CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció el abandono del gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador a los familiares de 54 víctimas de desaparición forzada adjudicadas a miembros de la Marina en 2018, ocurridas en la ciudad fronteriza. 

De los 54 casos de desaparición forzada registrados por el CDHNL, 52 son atribuidas a personal adscritos a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), a cargo del entonces almirante, Marco Antonio Ortega Siu, quienes realizaran diversos operativos realizados entre enero y mayo de 2018, en los que resultaron múltiples detenciones y 54 personas fueron desaparecidas de manera forzada.  

Dos casos más, ocurrieron en diciembre de 2018, identificándose como perpetradores a miembros de la Semar.  

“En el gobierno de López Obrador se nos prometió que se castigaría a los responsables de las desapariciones forzadas de nuestros familiares sin importar que pertenecieran a una institución de las fuerzas armadas, y eso no sucedió,, se acabó el sexenio y seguimos sin encontrarlos”, denunció  Ericka Arredondo Flores, madre de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido el 18 de febrero de 2018.  

El presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, reprochó que “no existe ninguna sentencia condenatoria en firme en contra de los responsables”, a pesar de que las desapariciones forzadas fueron reconocidas en un acto de disculpa pública, derivado de la Recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH). 

Ramos Vázquez apuntó que hasta ahora “ninguna institución del Estado mexicano mantiene un interés real por ayudar a localizar a las víctimas”, mientras que a sus familiares dependencias como la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), CNDH y la Fiscalía General de la República, les han negado reuniones de seguimiento del caso.  

En un comunicado, Ramos Vázquez explicó que los titulares de las dependencias “tiene conocimiento del caso Tamaulipas, pero ninguna quiere ayudar; la presidenta de la CNDH dejó fuera de la recomendación a más de 20 personas para no exhibir el operativo de Estado, la FGR no ha podido demostrar la responsabilidad directa de 24 marinos en cuatro carpetas procesales y tuvieron que ser liberados por un juez federal, mientras que la CEAV no ha realizado ninguna sola reparación integral a cinco años de emitida la recomendación”.  

Ante ese escenario, Ramos Vázquez consideró que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra “debe renunciar al cargo por ineficiente, por no darle importancia y seguimiento a la recomendación, mientras que la Secretaría de Gobernación le pedimos responder a una solicitud de audiencia que le hicimos este año”.  

El CDHNL trasmitió el respaldo de los familiares de las víctimas al Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED), órgano que en 2018 documentó las desapariciones forzadas ocurridas de enero a mayo de 2018, enviando diversas Acciones Urgentes al gobierno de México. 

Ramos Vázquez calificó como “una burla para las 54 víctimas de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo por parte de la Secretaría de la Marina”, las declaraciones de la CNDH, de la ex secretaria de Gobernación y actual líder de Morena, Luisa María Alcalde,  y del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quienes han rechazado la existencia de desapariciones forzadas en México y denostado al CED por decidir instrumentar un mecanismo para revisar la situación de desapariciones  forzadas en México con posibilidades de ponerla a consideración de la Asamblea General de la ONU. 

 El comunicado del CDHNL detalló que de las 54 víctimas de desaparición forzada, 19 fueron localizadas por sus familiares sin vida, de los cuales tres eran menor de edad y dos eran mujeres.  

A la fecha, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), no ha logrado localizar a 32 víctimas, entre ellas tes mujeres y dos menores de edad.