CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum celebra que un indígena, Hugo Aguilar, fue electo para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Relatoría Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, ambas oficinas de Naciones Unidas, la emplazaron a rendir cuentas por la privación de la libertad en contra del defensor indígena Higinio Bustos Navarro, quien fue encarcelado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  

En una comunicación dada a conocer este martes, los organismos solicitaron la atención de la presidenta a la “presunta criminalización arbitraria del defensor de derechos humanos Higinio Bustos Navarro”, indígena náhuatl originario de la localidad de Huautla, Hidalgo.   

En el documento firmado por la relatora especial Mary Lawlor y la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Ganna Yudkivska, se alerta que, el 4 de abril, ambos organismos dieron un plazo de 60 días a la presidenta para fundamentar la detención de Bustos Navarro, dirigente del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en el estado de Hidalgo, sobre quien ya se había pronunciado el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en la que “solicitó al Estado su liberación inmediata”.  

Recordaron que en la comunicación 41/2024, el Grupo de Trabajo concluyó que el defensor indígena había sido víctima de detención arbitraria, por lo que además de solicitar su liberación, se le solicitó al Estado “concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, lo que no sólo no ha ocurrido, sino que Bustos sigue en detenido en el Centro de Reinserción Social de Tantoyuca, Veracruz.  

Los organismos de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación por la detención arbitraria del defensor Hugo Bustos Navarro y por el proceso legal en su contra, ya que tememos sea un acto de represalia por sus actividades de defensa de los derechos humanos y de discriminación por su calidad de persona indígena y pertenencia política”.  

De acuerdo con la comunicación, Bustos Navarro tiene una trayectoria reconocida como defensor de derechos humanos a la autodeterminación de los pueblos indígenas y al territorio, y como miembro del FNLS, ha trabajado “por el derecho a una vida digna, contra la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y por la libertad de presos políticos”. 

El defensor fue detenido sin orden de aprehensión el 3 de mayo de 2021 por 12 agentes de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, armados y vestidos de civil, en las inmediaciones de Chicontepec, Veracruz.  

Según el relato, en el cruce carretero Huautla-Terrerillos con la carretera San Sebastián Chicontepec, Bustos Navarro fue bajado por la fuerza del vehículo en el que se trasladaba, esposado y obligado a subirse a una camioneta blanca, para luego ser trasladado al Centro de Reinserción Social de Tantoyuca, Veracruz, donde actualmente se encuentra.  

De acuerdo con las autoridades, la detención respondió a una orden de aprehensión librada el 21 de enero de 2011, por el delito de homicidio calificado que habría sucedido en 2008, “es decir, 13 años antes de la detención de Higinio Bustos”.  

Además de que los agentes no se identificaron ni explicaron el motivo de la detención de Bustos, otras de las irregularidades detectadas en el caso tienen que ver con que “la serie de diligencias investigativas efectuadas en 2011 no indicaron la participación conclusiva el defensor de derechos humanos en el homicidio”, al no ser reconocido por testigos del crimen, ya que los agresores de la víctima “llevaban los rostros totalmente cubiertos”.  

Se agrega que en el caso se registró “el cambio de jurisdicción provocado por el hecho de que el occiso era militar habría violado la igualdad de armas, ya que, a este cambio, no se admitió un testigo pertinente para la defensa del defensor de derechos humanos”, quien, para los organismos de la ONU, “habría sido detenido y estaría siendo investigado debido a su calidad de defensor indígena y su pertenencia política”.   

De acuerdo con información divulgada por el Comité Cerezo, que defiende el caso, Bustos Navarro fue procesado “sin haber sido siquiera mencionado en la carpeta de investigación abierta tras este delito”, ocurrido en 2008.  

“Nos preocupa que tales acusaciones obstaculicen y desacrediten la labor y esfuerzos del señor Higinio Bustos en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”, alertaron las expertas de la ONU que firman la comunicación a la presidenta.  

Alertan sobre el “efecto amedrentador sobre la labor de otras personas defensoras de los derechos humanos y su capacidad de ejercer libremente el derecho a promover y procurar la protección y la realización de los derechos humanos y libertades fundamentales”. 

En la comunicación, entre otras cosas se le requiere a la jefa del Estado mexicano “proporcionar información detallada sobre la base fáctica y jurídica de la acusación en contra del señor Higinio Bustos”; las garantías al debido proceso que se le han otorgado al defensor y las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la opinión 41/2024, así como sobre “las medidas de prevención adoptadas para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, en particular de los derechos de los pueblos indígenas, puedan llevar a cabo su labor en México sin miedo de sufrir actos de discriminación”.  

En respuesta a la comunicación, el 22 de abril de 2025, la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, trasladó la respuesta del Estado mexicano a la Relatora Especial sobe la Situación de Defensores de Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, en la que refieren que, el 8 de diciembre de 2023, Higinio Bustos fue sentenciado a 20 años de prisión y una multa de 39 mil 105 pesos, por el homicidio calificado de Honorio Martínez Lara, condena que fue ratificada el 4 de julio de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.  

En la respuesta, el Estado mexicano sostiene que se le respetó el debido proceso al indígena, que se actuó bajo la normatividad local, y respetando derechos humanos consagrados en convenios internacionales firmados por México.