamientos por parte del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) y de la asesoría victimal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, que coordina el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, por las injerencias indebidas en la investigación del caso Iguala.

El esclarecimiento sobre lo que sucedió con los jóvenes desaparecidos en Guerrero a manos de la delincuencia organizada, en contubernio con autoridades locales y elementos del Ejército, es uno de los compromisos pendientes de la administración de Andrés Manuel López Obrador y que heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum. 

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