LIMA, Perú (Proceso).- Enfundado en una chamarra guinda, Cromwell Castillo afronta el frío de la noche limeña y el rigor de un año más sin conocer el paradero de su hijo, Ernesto Castillo Páez, estudiante de 22 años desaparecido por agentes de la Policía Nacional peruana el 21 de octubre de 1990, pocos meses después de que Alberto Fujimori llegara al poder.

Este año el acto conmemorativo de Ernesto se celebra en un lugar diferente: la explanada situada frente al Palacio de Justicia de Lima. Y es que, en agosto, la entonces presidenta peruana, Dina Boluarte, promulgó una ley de amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos entre los años 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno. También aplica a quienes ya fueron condenados y tienen más de 70 años, e incluye a los integrantes de los Comités de Autodefensa, grupos de patrullaje civil surgidos en zonas con escasa presencia estatal durante el conflicto.

A las pocas semanas de la promulgación de la ley, familiares de víctimas de la violencia del Estado, colectivos artísticos y personas solidarias decidieron expresar su indignación por lo que consideran una nueva afrenta a su lucha por la verdad.

Desde entonces organizan una vigilia cada jueves frente al Palacio de Justicia. Cuando el tráfico nocturno empieza a engordar las arterias principales del centro histórico de Lima, los manifestantes colocan fotos, velas y ofrendas frutales para mantener viva la memoria en un país que parece empeñado en promover políticas de olvido.

“En ese mundo de desolación familiar y nacional se editan estas leyes, lo cual resulta para todos nosotros una total desesperanza”, observa Castillo. Una foto de su hijo reposa sobre su pecho: espeso cabello oscuro, mirada firme tras unos lentes estilo aviador. Fue en el distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima, que agentes policiales lo detuvieron y desaparecieron hace 35 años. Era domingo y el joven estaba realizando una encuesta sobre cómo el drástico ajuste económico implementado de forma inesperada por Fujimori —el llamado “fujishock”— estaba azotando a las barriadas más empobrecidas.

En 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado peruano como violador de los derechos de Ernesto. Sin embargo la sentencia del caso aún no se ha cumplido por completo. Aunque los responsables fueron condenados, nunca indicaron el paradero de sus restos.

Obstrucción de la justicia

De las más de 69 mil víctimas que, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú (CVR), dejó el conflicto armado interno, sólo una minoría ha tenido acceso a la justicia. Muchos de esos casos tardaron 20 o 30 años en resolverse, mientras que otros siguen abiertos hasta la fecha o ni siquiera han llegado a judicialización.

“En el Perú el Poder Judicial siempre está sometido a las influencias del Poder Ejecutivo”, indica Castillo. “Hasta ahora se ha afirmado la política del fujimorismo, del neoliberalismo y se han producido varios gobiernos que han mantenido esa política de obstrucción en la justicia”.

Además de la reacción de la sociedad civil organizada, la ley de amnistía —ley núm. 32419— ha suscitado también la consternación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien recordó que Perú está sujeto a normativas internacionales —el Estatuto de Roma, entre ellas— que prohíben “claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

No es la primera vez que el Estado peruano aprueba medidas que socavan el camino hacia la reconstrucción de los lazos sociales, de por sí algo bastante difícil en un país que sigue profundamente polarizado. En agosto de 2024, el Congreso promulgó la ley núm. 32107, que estableció que los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002 prescriben según las disposiciones de la legislación nacional peruana, y no conforme a la imprescriptibilidad del derecho internacional. En abril de 2025 una norma que modifica la ley sobre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) calificó el uso de fondos de la cooperación internacional para asistencia jurídica en casos contra el Estado peruano como una “infracción muy grave”. Organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que esta norma puede impulsar la impunidad ya que, al obstaculizar la asistencia legal a víctimas de violaciones del Estado, reduce la posibilidad de que estos casos sean investigados, y reparados.

A la fecha la ley de amnistía está formalmente vigente, pero su aplicación está suspendida por una resolución de la Corte IDH en los casos de Barrios Altos y La Cantuta contra Perú. Fujimori fue juzgado y condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato de esas masacres, ejecutadas por un grupo paramilitar del ejército peruano conocido como el Grupo Colina. La resolución de la Corte IDH, emitida a inicios de septiembre, también funciona como una garantía para que jueces y fiscales internos puedan apelar a su derecho a la independencia judicial.

De acuerdo con Gisela Ortiz, representante de los familiares del caso La Cantuta, ahora la única esperanza reside en la resistencia que están mostrando los tribunales y juzgados al decidir no aplicar las leyes de amnistía y prescripción.

“Y sin duda es un peligro para los propios jueces y fiscales, porque ahora hay varios proyectos de ley para reformular el sistema de justicia que obedecen a los intereses de los partidos políticos que están gobernando”, puntualiza Ortiz.

Desde la promulgación de esas normas, decenas de procesados presentaron recursos de apelación, pero sin éxito. En el caso más reciente, el Poder Judicial decidió a finales de noviembre mantener vigente la sentencia contra el exministro del Interior Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en el departamento andino de Ayacucho.

Ayacucho, epicentro de la lucha

Además de haber sido el epicentro de la violencia y una de las regiones más militarizadas del país durante el conflicto armado interno, Ayacucho es también reconocido como el corazón de la lucha por la justicia y la verdad a nivel nacional. Allí nacieron algunas de las organizaciones de familiares de víctimas más importantes, se impulsaron exhumaciones tempranas y se desarrollaron procesos claves para exigir responsabilidades estatales.

En la ciudad de Ayacucho, que lleva el mismo nombre del departamento, un grupo de mujeres quechuas fundó hace más de cuatro décadas la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), una de las organizaciones de derechos humanos más emblemáticas del país, que continúa impulsando iniciativas comunitarias para preservar la memoria colectiva y dignificar a las víctimas.

Su determinación desembocó en la construcción, hace 20 años, del primer museo del Perú dedicado a enseñar las causas y las secuelas del conflicto armado interno desde la mirada de las víctimas. Ubicado en una calle empinada de esta ciudad andina, el Museo de la Memoria “Para que no se repita” destaca por sus murales de fondo azulado que retratan sin rodeos los abusos ejercidos tanto por Sendero Luminoso como por las Fuerzas Armadas, basándose en los testimonios de las y los integrantes de ANFASEP.

“Esa ley fue un baldazo de agua. Tantos años de lucha y ahora vamos a retroceder otra vez”, comenta Adelina García Mendoza, expresidenta de ANFASEP. “¿Qué se puede esperar de estos congresistas que tenemos en este momento? Creo que para ellos no existimos nosotros”.

Tenía 19 años cuando los militares irrumpieron en su casa y se llevaron a su esposo, Zósimo Tenorio Prado, acusándolo arbitrariamente de terrorismo. El joven había decidido hace poco pausar sus estudios de agronomía, ya que no le gustaba el clima de inseguridad que atenazaba la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ésta se había convertido en un terreno de disputa entre los integrantes de Sendero Luminoso —Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista, era profesor allí— y los soldados y policías que acosaban a los estudiantes.

Desde aquel 1 de diciembre de 1983, García Mendoza no ha dejado de buscar a su marido ni de pedir justicia para su caso y los otros miles que siguen sin resolverse.

Como indica Ortiz, la vocera de los familiares de La Cantuta, a pesar del paso de los años las exigencias siguen siendo las mismas. Además de los casos sin sentencia, otras de las cuestiones más urgentes son el cumplimiento del pago de las reparaciones civiles y la búsqueda de los desaparecidos.

En los últimos tres meses las vigilias de los jueves no se han limitado a recordar el pasado. Memorias recientes han encontrado en este espacio escucha y solidaridad. Hubo flores y cantos para Inti Sotelo y Brian Pintado, asesinados durante la protesta contra el gobierno de Manuel Merino en 2020. También se recordó al joven rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sanz —conocido artísticamente como Trvko—, asesinado por un suboficial de policía durante la marcha nacional del 15 de octubre último, cuando miles salieron a manifestarse contra las extorsiones, la corrupción y la llegada al poder del presidente interino José Jerí, congresista investigado por violación y sucesor de Dina Boluarte, destituida debido a la presión social y la inestabilidad política.

Con el paso de las semanas, los aires que barren la explanada del Palacio de Justicia de Lima se han vuelto más helados. Varios participantes han enfermado y las vigilias ahora son menos concurridas. Además, con la Navidad y el Año Nuevo en puerta, es posible que se suspendan en más de una ocasión. Pero Ortiz es optimista y espera que las protestas continúen, sobre todo de cara a las elecciones generales de abril de 2026.

“La ley de amnistía, la ley APCI, la ley de prescripción son temas que deberían estar en la agenda pública y política para que los candidatos se pronuncien, nos den respuestas y se arranquen compromisos”, dice. La apuesta de futuro, señala, no sólo consiste en lograr que se garanticen los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, “sino de cualquiera de las víctimas que no encuentran justicia en este país”.