CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  Un juez vinculó a proceso a Benito Neme Sastre, quien fuera miembro del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar en contra de su exesposa e hijos. 

El juez de control de la Ciudad de México autorizó que pudiera llevar el proceso en libertad, concediendo un plazo de dos meses para que la Fiscalía General de Justicia incorpore nuevos elementos; sin embargo, por la afectación física y psicológica determinó como medida cautelar que no se acerque a la familia. 

De acuerdo con la información disponible, la denuncia contra el exdirector general de Caminos y Puentes Federales (Capufe), fue presentada en 2022 por su exesposa, Martha Alejandra Giordano Acuña, quien tuvo que esperar tres años para que finalmente Neme Sastre fuera vinculado a proceso por las agresiones que, según su testimonio y las pruebas presentadas, sufrió junto con sus hijos.

Martha Giordano señaló que la mayor demora en el proceso se debió a los reiterados aplazamientos de las audiencias por parte del titular del Juzgado en Materia Familiar, lo que la afectó directamente, ya que en esas audiencias, se discutía la custodia de sus hijos.

Por este motivo, explicó que presentó un recurso ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, detllando que la resolución de la Cuarta Sala en Materia Familiar fue favorable para ella, otorgándole además la custodia de sus descendientes. 

Hijo del exgobernador de Tabasco, Salvador Neme Castillo, Benito Neme se vinculó estrechamente con el expresidente Enrique Peña Nieto desde 2008, con quien incluso tendría una relación de compadrazgo, siendo su asesor jurídico durante la campaña presidencial de este.

En el periodo en que Neme Sastré estuvo al frente de Capufe, entre 2013 y 2018, se vio involucrado en diversos escándalos de corrupción. En 2017, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló un esquema de tráfico de información dentro de Capufe, donde empleados filtraban detalles de licitaciones a empresas constructoras, lo que les permitió obtener contratos por un valor superior a los 770 millones de pesos.

Además, en 2018 se descubrió un contrato de outsourcing (un acuerdo entre una empresa y una externa para que esta última se encargue de ciertos servicios o tareas, siendo el objetivo que la empresa pueda ahorrar costos y especializarse en sus actividades principales) por más de 2 mil 170 millones de pesos con la firma Servicios Integrales Trujillo Romano, que operaba desde un domicilio fiscal falso y contrataba personal innecesario, lo que causó un perjuicio de 38.5 millones de pesos al erario.

Estas irregularidades provocaron que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciaran investigaciones sobre Neme Sastré y varios de sus colaboradores por su posible responsabilidad en la adjudicación de contratos fraudulentos y movimientos financieros inconsistentes. 

A pesar de las acusaciones, Neme Sastré ha mantenido un perfil bajo y las investigaciones siguen su curso.