CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La familia del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, demandó a los narcotraficantes  Rafael Caro Quirento, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo por terrorismo y homicidio.

El recurso fue interpuesto en una corte federal civil de California, Estados Unidos, con el objetivo de obtener una compensación económica millonaria por los daños y perjuicios derivados del secuestro, tortura y asesinato del entonces agente ocurrido en 1985. 

Además, se acusó a los implicados y a las organizaciones a las que pertenecían, como el Cártel de Sinaloa y al extinto Cártel de Guadalajara, por cometer actos de terrorismo internacional.

Cabe recordar que el Cártel de Sinaloa además de estar catalogada como una organización internacional dedicada al tráfico de drogas, con la reciente llegada a la presidencia de Donald Trump, también está designada como una organización terrorista.

Sumado a esto, la viuda del agente, Geneva Mika Camarena, sus hijos Enrique Jr., Daniel y Erik, además de algunos hermanos de “Kiki”, afirman haber experimentado graves daños psicológicos y emocionales a causa del delito y la falta de justicia que persistió en el caso durante todo este tiempo y buscan que que los acusados paguen completamente los costos legales y los honorarios del equipo de abogados que representa a la familia.

La acción civil se lleva a cabo simultáneamente con el juicio penal pero su objetivo principal es ofrecer una reparación integral por el daño sufrido por los familiares del agente de la DEA, quien fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y presuntamente torturado en la casa de Rafael Caro Quintero durante 30 horas, para que semanas después su cuerpo fuera encontrado en una zona rural de Michoacán.

Los familiares presentaron pruebas de lo anterior, y sus abogados señalaron que este no fue un hecho aislado, sino que sino una acción premeditada por el Cártel de Guadalajara con el objetivo de amedrentar a las autoridades y población de Estados Unidos y México, para que pudieran seguir con sus actividades criminales con impunidad.

Por tal motivo, este caso fue considerado bajo la “Ley Antiterrorista de 1991” de Estados Unidos, la cual permite que las víctimas de estos ataques busquen compensación económica, incluso si el ataque ocurrió en otro país, siempre que los responsables sean grupos considerados terroristas por las autoridades estadounidenses,  cosa que ya es un hecho actualmente con algunos carteles mexicanos, como el de Sinaloa. 

Hoy en día, Caro Quintero se encuentra deliberando su proceso en la Corte del Distrito Este de Nueva York, por varios cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración para cometer homicidios, esto después de que fuera extraditado el pasado 28 de febrero.

Por su parte, “Don Neto”, como también se le conocía a Fonseca Carrillo, y el “Jefes de Jefes” Felix Gallarado, se encuentran todavía recluidos en México cumpliendo sus sentencias correspondientes. 

La acción civil emprendida por los familiares de Camarena no se limita únicamente a una reparación económica, sino que también quieren darle visibilidad a las víctimas del narcotráfico en ambos países, esto en un contexto en el que las autoridades mexicanas enfrentan una creciente presión para abordar la impunidad en casos de violencia vinculada al crimen organizado.