CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vivó una de las semanas más convulsas de los últimos años: desalojos preventivos en preparatorias, amenazas de bomba que circularon por redes y mensajes anónimos que sembraron miedo entre alumnos y trabajadores. En el epicentro del temblor está, según autoridades de las fiscalías local y federal, una operación de grupos de choque ligados a grupos políticos que, a decir de un análisis realizado a partir de las amenazas de bombas, buscan desestabilizar la institución y aprovechar la crisis para forzar cambios en la rectoría.

Una red “enjambre” que opera desde varios puntos de la ciudad con teléfonos celulares y tarjetas SIM desechables, forman parte de un complejo “complot” que se organizó para buscar desestabilizar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el objetivo, según las primeras líneas de investigación y el análisis que han hecho especialistas de la Fiscalía capitalina, es “tumbar” al actual rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, a quien los grupos políticos y de poder al interior de la máxima casa de estudios “no respetan” ni “reconocen”, según en análisis que se ha realizado.

Parte de esa estrategia que busca desestabilizar fueron las amenazas de bomba, ataques armados o broncas entre grupos porriles que han provocado el cierre de facultades en Ciudad Universitaria (CU) y otras sedes, así como las preparatorias del mismo sistema educativo, las cuales hasta el momento han resultado falsas.

La proyección que han hecho las autoridades de investigación en torno a esta problemática es que las amenazas irán escalando, pues una vez que lograron cerrar los planteles educativos, ahora buscan organizar marchas y protestas con la consigna de reforzar la “seguridad” en todas las facultades y preparatorias de la UNAM. En esas protestas ya se identificaron a integrantes del llamado Bloque Negro, que “reventarán” las protestas. El análisis detalla que ésa será la “chispa” para luego también, con cierres y protestas, exigir la renuncia del rector, quien según los estatutos, estará al frente de la universidad hasta 2027.

Si bien algunos de los organizadores y participantes en activo de este movimiento ya fueron identificados por las autoridades como los mismos que venden drogas en CU y que se manifiestan de manera violenta en las protestas en la Ciudad de México, no han podido, o no han querido, señalar en el análisis a qué grupo político pertenecen o quién los financia.

El detonante y la oleada

El 22 de septiembre un homicidio dentro del CCH Sur detonó una crisis de seguridad que rápidamente se extendió por buena parte de la UNAM: protestas, bloqueos, cierres de planteles y una cascada de mensajes amenazantes.

Según el análisis de las autoridades, que contó con participación de la propia UNAM, que proporcionaron inteligencia e información, la estrategia combinó: 1) difusión de mensajes intimidatorios y amenazas de bomba a planteles de nivel medio superior; 2) pintas y llamadas a movilizaciones sociales; y 3) acciones de choque —presencia de encapuchados y actos vandálicos en marchas— que alimentaron la percepción de desorden. Las amenazas electrónicas y anónimas obligaron a desalojos preventivos en al menos varias preparatorias y una facultad, y motivaron denuncias ante la Fiscalía.

En ese marco apareció la etiqueta de “grupos de choque”, la descripción del análisis destaca que “se los describe como grupos que reaparecen cíclicamente y a los que se atribuye, históricamente, la tarea de agentes de desestabilización dentro y fuera del campus”. La rectoría y representantes universitarios han advertido sobre la actuación de “actores externos” que se infiltran en protestas legítimas para generar pánico y manipular el ánimo colectivo; a la vez, estudiantes y colectivos exigen medidas concretas para erradicar a estos grupos. En algunos casos recientes la UNAM ha identificado a al menos dos presuntos responsables de difundir amenazas, y se anuncian investigaciones y sanciones universitarias y penales.

Por su parte, la rectoría ha pedido colaborar con las autoridades y llama a distinguir entre demandas legítimas y actos de provocación. Colectivos estudiantiles y profesores exigen medidas como mayor control de acceso en planteles, protocolos de seguridad revisados, investigación transparente de cualquier injerencia y sanciones firmes cuando se detecte culpabilidad.

Mientras tanto, familias y alumnos exigen certezas: que la universidad garantice su seguridad sin criminalizar la protesta legítima.