maltrato infantil

A sus 8 años Max sufre la muerte de su madre, los golpes de su padre y un litigio empantanado

La lucha legal por la custodia de Max, un niño víctima de violencia familiar, expone las graves omisiones del Poder Judicial: jueces, magistrados y recursos legales entorpecen su derecho a una vida libre de abuso.
miércoles, 30 de abril de 2025 · 14:15

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con apenas ocho años, Max no sólo forma parte de los 23 mil 565 casos de violencia familiar registrados hasta marzo último en el país, sino que también es víctima de la violencia institucional que los Poderes Judiciales local y federal pueden cometer contra los justiciables.

Los jueces familiares Fernando Bárcena Vázquez y María Luisa Vázquez Cerón, la magistrada Gloria Rosa Santos Mendoza, quien intentó ser candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se arrepintió de último momento, y la juez federal Virginia Gutiérrez Cisneros han emitido órdenes que hoy mantienen al niño en medio de un litigio empantanado en el que su voz sólo ha sido escuchada una vez en los siete años en que su nombre aparece en los estrados judiciales.

Max nació el 14 de julio de 2016; ese mismo día su madre perdió la vida tras dar a luz, razón por la que sus abuelos maternos le dijeron a su padre, Emmanuel Alejandro Velasco Peregrina, que él y el bebé podían vivir con ellos para apoyarse.

Posteriormente Velasco Peregrina decidió rehacer su vida y salir de la casa de sus suegros, quienes pudieron convivir con Max hasta junio de 2018, fecha en que los abuelos afirman que el viudo de su hija ya no les permitió ver al pequeño.

Por ello, desde ese año los abuelos demandaron a Velasco Peregrina la fijación de un régimen de visitas y convivencias, mismo que fue resuelto el 7 de enero de 2019 mediante un convenio celebrado ante el secretario de Acuerdos en funciones del juez Primero de lo Familiar en la Ciudad de México, Eduardo del Moral, actualmente candidato a juez familiar.

El régimen de visitas y convivencias fluyó de manera regular, la comunicación entre Emmanuel Alejandro y sus exsuegros era cordial y constante para coordinarse sobre cualquier cambio en el lugar donde los abuelos debían recoger al niño para convivir con él.

Fue así que el 18 de noviembre de 2022 Emmanuel Alejandro Velasco le dijo a sus exsuegros que Max no asistió a la escuela por estar resfriado y que pasaran por él a su casa.

Al llegar por el niño los abuelos se percataron de que el niño tenía un golpe en la mejilla derecha. Al ser cuestionado, Max dijo que se había caído.

En México, 23 mil 500 casos de violencia familiar. Foro: Cuartoscuro

Con el pretexto del resfriado, Emmanuel Velasco le dijo a los abuelos de su hijo que no expusieran al niño a cambios bruscos de temperatura ni lo metieran a bañar.

Sin embargo, el 19 de noviembre de 2022 Rosa María le pidió a Max que se metiera a bañar y cuando entró al baño para recoger la ropa sucia del niño se percató de que tenía golpes en la espalda, el costado y ambos glúteos.

Por ello, el niño fue cuestionado nuevamente por su abuela sobre qué le pasó, Max respondió que su papá le pegó “por no obedecer”, le contó que todo había ocurrido a inicios de la semana y que por ello no había ido a la escuela, pero que cuando fueron a recogerlo a su casa no quiso decir nada por miedo a que su papá se enojara.

Rosa María López le llamó a su exyerno para pedirle una explicación.

“Ustedes no me van a enseñar cómo educar a mi hijo, y si no les parece, ya no voy a dejar que lo vean”, les dijo.

Por eso, el 1 de diciembre de ese año Rosa María y su esposo, Carlos Vicente Rangel Ruíz, acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a denunciar violencia familiar en agravio del niño.

Derivado de ello, la Fiscalía inició la carpeta de investigación CI-FITLP/UAT-TLP-5/UI-1/S/D/01169/12-2022, desde entonces el DIF les concedió medidas de Atención y Cuidado, que implican que Max pueda vivir con ellos de manera provisional mientras se resuelve judicialmente con quién deberá quedarse a vivir.

En junio de 2023 los abuelos intentaron tramitar un incidente de cambio de guarda y custodia ante el juez Primero de lo Familiar, Fernando Bárcena Vázquez, quien lo desechó debido a que en el expediente de origen no se determinó absolutamente nada sobre la guarda y custodia de Max.

Por ello, tramitaron la guarda y custodia como un juicio nuevo que fue radicado ante la juez Vigésimo Séptimo de lo Familiar, María Luisa Vázquez Cerón, quien, pese a las múltiples ocasiones en las que han acudido a notificar en el domicilio de Emmanuel Alejandro Velasco Peregrina, hasta hoy no ha sido posible concretar dicha diligencia y la juzgadora no accede a ninguna otra alternativa para poder emplazarlo a juicio.

En agosto de ese año Emmanuel Alejandro Velasco tramitó ante el juez Bárcena una vía de apremio contra los abuelos de su hijo en la que solicitó que Max regrese a su casa, pero el juzgador también desestimó su petición bajo el mismo argumento con el que desechó el incidente que intentaron tramitar sus exsuegros.

Contra esta decisión Velasco Peregrina tramitó un recurso de apelación que fue enviado a la Tercera Sala Familiar donde la magistrada Gloria Rosa Santos Mendoza fue la encargada de analizar el caso.

Proceso informó el 25 de marzo último que la magistrada Santos Mendoza busca conservar su cargo en el Poder Judicial local en las elecciones de junio próximo, que sus hijos trabajan en la misma institución y que, su hijo y su yerno también buscan ganar las elecciones para ocupar cargos como jueces familiares.

El conflicto se agudizó

Aunque en la estructura judicial las Salas son superiores jerárquicamente a los juzgados de primera instancia y, por ello, las personas acuden ante ellas para que revisen el actuar de los jueces, en casos como el de Max esto puede significar el inicio de un enredo que parece no tener fin.

Y es que el 7 de noviembre de 2023 la magistrada Gloria Rosa Santos Mendoza dictó una sentencia en la que modificó el acuerdo del juez Bárcena y admitió a trámite la vía de apremio iniciada por Emmanuel Velasco, el papá de Max contra sus abuelos.

En el acuerdo modificado requirió a Carlos Vicente Rangel Ruíz y Rosa María López Vázquez para que entreguen a Max a su padre el 17 de noviembre de 2023 en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

“De no hacerlo así, el suscrito juzgador procederá a ordenar la búsqueda y localización del infante aquí vinculado para los fines antes citados, autorizándose el auxilio de la fuerza pública, la fractura de cerraduras así como el respectivo cateo”, señala la orden modificada por la magistrada y avalada por los integrantes de la Sala.

Lo anterior, pese a que los abuelos de Max nunca lo mantuvieron oculto y entregaron al juzgado Primero Familiar todas las constancias sobre la denuncia de violencia familiar contra el papá del niño.

El 15 de noviembre de 2023 Carlos Vicente y Rosa María tramitaron un juicio de amparo en el que la juez Décimo Cuarto de Distrito en materia Civil, Virginia Gutiérrez Cisneros les concedió una suspensión provisional.

Pese a ello, el 27 de noviembre de 2023, más de una decena de elementos de la Policía de Investigación acudieron al domicilio de los abuelos de Max a tratar de llevarlo de regreso con su papá, quien además solicitó activar alerta Amber y alerta amarilla de Interpol para evitar que saliera del país.

Ni Max ni sus abuelos se encontraban ahí debido al periodo vacacional decembrino, por lo que el niño no vio el operativo desplegado para obligarlo a regresar a vivir con su papá.

A inicios de 2024 Emmanuel Velasco solicitó la suspensión del régimen de visitas y convivencias de sus exsuegros con Max y requirió que la Policía Federal Ministerial nuevamente acuda al domicilio de ellos para recuperar a su hijo.

En ese incidente el juez Bárcena ordenó que se realicen estudios psicológicos tanto a los abuelos de Max, al niño y a su padre así como estudios socioeconómicos.

En tanto, el 30 de abril de 2024 la juez Décimo Cuarto de Distrito, Virginia Gutiérrez concedió el amparo a los abuelos de Max en el que revocó la sentencia de la Tercera Sala Familiar y le ordenó emitir otra en la que, una vez que analice diversas pruebas, establezca si el niño puede regresar inmediatamente o de manera paulatina con su papá.

Para Max, violencia institucional del Poder Judicial. Foto: Octavio Gómez

Al cumplir la sentencia de amparo, la magistrada Gloria Rosa Santos Mendoza ordenó al juez celebrar una audiencia en la que Max sería escuchado por primera vez desde que el conflicto entre sus abuelos y su papá tomó un nuevo rumbo, para resolver sobre con quién debía quedarse a vivir.

“En el juzgado de origen se deberán preparar y desahogar los medios probatorios consistentes en ello, de manera enunciativa e ilustrativa más no limitativa la celebración de una audiencia en la que se sostenga un diálogo con el menor involucrado, a fin de respetar su derecho a externar su opinión en términos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y conocer su disposición a reintegrarse con su padre”, señala el nuevo fallo de la magistrada dictado el 27 de mayo de 2024.

El juez Primero de lo Familiar, Fernando Bárcena, celebró la audiencia de plática con el menor el 8 de julio de ese mismo año en la que Max externó, por primera vez, que el conflicto le causa ansiedad.

“Refirió con seguridad no querer ver o saludar a su progenitor toda vez que expresó sentir miedo, esto por hechos acontecidos en el pasado. Asimismo es importante mencionar que su decisión deriva, en cierto modo, al temor a que su abuela pueda molestarse, la situación que le causa ansiedad y estrés”, señaló la psicóloga que auxilió al juez Bárcena durante la diligencia.

La profesional recomendó realizar las evaluaciones psicológicas que aún están pendientes y programadas para el próximo 8 de mayo, mientras tanto, Max debía seguir viviendo con sus abuelos.

Aunque parecía que la juez de amparo estableció una vía para resolver el asunto lo mejor posible, de manera sorpresiva en enero de este año la juez Virginia Gutiérrez urgió al juez Primero de lo Familiar, Fernando Bárcena, a resolver sobre el posible regreso de Max a la casa de su papá con las pruebas que tenga.

Es decir, sin esperar al resultado de los estudios psicológicos que están pendientes.

Considerando que el cumplimiento de las ejecutorias es una cuestión de orden público e interés social -dijo el juez- y que los derechos que se ventilan ante su órgano son los referentes a un infante y si bien ha estado informando las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento de las mismas, se aprecia que ha demorado si se considera que desde el 21 de mayo de 2024 se declaró ejecutoria la sentencia definitiva, postergando el determinar la reintegración inmediata o paulatina del menor con su progenitor.

“En razón de lo anterior, requiérase al juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de México para que, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS dé cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, prescindiendo de los estudios psicológicos al menor, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda sobre la reintegración”.

Para evitar una multa, el juez Bárcena analizó lo manifestado por la psicóloga que estuvo presente en la audiencia en la que hace casi un año Max fue escuchado y ordenó su reintegración paulatina al domicilio de su papá.

“Valorando además que cuando un menor es separado de su progenitor y pierde todo contacto con él, por un largo tiempo, es natural que presente más apego con aquellos con quienes convive, lo que puede traducirse como en caso concreto, en que el infante manifieste su negativa a ver a su progenitor”, indicó el juez.

“Esta autoridad determina que la reintegración paulatina del niño se realizará a través del fortalecimiento del vínculo paterno filial entre el niño y su padre”.

Por ello, ordenó que Max y su padre convivan los viernes, sábados y domingos de cada semana durante máximo tres meses y que tomen terapia psicológica para que, posteriormente, el niño pueda regresar a vivir con Emmanuel Velasco.

Sin embargo, esto no ha sido ejecutado porque los abuelos de Max impugnaron la decisión del juez y se espera que el próximo 8 de mayo un tribunal Colegiado resuelva si confirma o no el acuerdo del juzgador.

El 27 de marzo último la Fiscalía capitalina judicializó la carpeta de investigación por violencia familiar contra Emmanuel Velasco y está pendiente la fecha de la audiencia ante un juez de control.

Actualmente Max continúa viviendo con sus abuelos y, a su corta edad, acude a terapia psicológica para ayudarlo a superar el dolor de vivir en medio de sus abuelos, único vínculo que tiene con su mamá, y con su papá.

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