CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), uno de los siete órganos autónomos extintos a principios de este sexenio, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su intervención para salvaguardar los derechos laborales de sus 535 trabajadores, así como el acervo de la producción pedagógica y de investigación que realizó durante cinco años. 

En un pronunciamiento que enviaron este miércoles a la mandataria, con copia al secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y a los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, los integrantes del organismo le plantearon tres asuntos clave: 

1.- Preservar y dejar en custodia de las autoridades educativas el acervo (altamente valorado por las y los docentes) con toda la producción pedagógica, investigaciones y materiales educativos; dejarlo abierto y a disposición de la sociedad en general y de la comunidad educativa en particular, y determinar un marco normativo que proteja y difunda estas contribuciones para la mejor comprensión e intervención en el Sistema Educativo Nacional (SEN). 

2.- Garantizar que la evaluación será siempre para mejorar el aprendizaje de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, así como para generar información diagnóstica que permita apoyar la formación de las y los maestros para la gestión y atención de las áreas de oportunidad de los centros educativos y para la mejora del SEN. 

3.- Considerando los principios del Humanismo Mexicano, respetar los derechos laborales de las y los 535 servidoras y servidores públicos adscritos a Mejoredu, “Le pedimos no se afecten los derechos de las más de 500 trabajadoras y trabajadores de este organismo, ni a sus familias. Conserven su trabajo y sean apoyados por el Estado y tratados con justicia”. 

El acervo educativo 

El pronunciamiento del Consejo Ciudadano del Mejoredu destaca el trabajo hecho por los integrantes de la Comisión durante más de cinco años, traducido en 447 publicaciones relacionadas con formación docente situada, evaluación para la mejora, indicadores y propuestas didácticas, entre otros, integrados en el fondo editorial del mismo. 

También recuerda que fue un organismo propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador “como parte de un compromiso con la comunidad educativa para la mejora continua de la educación que se imparte en las escuelas, así como para promover evaluaciones para las y los alumnos desde un enfoque diagnóstico, formativo e integral”. 

Y añade que el propósito del Consejo Ciudadano es “facilitar la participación, activa y armónica, de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado en esta materia, y su función es conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de los trabajos que realice la Comisión, así como a las acciones para su difusión”. 

El documento rememora que, según la convocatoria emitida por la Junta Directiva el 29 de noviembre de 2019, los integrantes del máximo órgano de gobierno de la Comisión “privilegiaron que la conformación del Consejo Ciudadano fuera plural, representativa y respetara el principio de paridad de género”. Y menciona que sus integrantes tienen, al menos, 10 años de actividad en el ámbito educativo. 

Está firmado por María Guadalupe Huerta Alva, Luz María Stella Moreno Medrano, Fernando García Campos, Edgar Adrián Rivera Dena, José Luis Anzures García, Ramón Rodrigo López Zavala, Felipe José Hevia de la Jara, Juan Antonio Rodríguez Estrada, Bertha Salinas Amescua, José Santos Ruiz Enríquez, Concepción Guadalupe Fernández Azcorra, Erika Saraí Vázquez Gómez, Rosa Oralia Bonilla Pedroza, Filiberto Francisco Mateo Martínez, Silvia Beatriz Ortega Salazar. 

El pronunciamiento se da el mismo día en que decenas de trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), otro de los siete organismos extintos por iniciativa de López Obrador, bloquean la avenida Insurgentes Sur, frente a la sede del organismo, para realizar una clausura simbólica con el reclamo de que se les respeten sus derechos laborales, entre ellos, una liquidación justa.