CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche de este miércoles terminó la huelga minera más longeva de la historia del país: iniciada formalmente el 30 de julio de 2007, cuando todavía se celebraba el centenario del movimiento obrero nacido allí mismo y que fue precedente de la revolución mexicana, llegó a su fin 6 mil 715 días después tras acuerdos del Sindicato Nacional Minero (SNM) con los gobiernos federal y estatal.

“Hoy se concluye nuestro movimiento que inició el 30 de julio de 2007” declaró desde Sonora Heriberto Verdugo, delegado del SNM, en medio de celebraciones debido a que se logró “una bolsa de 483 millones de pesos”.

“Ya conocemos la manera en la que se nos robó el contrato en 2009”, añadió, pues el monto en cuestión será destinado para resarcir los derechos laborales, como salarios caídos, aguinaldos y demás, a una base de más de 600 trabajadores que permanecieron en el movimiento obrero hasta el día de hoy. “Hay que agradecer abiertamente a la presidenta de la república por este gran esfuerzo que hizo”, dijo el líder sindical.

Napoleón Gómez Urrutia, polémico líder sindical que inició con la huelga en 2007 tras asumir el cargo que dejó su padre al morir, resumió la situación como una dura y cruel batalla que termina.

“Sin duda, este acuerdo termina con una dura y cruel batalla, pero nos recuerda que debemos seguir dialogando y exigiendo la resolución de las huelgas en Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas, las cuales siguen resistiendo para garantizar la dignidad, los derechos y la justicia de cada trabajador”, dijo el actual diputado federal y exsenador de Morena.

Lo polémico de Gómez Urrutia se resume en que cuando asumió el cargo al frente del sindicato provenía de escenarios lejanos al trabajo minero, tal como su cargo al frente de la Casa de la Moneda de 1979 a 1992, por lo que fue cuestionado. Más tarde, los cuestionamientos iniciales se fortalecieron cuando trascendió un presunto desvío de recursos de 55 millones de dólares que todavía se encuentra sin resolver. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no obstante, arropó a Gómez Urrutia, quien se integró a la 4T como senador.

Contexto histórico a remediar

La huelga inició, de acuerdo con información girada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en febrero de 2010, “argumentando supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. No obstante lo vago e impreciso de las peticione del sindicato la suspensión de labores no se dio en el momento anunciado para ello y el Sindicato Minero no cumplió con sus propias estatuarias para estallar la huelga, la cual tuvo que ser declarada existente por un amparo otorgado por el Poder Judicial Federal”.

Pero fue en marzo de 2009 cuando la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía determinó que la mina no podía cumplir sus obligaciones como concesionaria por el “grado de destrucción, vandalismo, pillaje y deterioro ocasionado a las instalaciones durante el periodo de la huelga”. La situación escaló y la empresa, Mexicana de Cananea, acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

“Siguiendo el procedimiento especial que indica la LFT, la Junta Federal admitió a trámite la solicitud de la empresa y citó a las partes a la audiencia de ley, la cual se llevó a cabo el 14 de abril de 2009. En esta diligencia, el Sindicato Minero intentó, por todos los medios posibles, que la JFCA incumpliera con la obligación que impone la Ley de dictar la resolución procedente al concluir la propia audiencia; lo anterior, seguramente con el objeto de mantener su control sobre las instalaciones de la empresa, perpetuando una huelga que, desde su origen, aparentemente, obedeció a circunstancias personales del ex secretario general del gremio y no a las supuestas violaciones contractuales esgrimidas”, detalla el comunicado de 2010.

El monto de 483 millones de pesos que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo puso a disposición de los mineros de la sección 65 busca resarcir los efectos económicos que estas resoluciones tuvieron sobre las familias de los trabajadores, quienes tras la finalización del contrato colectivo de trabajo, situación que consideran un “robo”, convirtieron la huelga en un “movimiento”. Los recursos distribuidos a partir de este 18 de diciembre con base en las condiciones laborales preexistentes antes del 2009.

“Serán entregados por antigüedad laboral, por los años, por las prestaciones que teníamos contractuales en 6 rubros, como salarios caídos, bonos de asistencia, despensa, aguinaldos. La suma se la llevará cada trabajador como estaban (en la estructura contractual que disolvió la SCJN)”, detalló Heriberto Verdugo.

A dicho monto se suman los 59 millones de pesos que corresponden a la indemnización que determinó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hace poco más de 18 años.

El acuerdo se enmarca dentro de un Plan de Solución Integral elaborado con la participación del Sindicato Minero, la presidenta de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Trabajo y Previsión y Gobierno del Estado de Sonora, en el marco del plan de remediación para Cananea anunciado por el Gobierno Federal”, detalla el comunicado oficial girado este día por el sindicato minero.

Los puntos clave del acuerdo son “liquidación justa”, “cobertura de salud universal”, “acceso al sistema de pensiones”, “reconocimiento a las viudas” y “posibilidad de regreso al trabajo”.

Esto se traduce en que los fondos, junto a un fideicomiso anunciado por parte del gobierno del estado, se utilizarán no solo para liquidaciones y salarios caídos, sino para integrarlos al sistema de pensiones, lo que incluye a las viudas de 53 trabajadores que murieron sin ver el fin del conflicto. En los próximos días se establecerán mecanismos para la reintegración a la mina de los trabajadores en edad laboral.