MADRID (EUROPA PRESS).- Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reveló que no se realizaron disparos desde el vehículo con migrantes en el que murieron seis personas, una de ellas menor, por disparos de militares, al contrario de lo que sostenían los soldados.

Los migrantes fueron tiroteados por militares mexicanos en el estado mexicano de Chiapas, en el sur del país, cerca de la frontera con Guatemala el 1 de octubre de 2024.

La CNDH considera que el uso de la fuerza no fue gradual, proporcional ni adecuado y que las personas fallecidas fueron víctimas de un uso excesivo e innecesario de la fuerza en el que se utilizaron, de manera ilegítima, armas de fuego.

"Se acreditó la violación al derecho humano a la integridad personal, con motivo del uso excesivo de la fuerza a través del uso ilegítimo de las armas de fuego que derivó en diversas lesiones que se le ocasionaron, poniendo en riesgo su vida, atribuibles a servidores públicos de la Defensa", según el informe de la CNDH.

La CNDH indicó que no se ha demostrado ningún positivo por restos de plomo o bario entre los ocupantes de la camioneta, por lo que desmonta la versión inicial de los militares, que aseguraron que abrieron fuego tras escuchar detonaciones.

Reprocha asimismo que los militares no intentaran acciones menos letales contra quienes viajaban en el vehículo que perseguían.

"Si bien es cierto que no se pudo determinar que existió intencionalidad directa por parte de los elementos castrenses para ocasionar los daños referidos -como causar la muerte de seis personas- sí se generaron indicios que convierten a dos de ellos en directamente responsables frente a la obligación máxima que tenían, como servidores públicos, de proteger la vida y la integridad de las personas", planteó.

Recomendación a la Defensa

Ante la gravedad de los hechos, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para reparar integralmente el daño causado a las personas víctimas directas e indirectas con las que la CNDH ha podido tener contacto, que incluya la medida de compensación o compensación complementaria que corresponda, además de gestionar atención médica y psicológica en su favor.

Igualmente, mantener colaboración en el trámite de las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control sobre la responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas, así como en el seguimiento de la investigación y la causa penal iniciadas por este caso.

También deberá presentar un Protocolo de Atención al Migrante, así como la realización de cursos especializados en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, con énfasis en el uso legítimo de las armas de fuego y Derechos Humanos de los Migrantes y otras Personas en el Contexto de la Movilidad Humana, entre otros.

Cuatro migrantes fallecieron en el acto y doce resultaron heridos en el tiroteo, ocurrido el 1 de octubre. Los militares proporcionaron primeros auxilios trasladaron a los heridos al Hospital General de Huixtla, si bien dos más murieron en el trayecto. Los que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.