GUANAJUATO, Gto. (Proceso).-  El Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos ha dado respuestas insuficientes y poco efectivas a las solicitudes de apoyo de mujeres periodistas y activistas que han buscado su resguardo al encontrarse en riesgo o por sufrir una agresión en el ejercicio de su labor, tal como asienta la ley en la que basa sus funciones.

A pesar de que algunas de estas mujeres han llegado a esta instancia en condiciones de riesgo extremo, muchas de ellas siendo madres, cuidadoras únicas o sostén de sus familias, el organismo opera sin perspectiva de género. No considera su doble o triple carga de trabajo y falla en ofrecer medidas que respondan a sus realidades, de acuerdo con experiencias documentadas en este reportaje.

El Consejo Estatal fue creado por decreto de ley en octubre de 2017, con la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato. Sin embargo, su primera sesión formal fue un año y medio después, en abril de 2019, hasta que se emitieron el reglamento y la convocatoria para la designación de consejeros.

La norma fue impulsada por el gremio periodístico y activistas luego del brutal ataque que sufrió la periodista Karla Silva, entonces reportera del periódico El Heraldo, en Silao, ordenado por el exalcalde Benjamín Solís Arzola en septiembre de 2014.

Aunque el discurso oficial de la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo ha sido de apoyo a colectivos de búsqueda y periodistas, con la incorporación de reformas legales y mecanismos de protección, la realidad contrasta. En 2022, como secretaria de Gobierno y presidenta del consejo, rechazó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) derivada del expediente 189/2022, por la queja de una buscadora que acusó descoordinación del Consejo Estatal y el Mecanismo Federal.

La CNDH determinó que tanto el Mecanismo Federal de Protección como el gobierno de Guanajuato violaron los derechos a la seguridad jurídica y legalidad de la víctima. Se les acusó de omisiones en el deber de cuidado y falta de debida diligencia para implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida e integridad.

Se señaló una mala integración del expediente y falta de coordinación para las reuniones de trabajo necesarias. Pero el gobierno estatal se rehusó a aceptar la recomendación y argumentó que sí le brindaban medidas de protección a la víctima.

Mientras tanto, las agresiones y las solicitantes de apoyo se han multiplicado. Defensoras y periodistas enfrentan amenazas, desplazamiento, censura, violencia sexual, asesinatos o desapariciones de familiares; sin embargo, el Consejo Estatal de Protección ejerce los fondos destinados a ayudas sociales de forma discrecional, hay opacidad en la operación institucional, carencia de personal especializado y atenciones mínimas o intermitentes.

En consecuencia, las mujeres dedicadas a estas tareas continúan expuestas, sin acompañamiento adecuado. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo del INEGI, en México las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario; 21.5 horas más que los hombres, quienes sólo invierten 18.2 horas semanales a estas labores. Adicionalmente, las mujeres invierten 5.3 horas más en cuidados a personas con alguna enfermedad o discapacidad.

Éste es el caso de María, quien desde hace 11 años es reportera de información policiaca mientras cuida de su sobrina y de su madre, quien padece cáncer. En 2020, debido a estos deberes, tuvo que contratar a un colaborador para que la apoyara con la cobertura noticiosa del medio San Miguel Noticias con Valor de San Miguel de Allende.

Pasadas algunas semanas, el hombre contratado le exigió quedarse con su espacio informativo o eliminarlo de las redes; ella no cedió. Poco después, recibió amenazas de un hombre armado en el negocio de su madre, en la misma ciudad.

Para detener el acoso y hostigamiento de su excolaborador, María tuvo que eliminar su página en redes sociales, donde acumulaba 180 mil seguidores, y solicitar apoyo al Consejo Estatal. Se ordenaron rondines en su domicilio que molestaron a sus vecinos; tuvo que pedir que le retiraran la medida, y le proporcionaron un número de la policía estatal “por si algo pasaba”.

La periodista lamentó que la instancia sea inconstante e intermitente en su atención y carezca de enfoque de género. Cinco años después, María volvió a ser violentada, esta vez por el alcalde del PRI, Mauricio Trejo Pureco, quien intentó invalidar su labor en una conferencia pública. Pero decidió ya no recurrir al Consejo porque perdió la confianza en él.

Poco presupuesto, mucha opacidad

De acuerdo con reportes de la ONU-Derechos Humanos y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, desde 2015 en Guanajuato han sido asesinadas 10 personas periodistas y defensoras de derechos humanos; tres de ellas eran mujeres buscadoras. Otras dos defensoras están desaparecidas. Datos del Consejo Estatal indican que, de 2019 a la fecha, 40 mujeres periodistas y 58 defensoras han solicitado medidas de protección debido a situaciones de riesgo.

Desde su creación, el Consejo ha operado con presupuestos limitados. Entre 2019 y 2024, el gobierno del estado asignó 12 millones 230 mil 734 pesos a su operación. En 2019 recibió su mayor presupuesto con 2.5 millones, pero a partir de entonces el gasto disminuyó.

Anualmente, la mayoría de los recursos se han destinado a la partida 4410 de Ayudas Sociales a Personas, que en los últimos seis años sumó 5 millones 927 mil 667 pesos, lo que representa el 48.6% del presupuesto total. En 2021 esta partida representó más del 75% del presupuesto de ese año.

Sin embargo, el Consejo ha registrado subejercicios considerables y nunca ha utilizado el recurso etiquetado para esta partida con el fin de apoyar directamente a las víctimas, pese a que fue diseñada para ese fin según la Ley de Contabilidad Gubernamental y los clasificadores de gasto, que definen estas ayudas como asignaciones para propósitos sociales y de auxilio.

El subejercicio ha sido sistemático a lo largo de los años. En 2020, el presupuesto disminuyó a 1 millón 982 mil pesos, pero únicamente se ejercieron 224 mil 099 pesos, dejando intacto el recurso para ayudas sociales. Una situación similar ocurrió en 2021.

Fue hasta 2022 cuando se ejerció una parte significativa, gastando 1.8 millones de los 1.9 millones aprobados, incluyendo 1.2 millones del rubro de ayudas sociales. Sin embargo, ese rubro no fue para las víctimas, sino que se utilizó en un diagnóstico y consultoría en materia de derechos humanos. Ese estudio había sido acordado desde la primera sesión del organismo en abril de 2019, pero se concretó hasta tres años después.

Consultorías costosas y diagnósticos obsoletos

El Consejo contrató en 2019 al consultor colombiano Juan Carlos Botero Ospina, quien cobró 455 mil 648 pesos por la elaboración de un atlas de riesgos, revisión de protocolos y guía de autoprotección. Estos documentos no fueron públicos ni socializados y quedaron como instrumentos obsoletos.

En 2025 se gastaron 788 mil 976 pesos solamente en servicios para la realización del informe anual del Consejo Estatal. Por primera vez se organizó un evento público con brindis y canapés.

En respuesta a una solicitud de transparencia donde se pedían los comprobantes de las ayudas sociales, la Secretaría Técnica entregó facturas de chalecos, cámaras de seguridad y mallas que correspondían a otras partidas presupuestales.

Se presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del estado (IACIP). El caso fue asignado al exconsejero Alejandro Rocha Pedraza, quien consideró que la entrega de esas facturas genéricas era suficiente.

Rocha dio por válida la respuesta oficial y nunca obligó a la autoridad a entregar los comprobantes que acreditaran el destino real de las ayudas sociales, validando la opacidad.

Protección insuficiente y falta de enfoque de género

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, advierte que los mecanismos de protección operan con presupuestos insuficientes y sin una perspectiva de género real, la cual, afirma, se tiene que traducir en medidas concretas.

Maldonado detalla que las medidas para mujeres deben incluir acciones en el ámbito digital, como protocolos contra el doxing (acto de investigar y publicar información privada y personal sobre un individuo en línea sin su consentimiento), hackeos y deep fakes sexualizados. En el territorio se requieren rutas de movilidad segura y acompañamientos por escoltas mujeres.

Además, critica el limbo jurídico que existe entre los consejos estatales y el mecanismo federal, señalando que las autoridades estatales no se sienten obligadas por ley, sino que parece que actúan como si hicieran un favor a las personas beneficiarias.

Buscadoras, blanco del crimen

El año 2020 marcó un antes y un después en la seguridad para activistas en Guanajuato, particularmente las buscadoras de personas desaparecidas. El 16 de octubre de ese año fue asesinada en León Rosario Zavala Aguilar mientras buscaba a su hijo Yatziri Misael. Ocho meses después, su otro hijo, Jorge Ulises Cardona Zavala, también fue asesinado, y ninguno conoció el paradero del menor.

La lista de agresiones letales creció rápidamente. Víctor Manuel Jiménez Campos, comunicador de Celaya, desapareció en noviembre de 2020 y sus restos fueron hallados en 2024 en un pozo de Villagrán. Ese mismo noviembre, en Salamanca, el periodista Israel Vázquez Rangel fue asesinado durante una cobertura.

La violencia continuó en 2021 con el asesinato de Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión de Búsqueda, asesinado en Salvatierra mientras buscaba a su hermana Guadalupe. Posteriormente, en noviembre de 2022, la buscadora María del Carmen Vázquez Ramírez fue acribillada afuera de su casa en Abasolo.

En mayo de 2023, Teresa Magueyal Ramírez fue asesinada en San Miguel Octopan, Celaya. La escalada de violencia alcanzó también a Lorenza Cano, quien fue privada de la libertad en enero de 2024 en Salamanca, tras el asesinato de su esposo e hijo.

En medio de este panorama, la historia de Norma Patricia Barrón Núñez refleja el abandono institucional. Busca a su hijo y esposo desde 2019, y tras recibir amenazas de muerte, su caso rebotó entre el Consejo Estatal y el Mecanismo Federal. La falta de coordinación la obligó, en agosto de 2021, a abandonar el país y refugiarse en Estados Unidos por más de dos semanas, costeando el traslado con sus propios recursos.

A la ineficacia se sumaron fallas operativas graves. El botón de asistencia que le dieron no tenía señal y no funcionó cuando lo activó en Cuerámaro en junio de 2021 durante una búsqueda independiente.

En junio de 2024, al quedarse sin acompañamiento de seguridad sin previo aviso, Patricia fue privada de la libertad en Irapuato y agredida sexualmente. Ella denunció posteriormente que ese día pudieron levantarla porque no había nadie y la dejaron sola.

Otro testimonio de desprotección es el de María Concepción Sierra Enríquez. Tras ser amenazada por hombres armados en 2022, fue desplazada a Oaxaca, lo que deterioró su salud mental.

Al regresar a Guanajuato, el mecanismo federal adecuó su casa con medidas de seguridad que elevaron su factura de luz a más de 2 mil pesos mensuales, una deuda que el Estado no cubre.

Blanca Patricia Torres Arredondo vive un terror similar. Tras la desaparición de su segundo hijo en 2024, fue amenazada por encapuchados que le advirtieron que si no paraba su desmadre los matarían a todos.

Según registros del Consejo, los municipios con más medidas de protección otorgadas son Celaya, León, Irapuato, Pénjamo, Guanajuato capital, San Luis de la Paz y Salamanca. La mayoría de las 373 medidas emitidas consisten en la entrega de teléfonos y rondines, mientras que la canalización formal a la Fiscalía o al Mecanismo Federal sólo ha ocurrido en 15 casos.

El 4 de agosto de 2024, el reportero Alejandro Martínez Noguez, conocido como "El Hijo del Llanero Solititito", fue asesinado en Celaya mientras viajaba en una patrulla municipal con escoltas. Ya estaba incorporado al Mecanismo de Protección desde 2022 tras un atentado previo.

Su viuda, la periodista María de la Paz Rodarte Ramírez, denuncia que permanece expuesta y sin resguardo integral. Afirma que se quedó a la deriva y que desde que mataron a Alejandro nadie acudió a decirle cómo protegerse.

Rodarte relata que las medidas preventivas fallaron. Aunque las cámaras estaban ahí, nadie las monitoreaba y ellos mismos tenían que revisarlas cada ocho días. Además, explica que la escolta armada estigmatizaba el trabajo de su esposo, provocando que la gente ya no quisiera hablar con él por miedo.

Sobre la respuesta de las autoridades tras el homicidio, fue tajante al señalar que el Estado se lavó las manos. Le dijeron únicamente que ya habían pasado su caso a la federación y nunca volvieron. Rodarte tuvo que pedir apoyo directamente al municipio para un resguardo temporal, pues las medidas oficiales no se activaron con oportunidad.

Personal escaso y mínima especialización

La Secretaría Técnica del Consejo Estatal enfrenta una realidad crítica con un equipo reducido de sólo cuatro personas y perfiles con escasa especialización en derechos humanos.

Por siete años, Adrián Nájera Ramírez dirigió la secretaría técnica con un perfil de administración pública y política interna, habiendo sido director de Desarrollo Político y colaborador en Seguridad Pública, pero sin una trayectoria sólida en derechos humanos.

Esta carencia se replica en el equipo operativo. José Luis Mosqueda Elizarrarás, Coordinador de Reacción, concentra su experiencia previa en funciones fiscales dentro de la Secretaría de Finanzas, donde fue actuario y encargado de ejecución.

Por su parte, Hiram Esaú Navarro Gutiérrez, analista que ingresó hace dos años y medio, proviene de áreas jurídicas universitarias y litigio privado. La única integrante con formación especializada es Martha Georgina Cuéllar Ramírez, quien cuenta con maestría en Derecho Constitucional y experiencia como analista de derechos humanos, pero fue incorporada apenas este año.

En una encuesta realizada a periodistas y defensoras, el 60% refirió sentirse en riesgo y el 65% calificó la atención del consejo como insuficiente. Además, el 40% desconoce qué tipo de medidas puede recibir.

Mientras la Secretaría de Gobierno asegura haber incorporado la perspectiva de género, las estadísticas muestran el desinterés de los altos mandos. Los titulares de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública acumulan años de inasistencias a las sesiones del Consejo.

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*Este reportaje forma parte del proyecto “Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia”, promovido por Comunicación e Información de la Mujer, A.C., el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C., y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C., financiado por la Unión Europea.

Ilustraciones: Jessica de la Cruz, Rodrigo Rojas y Ricardo Milantoni