CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los cuestionamientos que colectivos de familiares de víctimas y de buscadores de personas desaparecidas han hecho al planteamiento de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender la problemática de las desapariciones, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó a comprender el escepticismo de los agraviados y recordar que son ellos, y no los gobiernos, las víctimas de esta crisis humanitaria. 

En su cuenta de X, la organización que acompaña desde hace más de 30 años a familiares de personas desaparecidas reconoció el pronunciamiento de Sheinbaum el lunes 17 y convocó a la presidenta a revisar el informe sobre México del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas y sus recomendaciones formuladas tras su visita en noviembre de 2021, mismas que no han sido atendidas.  

Ante observaciones de familiares y colectivos sobre el desconocimiento de la presidenta sobre el tema, el Centro Prodh consideró que “el escepticismo de las familias ante lo anunciado es compresible y legítimo”, de ahí que “descalificar su reclamo es un inmenso error y abona a la normalización de la violencia en el país”.  

Recordó que “en este dolor, las víctimas son los desaparecidos y sus familiares, no los gobiernos”.  

Del discurso presidencial, la organización consideró “relevante que la cabeza el Estado no minimice el tema ni lo reduzca a una discusión de cifras”, de ahí que reconoció la propuesta de llevar el tema ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin de “ayudar a que las entidades no eludan sus responsabilidades”.  

Tras coincidir con colectivos de familiares de personas desaparecidas de que algunas de las propuestas de Sheinbaum Pardo ya están plasmados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el Centro Prodh recordó que “si no han sido operativas no es por falta de marco legal, sino por las resistencias de las propias instituciones, falta de presupuesto e indolencia”. 

De manera particular, la organización se refirió a lo que la presidenta llamó Base Única de Información Forense, y que desde 2017 está contemplada en la Ley General como Banco Nacional de Datos Forenses, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), misma que “ha omitido su responsabilidad de operarlo”, tan es así, que familiares de víctimas como Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya, desaparecido en Guanajuato en 2017, hayan interpuesto un amparo contra esa omisión.  

La organización celebró que Sheinbaum retome la operación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), creado por una reforma legal en 2022 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que fuera operado por la CNB, “pero a partir de 2023 fue abandonado por los mismos que ahora deben reactivarlo”.  

En cuanto al anuncio de presentar informes periódicos sobre cifras de carpetas de investigación, la organización lo valoró como positivo, pero recordó que “en muchas regiones del país no hay condiciones para denunciar y los ministerios públicos no abren inmediatamente carpetas”.  

Tras considerar que “no es un avance” equiparar las desapariciones con el secuestro, el Centro Prodh recomendó que, para que haya un “cambio real, es fundamental que estas propuestas se retroalimenten en diálogo con actores internacionales como el CED, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el diálogo con los propios colectivos y el diálogo con los propios colectivos” de familiares de desaparecidos. 

Recordando el hashtag de los colectivos desde hace varios años para exigir ser tomados en cuenta, #SinLasFamiliasNo, el Centro Prodh compartió una infografía con los diez principales hallazgos del CED durante su  visita, como la falta de coordinación entre autoridades dedicadas a la búsqueda y la investigación de las desapariciones; la continuidad y generalización de las  desapariciones; la crisis forense; la militarización de la seguridad pública; la preocupante “impunidad casi absoluta” en las investigaciones de desaparición”; la ausencia de “una verdadera Política  Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”; el abandono institucional en los casos de la llamada “guerra sucia”; el incremento de desapariciones de infancias y mujeres; los obstáculos para que las familias participen en la investigación y búsqueda de los desaparecidos; la falta de consolidación el Banco Forense, y el levantamiento del censo de personas desaparecidas por funcionarios de la Secretaría del Bienestar, durante la administración pasada.