CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante los riesgos que representa la reforma judicial es necesario que los juzgadores que resulten electos por voto popular sean los más preparados, afirmó Ingrid Tapia, constitucionalista, experta en derecho electoral y civil, y activista por los derechos de la mujer y los menores de edad.

En entrevista para Proceso, la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó que, pese a considerar la reforma judicial de Morena como “demencial”, decidió participar porque la elección de juzgadores por voto popular implica, por sí mismo, un peligro para la función judicial ante la posibilidad de una cooptación del crimen organizado o de intereses alejados de la justicia.

“Justo porque está mal la reforma, es imperioso que todas las personas que tengan alguna habilidad desarrollada en el área técnico-jurídica y una vida correcta, razonablemente correcta, participen en la elección de jueces, magistrados y ministros, porque de no hacerlo, los puestos serán designados a personas que habrán de decidir sobre tu vida, sobre tu libertad, que no sólo no entienden nada del derecho, sino que además tienen una conducta ética abiertamente reprochable”, dijo.

Para la abogada especialista en derecho constitucional, electoral y civil la reforma judicial no va a modificar las condiciones en las que se imparte la justicia en México, porque para que eso ocurra el país debe tener buenas leyes, lo que depende del Poder Legislativo; un buen sistema de investigación, que depende del Poder Ejecutivo, y de que tenga buenos jueces.

“Incluso aunque todos los que se hubieran inscrito fueran buenos y sabios, claramente seguimos teniendo los graves problemas de violencia sistémica, la peor crisis forense de la historia y claramente tenemos leyes que están muy mal”, refirió.

Para Tapia el argumento de que la elección judicial está arreglada y que los cargos ya fueron asignados por quienes detentan el poder es la principal razón para que la gente lo revierta a través del voto.

“Lo contrario a la democracia es no participar. Entonces, estos comentarios que hacen los princesos del derecho constitucional de que esta elección ya está arreglada y que por eso no hay que ir a participar son insensatos, porque es una forma de convalidar el fiasco de esta reforma maltrecha. Yo me aparto porque lo que yo aprendí es exactamente lo contrario.

“Si la elección está arreglada, con mayor razón debes salir a votar, debes salir a participar, debes salir a impugnar, debes salir a vigilarlas, porque no te puedes quedar picándote los ojos, como dicen en el pueblo, porque el 81% de mexicanos tarde o temprano vamos a llegar a un juzgado y yo quiero ese día encontrar una mujer o un hombre de bien, estudioso, serio, que de forma muy racional diga cuál de las dos hipótesis en disputa dentro del proceso causa mayor probabilidad. Eso es lo que yo aspiro como ser humano”, explicó.

Tapia recordó que hay muchísimas razones por las que, incluso a nivel internacional, se ha afirmado que la elección popular de jueces no es una buena opción y que no existe ninguna autoridad jurídica o académica que la recomiende.

Para ella, las dos razones más relevantes son que en un sistema jurídico los jueces no deberían pensar como el pueblo, sino tener una perspectiva especializada y fuera de ese pensamiento.

“Los sistemas jurídicos progresan a partir de que ciertos operadores jurídicos son capaces de pensar fuera del contexto del status quo. Porque si se espera que el juez piense como el pueblo, las mujeres seguiríamos sin tener derecho a ir a la escuela y sin tener derecho a votar, porque hay pueblos que por siglos han pensado que las mujeres son seres inferiores”, ejemplificó.

“La progresión de los derechos se da por personas que están apartadas del pensamiento popular general. De eso depende la progresividad de los derechos dentro de cualquier sistema jurídico (...). Los jueces no son servidores que estén por el pueblo, ni del pueblo, son para el pueblo, que es una concepción enteramente distinta, y justo como se les requiere de una cierta superioridad educacional y formativa, sobre todo moral y ética a los juzgadores. A diferencia de cualquier otro representante popular, se les da un tratamiento de excelencia, similar al que se da a representantes de las naciones o a las autoridades religiosas”.

Miles de candidatos

El otro problema que Tapia observa sobre la reforma judicial es que el próximo 1 de junio, en las urnas los ciudadanos van a tener que elegir entre una lista de más de 3 mil candidatos a los nuevos magistrados, jueces y ministros de la Corte sin tener realmente una idea de quiénes son.

Esto, debido a que la reforma no estableció un mecanismo de investigación rigurosa de los aspirantes que se inscriban para identificar no sólo temas como antecedentes penales sino irregularidades patrimoniales, contexto social, familiar o educativo que pueden delinear el sesgo ideológico que podría tener la persona que aspira a ser juzgadora.

“Ésa es la principal violación de esta reforma, porque a diferencia de otros representantes populares o de los representantes populares ordinarios, en el caso del juzgador, las condiciones de su vida privada sí son relevantes y absolutamente determinantes, porque vaya a ser necesario explicar que es francamente improbable que un juez le brinde protección a un menor abusado sexualmente si el propio juez sostiene relaciones sexuales con niños”, comentó.

La investigación de los jueces en cualquier país demócrata pasa entre la nominación y la ratificación por un proceso muy severo de investigación. A mí nadie me ha pedido mis estados de cuenta, nadie ha entrevistado a mis maestros y compañeros de la escuela para conocer su opinión sobre mi honorabilidad académica, nadie me ha pedido en este proceso que transparente mi situación patrimonial y el origen de los bienes de mi propiedad, nadie ha investigado mi comportamiento sexual.

Todo esto, tomando en consideración que esos juzgadores no van a resolver sobre temas generales sino casos individuales que impactarán las vidas de quienes acuden a un juicio, independientemente de la materia de la que se trate.

Pese a haber crecido en un ambiente privilegiado por tener acceso a bienes, servicios, una familia de académicos y, por tanto, a una educación de primera, nada de esto impidió que su exesposo la violentara de todas las formas posibles.

Dicha violencia, afirma, hoy en día continúa siendo perpetrada por el Poder Judicial tanto de la Ciudad de México como el federal, lo que la llevó a convertirse en activista por los derechos de las mujeres y de los niños víctimas de violencia familiar.

Por ello, el pasado 11 de febrero acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vestida de novia y acompañada por un grupo de mujeres integrantes del colectivo “Caso 992” para pedir que los ministros atraigan su expediente con el fin de modificar cinco criterios jurisprudenciales y que las autoridades se vean obligadas a proteger a las víctimas de violencia familiar.

Seguridad a madres de familia

Ahora como candidata a ministra espera que, de ganar la elección, tenga la oportunidad de modificar esos y otros criterios jurisprudenciales establecidos por la saliente SCJN para agilizar el acceso a la justicia y, sobre todo, para garantizar la seguridad de las madres de familia y de los niños.

“La actuación de la décima época de la Corte fue catastróficamente lesiva para los intereses de las mujeres en condición de madres de familia y de los niños. El saldo que dejaron las jurisprudencias de esa Corte equivale a 88 mil niños muertos en manos de sus padres y de sus padrastros”, precisó.

Otro aspecto que busca erradicar, sobre todo en materia de juicio de amparo, es la práctica de reenviar los expedientes al juzgado de origen para que se repongan los procedimientos en lugar de que los jueces federales, teniendo esos expedientes en sus manos, analicen el fondo de las controversias y las resuelvan sin obligar a las personas a reiniciar el camino.

Urge que se abandonen esos criterios, porque no le puedes decir al justiciable que tiene que volver a empezar, porque la verdad es que las carencias en términos de justicia no aguantan semejante dilación. El 74% de los procesos en México se abandonan antes de llegar a etapa de ejecución porque el justiciable no ve remedio a su situación.

“Si se aplica esa estadística con perspectiva de género, entonces estamos en graves problemas, porque tan sólo más del 50% de los juicios que se tramitan en los tribunales del país son controversias del orden familiar y el 97% son iniciados por mujeres madres de familia”, refirió.

“Cuando tú a estas personas les aplicas la dilación de un juicio de al menos siete años se tiende un círculo vicioso de pobreza generacional de mujeres a mujeres que no se puede romper si tú no brindas a todas las mujeres en condición de madres el acceso a un recurso efectivo.

“Sólo hay una condición peor que la de las madres solas y ésa es la de las madres buscadoras. Fuera de ello, lo peor que te puede pasar en México es ser mujer, madre de familia, porque la justicia está diseñada normativa y estructuralmente para negarles el acceso a un recurso efectivo”.

Públicamente Tapia se identifica como una abogada provida, por lo que espera que entre los cambios que pueda realizar en los criterios de la Corte logre hacer una reflexión más profunda sobre aquellos que apuntan a legalizar el aborto en México.

Ello, con una visión meramente política y completamente alejada del fanatismo religioso o de la moral.

“Me niego categóricamente a aceptar que cualquier autoridad religiosa, civil o militar, tenga derecho de vida y muerte sobre los ciudadanos, porque me parece que es como el efecto Frankenstein en el que yo, siendo el doctor Frankenstein, luego viene la criatura malformada y tonta a matarme”, detalló.

“A mí me parece que es muy peligroso, muy indebido, muy incorrecto darle a alguna autoridad la posibilidad de decidir sobre la vida humana, la que sea. Me parece muy, muy cuestionable que el Estado me venda como progresión en mis derechos la oportunidad de matar a mi propio hijo”.

Para Ingrid Tapia la política de despenalización del aborto que lleva aplicándose durante los últimos 17 años no ha dado resultados óptimos. Asegura que no ha logrado disminuir la mortalidad materna ni eliminar la deserción escolar de las niñas por embarazos tempranos, como originalmente se concibió.